Un índice que elabora el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano calcula una mejora del 16,8% respecto de marzo del cociente entre los gastos primarios corrientes y de capital y los ingresos tanto corrientes como de capital del índice que lleva.
Puesta en números, la reducción del 60% del déficit fiscal primario con relación a marzo fue producto tanto de un incremento en los ingresos corrientes por $9.174 millones, como de una disminución en los gastos por $8.919 millones. A lo que también contribuyó al repunte el saldo positivo registrado en la balanza comercial, con un superávit de US$332 millones.
Si bien se deterioró el tipo de cambio real alcanzado tras la devaluación de diciembre por efecto de la inflación interna, el nivel de reservas del Banco Central experimentó un significativo aumento, en casi US$ 5.000 millones, como resultado de las compras realizadas por la institución para sostener la cotización de la divisa estadounidense.
No deben estar muy felices con estos guarismos fiscales los economistas más ortodoxos del gabinete, en especial el poco ejecutivo presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger; y el carismático presidente del Banco Nación, Carlos Melconián, sometidos a malabares monetarios por el que consideran insuficiente ajuste fiscal.
Consagrados a un voto de silencio público, se revuelven en la silla cuando leen que el ministro de Economía,Alfonso Prat-Gay, declara ante calificados auditorios que “dejando de chorear, dejando de regalarle al que no lo necesita y poniendo la economía en marcha, vamos a bajar el déficit fiscal”.
O cuando señala que el problema central del desequilibrio “no es la falta de recursos sino el derroche de gastos, no nos olvidemos que el gobierno anterior se pasó muchos años destruyendo la capacidad productiva”.
Las marchas y contramarchas dadas con las tarifas y consecuentemente con los subsidios que se intentan eliminar, lo mismo que la prórroga por este año de la racionalización de contratados del sector público, han sido, según estiman los economistas más duros, un freno al saneamiento de las cuentas, sin que por ello se ahorrase costo social alguno.
“En estos meses trabajamos profundamente en tres ejes: ordenar el desorden, restablecer la confianza y acompañar a los sectores más vulnerables”, explicó Prat-Gay, según informó la agencia Télam. La perspectiva es que “este año, el déficit fiscal primario será al 4,8% (del producto bruto interno o PBI) y que irá bajando hasta llegar a menos del 1% en el 4to. año de Gobierno”, sostuvo Prat Gay, con lo cual admitió que la prioridad del Gobierno en el corto plazo es “crear empleo digno y productivo, que reemplace los planes sociales”, en tanto se pone orden a la contabilidad y “se organiza la relación con los organismos multilaterales para volver a ser miembros del club”.
Al final, el arreglo con los holdouts no era tan automático como había estimado al trazar las metas de corto y mediano plazo y se le está yendo todo el año.
LAVAGNA´S DIXIT
Un informe elaborado por la consultora Ecolatina, que orienta la familia Lavagna, saca como conclusión que durante el primer año del gobierno del presidente Mauricio Macri "no habrá una mejora del resultado primario base de caja respecto de 2015", cuando arrojó un déficit del 4,3% del PIB. Y que la diferencia con el gobierno de Cristina Fernández que finalizó en diciembre pasado "está en que cambia el mix de financiamiento: menos emisión más endeudamiento", señaló el informe.
Señala como la novedad que presenta el Programa Financiero que el gobierno recurrirá en mayor medida a la deuda para cubrir el déficit, a diferencia de lo ocurrido en los últimos años cuando el Ejecutivo se valió principalmente de fuentes internas, como el Banco Central aportando reservas internacionales, para financiar la brecha entre ingresos y gastos.
Ecolatina subraya que el gobierno de Macri tiene como prioridad "reducir la dominancia fiscal, es decir el financiamiento del Banco Central al Tesoro", o sea que no lo desvela tanto el desequilibrio entre los ingresos y los egresos.
Sin embargo, la consultora advierte que “cerrar la brecha vía deuda trae aparejado otros desafíos en materia cambiaria/monetaria, que dependerá de si las necesidades están en moneda extranjera o local".
Recuerda que el Tesoro debe afrontar servicios de deuda por alrededor de $230.000 millones (US$15.333 millones) este año, equivalente al 3% del PBI, que significa una reducción significativa comparado con 2015, cuando fue del 4.3% del PBI, pero mantiene alta la vara de la exigencia.
"El gobierno deberá conseguir recursos por poco más de $452.500 millones (US$ 30.133 millones en 2016, y las fuentes que utilice para financiarse serán definitorias", completó el informe.
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