RAÚL REYNOSO / Foto EL TRIBUNO
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Todo un escándalo en Salta. Este mediodía la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaba allanamientos en el juzgado Federal de Orán a cargo del juez Raúl Reynoso en el marco de una causa por supuestos sobornos para liberar a narcotraficantes.
Además fue detenido el abogado René Gómez. Según informa El Tribuno, las órdenes fueron impartidas por los jueces federales de Salta, Eduardo Villalba y Julio Babio.
Reynoso hace casi 11 años que está al frente del Juzgado Federal de Orán, en Salta. Bajo su jurisdicción hay 700 kilómetros de frontera con Bolivia, una zona caliente para el tráfico de drogas.
Ahora se investiga si, a cambio de importantes sumas de dinero, excarceló a personas detenidas en causas de narcotráfico. En estos momentos se encuentra prestando declaración indagatoria. Hace poco más de un mes, el magistrado se refirió a estas denuncias y dijo que "hay un ataque contra mí".
Cabe destacar que en abril de este año, y en plena cadena nacional, Cristina Fernández había destacado la labor del juez. "Tenemos jueces como Raúl Reynoso, de Orán, cuyo juzgado es clave en el norte argentino en la lucha contra el narcotráfico y solamente tiene 22 empleados. En lugar de dar tantos discursos contra el narcotráfico, quienes tienen la máxima responsabilidad en el Poder Judicial deberían dotar de mayor cantidad de empleados, recursos y elementos a estos juzgados para que puedan hacerlo eficazmente", dijo entonces la mandataria en clara crítica hacia Ricardo Lorenzetti.
Ahora Reynoso fue imputado de los delitos de cohecho y prevaricato. Además, lo acusan de integrar una asociación ilícita con otros siete sospechosos. En un dictamen donde impulsaron la acción penal, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, y el fiscal federal de Salta Eduardo Villalba, afirmaron que el juez federal Reynoso construyó un aparato de poder para "obtener beneficios patrimoniales indebidos a cambio de conceder y/o gestionar resoluciones judiciales favorables a los intereses de los imputados cuyas causas tramitan en dicho tribunal".
La investigación, que se inició tras publicaciones periodísticas, tomó un fuerte impulso el mes pasado después de que el abogado David Leiva, reconocido por su participación en causas de lesa humanidad, presentara en la Justicia Federal de Salta una denuncia contra el "juez Reynoso y otras personas que trabajan como abogados y como empleados de la justicia federal de Orán por cuanto requerirían dinero para obtener resultados favorables en causas en las que se involucra a personas por narcotráfico, trata de personas, tráfico de divisas y exportación de mercadería", publica La Nación.
Bavio ordenó las indagatorias y detenciones de otras siete personas. En la lista de sospechosos también hay un funcionarios judicial y abogados de presuntos narcos. Bavio hizo lugar al pedido de los fiscales y ordenó allanar el juzgado de Orán. Por su condición de juez, Reynoso no será detenido.
"Los sospechosos forman una organización criminal que tiene por objeto la gestión y concesión de resoluciones judiciales tendientes a mejorar la situación procesal, especialmente la libertad ambulatoria, de distintos personas imputadas y detenidas en el marco de expedientes de trámite por ante el Juzgado Federal de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán en los que se investigan conductas de narcocriminalidad internacional, a cambio de dinero y/o dádivas", afirmaron los fiscales en el dictamen donde pidieron la declaración indagatoria de Reynoso y las otras personas investigadas.
A la denuncia de Leiva se sumó otra hecha por Roxana Brítez ante autoridades de la Gendarmería Nacional en Tartagal, en Salta, donde sostuvo que cuando su ex pareja, Guillermo Sarmiento, caía preso por temas relacionados con droga le daban la libertad a cambio de dinero y afirmó que el pago lo hacían por intermedio de una abogada.
"Como metodología de análisis confrontamos cada una de las acusaciones formuladas en autos con las constancias en los distintos expedientes que tramitan o tramitaron bajo la dirección del juez. El resultado de ese estudio, a nuestro entender, es categórico en cuanto a que las circunstancias denunciadas por Brítez y Leiva, se presentan como verosímiles y encuentran sustento -con el grado requerido en esta etapa del proceso", sostuvieron los fiscales Iglesias y Villalba en el dictamen donde requirieron la accción penal y donde solicitaron medidas de prueba.
Para los fiscales el presunto "aparato de poder creado por el juez Reynoso" no se podría haber logrado sin un funcionario judicial y abogados de los narcotraficantes, siempre según el dictamen del Ministerio Público.
"El magistrado no sólo habría omitido cumplir con sus funciones, sino que además habría colaborado con la actividad delictiva de tráfico de estupefacientes a partir de la protección o impunidad que le brindaba a los imputados, a través de interpósitas personas, todo lo cual les permitió continuar desarrollando sus conductas ilícitas con la certeza de que se encontraban amparados por el propio magistrado", afirmaron.
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