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| Foto: TÉLAM |
11 años de la “Masacre de Quilmes”.Les dieron entre 3 y 19 años de cárcel. Torturaron a chicos detenidos ilegalmente que estaban alojados en una comisaría. Las víctimas iniciaron un motín y murieron quemadas.
Once años pasaron ya de aquella terrible noche del 20 de octubre de 2004 bautizada como la “Masacre de Quilmes”, en la que murieron cuatro adolescentes detenidos de forma ilegal en la comisaría 1° de Quilmes, tras protagonizar una protesta y quema de colchones.
Y ayer, la Justicia condenó a penas de entre 3 y 19 años de prisión a diez de los policías que protagonizaron la secuencia y que dejó en evidencia, una vez más, una práctica sistemática de torturas a presos alojados en comisarías bonaerenses denunciada en tantas oportunidades.
Había un total de 17 chicos alojados aquel día en condiciones de hacinamiento: siete de ellos en un calabozo y los diez restantes, en otro. Durante una requisa, esa tarde los policías habían obligado a todos a desnudarse y muchos recibieron una paliza brutal. No era la primera vez que lo hacían.
Los agentes advirtieron que esa noche habría más acción. Y volvieron. Eran alrededor de las 22 cuando los adolescentes, queriendo evitar la nueva embestida, comenzaron el motín. Apilaron colchones contra las rejas y los prendieron fuego. Nadie se preocupó mucho en abrir los calabozos e incluso se sospecha que ayudaron a avivar las llamas.
El fuego se expandió y recién unos quince minutos más tarde, cuando los policías se decidieron a abrirles, los chicos (muchos con graves quemaduras) fueron molidos a bastonazos: querían saber quiénes habían iniciado el fuego.
Los chicos muertos en la masacre –Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17)– llevaban entre 48 horas y seis meses presos en la 1° de Quilmes por delitos menores.
Las víctimas, con problemas de adicción a las drogas y de familias pobres, esperaban cupo en alguna comunidad terapéutica para hacer algún tratamiento de rehabilitación. Uno de ellos, Giménez, estaba preso por error e incluso ya le habían otorgado la libertad. No debía estar detenido esa noche.
Otro detonante del motín –además del maltrato y las torturas– se habría dado luego de que un oficial le dijera a Maldonado que su hermana de dos años había muerto. Era mentira. El adolescente, desesperado, comenzó a gritar para que lo dejaran salir para ver a su familia. Una vez que abrieron las celdas, los agentes hicieron un cordón. En medio de golpes y bastonazos, los juntaron a todos en el baño y la cocina.
Según la investigación del juez de Menores de Quilmes, Pedro Entío, avisaron a los Bomberos recién media hora más tarde. Las víctimas murieron entre el 21 de octubre y el 11 de noviembre, quemados y envenenados por el gas de los colchones de poliuretano. Todos los acusados llegaron libres al juicio. Solo uno había sido exonerado de la Fuerza y otros cinco, cesanteados.
En su veredicto de ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Quilmes ordenó que fueran todos detenidos. Cuatro tendrán como destino una cárcel común y los seis restantes cumplirán arresto domiciliario. La pena más alta la recibió el oficial inspector Fernando Pedreira, por torturas reiteradas.
El entonces jefe de la comisaría, Juan Pedro Soria, fue sentenciado a 10 años por “estrago culposo seguido de muerte y omisión de evitar tormentos”. El mismo monto le correspondió al cabo Hugo D’Elía, por “apremios ilegales”. Y también por torturas, el agente Juan Carlos Guzmán fue condenado a 9 años de prisión.
Los jueces Alicia Anache, Armando Topalian y Alejandro Portunato fallaron además que ellos cuatro fueran inhabilitados de por vida a ocupar cualquier cargo público. El listado de sentencias lo completan el subcomisario Basilio Vujovich (4 años), los inspectores Jorge Gómez y Humberto Avila (3 años), los agentes Gustavo Altamirano y Franco Góngora (3 años y cuatro meses) y la agente Elizabeth Grosso (3 años y seis meses).
Todos fueron condenados por el delito de apremios ilegales” y deberán cumplir arresto domiciliario, con monitoreo electrónico, hasta que la sentencia quede firme. Una vez que esto suceda, deberían ser alojados en una cárcel común.
“Es un fallo ícono porque se consiguió una condena después de once años y porque se logró la prisión efectiva para los policías”,destacó tras la audiencia la abogada Adriana Thevenon, representante de la familia Aranda. (www.clarin.com)
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