El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo este miércoles en Paraguay que la situación institucional de Venezuela “no es normal”, al aludir a la decisión del presidente Nicolás Maduro de recurrir a los militares para enfrentar la crisis económica.
Maduro anunció el martes que dejó los cinco principales puertos de Venezuela al mando de la autoridad militar, como parte de un gigantesco despliegue de soldados en la recién lanzada “Misión de Abastecimiento Soberano”, a cargo del propio ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López.
Esta decisión “deja claro que la situación no es lo normal que podría ser la situación institucional del país”, remarcó el titular del organismo interamericano al ser consultado por periodistas sobre el anuncio del jefe de Estado de Venezuela.
Según Almagro, las imágenes de miles de venezolanos cruzando la frontera con Colombia el pasado fin de semana para comprar alimentos y medicinas “es algo muy significativo de la situación social que vive el país”, dijo.
El jefe de la OEA inauguró este miércoles en Asunción un foro de ministros y expertos en la lucha contra la pobreza en la región. También se entrevistó con el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, quien el lunes se reunió en Montevideo con sus pares del Mercosur, y fue el encargado de anunciar que no llegaron a un acuerdo en sobre el traspaso de la presidencia pro tempore del bloque (que integran Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) a Caracas.
“Que ponga en libertad a sus presos políticos, que haga gestos que lo comprometan con la democracia, de otro modo no habrá consenso para entregar la presidencia a Venezuela”, dijo en la ocasión el canciller de Paraguay, que junto a Brasil, son los países más firmes en su oposición a entregar la presidencia pro témpore del Mercosur a Venezuela.
El mes pasado, Almagro presentó ante el Consejo Permanente de la OEA un informe en el que asegura que Venezuela vive “una grave alteración del orden constitucional”, por lo que pidió la activación de la Carta Democrática Interamericana.
Sin embargo, el debate sigue abierto sobre la aplicación de ese instrumento que implementa sanciones en casos de ruptura del hilo democrático.
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