En tren de garantizar el abastecimiento de combustible, la recolección de residuos y el reparto de mercadería en los supermercados, el Gobierno dictó ayer la conciliación obligatoria e intervino así en la pulseada salarial que sostienen el gremio de los camioneros, que lidera Hugo Moyano , y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), que reúne a unas 45 cámaras.
La intervención del Ministerio de Trabajo, sin embargo, no bajó la tensión. Los camioneros incumplieron durante 12 horas la conciliación obligatoria y el Gobierno dispuso abrir un procedimiento legal para sancionar al sindicato de Moyano.
"Fue una falta muy grave e ilegal. Se abrirá un procedimiento que puede llegar a la sanción", dijo a LA NACION Ernesto Leguizamón, jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo.
Según el funcionario, de acuerdo a la ley 25212, la pena económica que se podría aplicar es del 50% al 2000% del valor mensual del Salario Mínimo Vital y Móvil [$ 8060] por cada trabajador afectado.
Hay un antecedente reciente de una multa a camioneros por no cumplir la conciliación obligatoria. El gobierno de Cristina Kirchner le aplicó un embargo de $ 4.800.000 por una protesta de la rama combustibles en 2012.
El caso se judicializó y finalmente el gremio logró evitar el pago de la sanción. Después de haber bloqueado refinerías, lo que generó desabastecimiento en las estaciones de servicios y largas colas de autos para tratar de cargar combustible, los camioneros levantaron ayer la protesta caída la tarde.
El gremio de Moyano exige un aumento salarial de 42 por ciento y una compensación extra por las quitas del impuesto a las ganancias. Los empresarios ofrecieron anteayer una suba de 28% en tres tramos.
Argumentaron una caída en los volúmenes a transportar y la suba de la nafta y de las tarifas, según contaron a LA NACION fuentes de la Faeeac.
La propuesta empresarial no prosperó y fue lo que desencadenó en paros sectoriales de las diferentes ramas de los camioneros. Tras conocer estos detalles, desde Ginebra, donde participa de la cumbre de la Organización Internacional del Trabajo, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca , ordenó dictar la conciliación obligatoria y enviar inspectores a los lugares para constatar su cumplimiento.
La cúpula de la Fadeeac y los gremialistas volverán a reunirse el miércoles próximo, en la sede laboral de avenida Callao al 100. Hasta entonces, no debería haber paros ni protestas. La conciliación obligatoria será por dos semanas, con la posibilidad de extenderla una más.
A modo de presión, Pablo Moyano, el número dos en el escalafón jerárquico de los camioneros, insistirá en que si no hay un acuerdo favorable el miércoles próximo se llamará a una huelga de la actividad en todo el país, lo que podría afectar el suministro de combustible, de mercadería para los supermercados, la recolección de residuos, el transporte de caudales y el reparto de diarios y revistas.
Como otras veces, el sindicato incluyó en la negociación el pedido de un pago extra por las quitas del impuesto a las ganancias. Desde la Fadeeac rechazan incluir ese punto porque consideran que es ajeno a sus responsabilidades como empleadores.
"Hay compañeros a los que les están descontando entre $ 5000 y $ 17.000 por mes de Ganancias y el Gobierno tiene que tomar ya cartas en el asunto. Los trabajadores no quieren que el Estado les siga quitando parte de su salario. Que Macri cumpla con sus promesas de campaña", reclamó Pablo Moyano en declaraciones a Radio Del Plata.
Hugo Moyano delegó la negociación salarial en su hijo Pablo, Marcelo Aparicio, Pedro Mariani y en los abogados del gremio. Ayer, los empresarios intentaron comunicarse con él para intentar calmar los ánimos de Pablo, que agitó con extender los paros a pesar de la conciliación obligatoria. Pero no hubo caso.
En línea con el desafío de Moyano al Gobierno, hubo ayer otros gremios con conflictos. Los dos casos más tensos fueron los de la Federación de Trabajadores de la Alimentación, que realizó paros de dos hora por turno en las fábricas, y la de los controladores aéreos, que están nucleados en el gremio estatal de ATE y rechazan la suba salarial de 31% en cuotas que acordó Macri con la cúpula de UPCN, el gremio mayoritario en la administración pública nacional. (www.lanacion.com.ar)
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