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| Mauro Urribarri, ministro de Gobierno y Justicia de Entre Ríos (no es abogado, sólo tiene estudios secundarios). |
PARANÁ. Un fiscal federal reveló que funcionarios públicos, agentes estatales, integrantes de fuerzas policiales y de seguridad, narcotraficantes y empresarios eran parte de la organización que tenía como cabeza visible al publicista Gustavo Alfonzo, detenido por trata con fines de explotación sexual, publicó este martes 12/07, la web Página Judicial.
En una agenda del detenido aparece el nombre del actual ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia, Mauro Urribarri, hijo del ex gobernador K, Sergio Urribarri.
Según la publicación existe en la causa un paper donde el titular de la Protex, Marcelo Colombo, sugirió que se profundice la investigación. La trata de personas es considerada como una actividad criminal organizada. Sin embargo, las estructuras que se han detectado en la provincia son más bien precarias -generalmente con una integración familiar-, sin alcance territorial y con escaso nivel de profesionalización.
Pero hay una que rompe ese molde: la red que tenía como cabeza visible al productor publicitario, auto-postulado “periodista” y locutor Gustavo Darío Alfonzo. Y la investigación es motivo de desvelo para el poder político.
El fiscal federal Marcelo Colombo, sugirió que se debería ampliar la investigación hacia otras personas en la causa que tiene a Alfonzo como procesado por trata de una menor de edad con fines de explotación sexual y por el hecho de promover y facilitar la prostitución abusando de su situación de vulnerabilidad.
La causa, como se recordará, tomó repercusión nacional a partir la difusión que le dio la monja Martha Pelloni. Colombo, pidió copia del expediente y advirtió que Alfonzo reclutaba mujeres para explotarlas sexualmente en forma abierta y que para ello contaba con la protección de varias personas: funcionarios públicos con distintos niveles de responsabilidad, agentes estatales, integrantes de fuerzas policiales y de seguridad, narcotraficantes y empresarios.
En un escrito que le presentó en noviembre del año pasado a la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Milagros Squivo, que lleva adelante la causa, Colombo señaló que el rescate de la joven de 16 años expuso el funcionamiento de una organización sostenida en el tiempo en la que Alfonzo se dedicaba a “conseguir, captar o reclutar chicas jóvenes, bajo la fachada de ‘promotoras’ o ‘modelos’ para luego ofrecerlas y entregarlas a sus contactos masculinos dispuestos a pagar por encuentros sexuales” que el mismo Alfonzo organizaba, “pactando el lugar, los montos, cantidad de chicas, traslados, cobros y demás particularidades logísticas”.
Hace unos días, en una visita fugaz por Paraná, Colombo explicó que hay tres elementos a partir de los cuales se puede identificar a una organización del crimen organizado: la capacidad económica; la complicidad de funcionarios públicos, “porque eso significa que se trata de una organización que ha logrado generarse impunidad y cierta connivencia para permanecer en el tiempo”, dice; y si hay obstrucción de justicia, “es decir, si las víctimas o testigos recibieron amenazas para evitar que el proceso siga adelante”.
Eso ocurrió en esta causa y por eso le planteó a la fiscal Squivo que amplíe el marco de la investigación más allá del publicista y avance sobre una “estructura de personas y funciones que le habrían servido de apoyo para la captación y posterior explotación sexual” de mujeres jóvenes, algunas menores de edad.
Las mujeres están mencionadas en el expediente como “el grupo de las diez”, así las presentó la propia víctima en su declaración, y de acuerdo a las escuchas telefónicas y mensajes de texto recolectados, Alfonzo las ofrecía regularmente para encuentros sexuales y “les suministraba estupefacientes”.
Según Colombo, en el expediente también hay elementos para inferir que Alfonzo conseguía las drogas “por intermedio de funcionarios públicos pertenecientes a fuerzas de seguridad o a través de dueños de boliches” a los cuales “concurrían con frecuencia y con irrestricto acceso a sus lugares reservados o denominados VIP”, tanto el productor como las chicas. De la historia se conocen solo algunos retazos.
El complejo entramado de complicidades apenas si pudo reconstruirse a partir de las declaraciones públicas realizadas por la monja Martha Pelloni. Se sabe que el 30 de octubre de 2014, una mujer se presentó ante la Subdelegación Concordia de la Policía Federal para denunciar que su hija de 16 años se encontraba desde hacía varios días en un dúplex en calle Monseñor Rösch 3523, departamento “B”, retenida contra su voluntad por Alfonzo, aunque en ese momento lo identificó por su apodo de Pelado.
La mujer dijo que su hija estaba bajo los efectos de estupefacientes que esa misma persona le habría suministrado. También dijo haberse enterado que su hija habría sido amenazada, golpeada y sometida a abusos sexuales reiterados por muchos hombres en ese mismo departamento y en una quinta en Puerto Yeruá, a unos 35 kilómetros de Concordia a través de la Autovía 14, el 7 de octubre.
Alfonzo en persona atendió a los policías federales cuando fueron hasta el departamento, les dijo que la joven era su empleada doméstica y hasta firmó una constancia de que la adolescente efectivamente estaba allí.
En la casa estaba también la novia del publicista, que es enfermera del Hospital Masvernat, y una hermana de ésta que se desempeña en una residencia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) a la que la joven había concurrido a pedir ayuda por un conflicto familiar.
¿Es posible que no supieran que la joven estaba secuestrada y que era obligada a prostituirse? Nada de eso: la víctima señaló a la operadora del Copnaf como quien tomaba las decisiones con Alfonzo.
Al momento de ser rescatada, la adolescente tenía moretones en distintas partes del cuerpo provocados, según dijo, por los golpes y al ser embestida por Alfonzo a bordo de una moto tipo cross. Esto muestra que lo que siguió a esa conversación fueron situaciones de lo que se denomina como “trata dura”, es decir, encierro, ablande y utilización de la fuerza.
Alfonzo fue detenido cinco días después de que la joven fuera rescatada. En los teléfonos que se le secuestraron aparece una red de contactos poderosos y con gran capacidad de influencia, que integran agentes de la Policía provincial, algún integrante de Prefectura y dirigentes políticos. No falta gente del hampa, narcotraficantes condenados ni proxenetas reconocidos.
En su escrito, el fiscal Colombo les puso nombre y apellido a esas complicidades. Mencionó la necesidad de investigar el rol que tenía dentro de la organización el cabo de policía Matías Miguel Pereyra, alias El Gordo.
Según dijo, “participó directamente en ‘eventos’ organizados por Alfonzo para que su grupo de mujeres mantuvieran sexo con otros ‘clientes’ por dinero” e incluso publicó en su cuenta de Facebook fotos con la propia víctima y otras “promotoras” en el boliche Costa Cruz.
También se lo ve en fotos en la fiesta del 7 de octubre en la quinta de Roberto Pietroboni -hermano menor de Víctor Pietroboni, titular de la empresa constructora, fallecido hace algunas semanas después de denunciar públicamente un sistema de coimas y sobreprecios en la obra pública-.
Pero hay más. Colombo señaló que “aquel funcionario policial (Pereyra) no parece el único sostén de cobertura y auxilio a los propósitos de la organización” y cita un fluido y sugestivo intercambio de mensajes de texto con un integrante de Prefectura Naval Argentina, identificado entre los contactos del teléfono celular de Alfonzo como “Amigo ´Pato´ Prefectura”, donde se advierte un posible suministro de drogas.
“Pato” es el sobrenombre del ex gobernador Sergio Urribarri. La red de “contactos con capacidad de influencia” en el teléfono celular de Alfonzo incluye a otros funcionarios públicos: “Amigo Tato Mendoza Jefe de operaciones”, en rigor, ex jefe departamental; “Hijo del gobernador Mauro Urribarri” y “Consejal Chalo sadoyko” (sic), entre otros.
Es preciso recordar además que unos meses después de que el caso estallara públicamente, Cristina Escobar, la madre de la joven, contó en un congreso binacional de lucha contra la trata de personas y la violencia de género que entre las personas que participaban de las fiestas privadas a las que era llevada su hija estaban un alto dirigente político y funcionario de Concordia, y Fernando Rouger, delegado del Copnaf también de Concordia.
En su momento, se informó que tras la detención de Alfonzo, en su teléfono celular quedaron registrados mensajes de texto que envió a referentes políticos de Concordia, funcionarios municipales, un ex senador provincial y un alto jefe policial, pidiéndoles ayuda, pero que nadie le respondió.
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