En el marco del 3er Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados hablamos con el abogado Darío Ávila, asesor legal de la red de Médicos de Pueblos Fumigados y del grupo de madres del Barrio Ituzaingó Anexo y miembro de la Red de Abogados de Pueblos Fumigados.
Ávila nos contó sobre la presentación que realizaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que declare la responsabilidad internacional del Estado argentino en tanto este sistema productivo está violando los derechos de los niños y niñas a un ambiente sano.
“Acompañamos desde la profesión con una serie de iniciativas tanto administrativas como judiciales, y en este caso vamos a presentar una propuesta judicial que acabamos de formalizar”. “Venimos trabajando cuestiones vinculadas a los efectos que sobre la salud y el ambiente está ocasionando este modelo de producción tóxica”, explica.
Se trata de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “para que declare al responsabilidad internacional del Estado argentino por la violación de la convención de los derechos del niño, ya que uno de los preceptos es que el Estado argentino tiene la obligación de adoptar medidas para preservar el derecho a la salud, al ambiente y a la vida hasta los 18 años”.
Sin embargo, señaló que tienen “abultada documentación, trabajos científicos y epidemiológicos, que nos permiten acreditar cómo este modelo de producción hoy está afectando la salud de nuestros niños”.
“Hay un informe oficial del Defensor del pueblo de la Nación del año 2010 que habla sobre riesgo ambiental y niñez y allí, en base a estimaciones que hace el propio defensor del pueblo, dice que hacia el año 2001 había aproximadamente 3 millones 500 mil niños expuestos a problemas de salud grabes por exposición a los plaguicidas”.
“Pedimos que se obligue al Estado argentino a tomar medidas urgentes y eficaces para que de una vez se restablezca los derecho de los niños y niñas”
RESPONSABLES
Por otro lado, hizo referencia a la cadena de responsabilidades de los funcionarios y recordó las garantías dadas por la Constitución luego de la reforma del 94 a un ambiente sano. Garantías que establecen un mandato claro para todas las autoridades, pero que no son respetadas.
“Creemos que hay responsabilidad del Estado Nacional, principalmente del Senasa, que es organismo encargado de autorizar este tipo de productos, hay deficiencias en cuanto a la metodología para probar estos agroquímicos, hay responsabilidad de Ministerios, a nivel provincial, como el de Agricultura, que son los organismos de contralor de la actividad de fumigación y no están cumpliendo, hay responsabilidad del Ministerio de Salud, que tiene una obligación fundamental de preservar este derecho y también en el orden municipal”.
“Es decir, hay una cadena de responsabilidad en el propio Estado. Pero también hay responsabilidad en las empresas, que a través de publicidades engañosas, pretenden convencer de que estos productos son inocuos y no ofrecen peligros. Por eso la cadena es muy amplia”.
Asimismo habló de las responsabilidades penales ya que “no se puede decir que existe ignorancia sobre esta temática”. La misma OMS ya salió a reclasificar el glifosato, que es el herbicida más utilizado en la Argentina, como probable cancerígeno “y eso ya es información pública y oficial”.
“Por lo cual ya con ese sólo dato todos los organismos públicos del Estado deberían haber adoptado una decisión sobre este punto como lo ha hecho Colombia, que lo ha prohibido para fumigar”.
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