(U24) - Tras la destitución del camarista Eduardo Freiler, el oficialismo buscará mañana en el Consejo de la Magistratura iniciar el proceso para destituir de su cargo al juez Daniel Rafecas. La inciativa fue impulsada por el presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, el diputado del Pro Pablo Tonelli, quien fue acusador de Freiler de quien manifestó, luego de ser destituido, que "es un juez corrupto, es un pésimo ejemplo para la sociedad".
Fue este diputado el que incorporó los expedientes contra Rafecas en una ampliación del orden del día previsto para la audiencia de mañana. La denuncia fue presentada por la diputada Elisa Carrió en 2015 y el caso está a cargo del consejero Angel Rozas, senador radical, que será el encargado de la acusación en caso de que se inicie un juicio político contra el magistrado.
A Rafecas se le atribuye una "intolerable parcialidad" durante su actuación a cargo de la causa impulsada por el fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández y otros. Para que pueda avanzar este pedido de enjuiciamiento, el pedido de Tonelli debería sumar al menos ocho votos.
El pedido tendría el respaldo del representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahíques; del abogado Miguel Pidecasas; del senador Rozas y del diputado radical Gustavo Valdés, gobernador electo de Corrientes.
Luego, para que avance un juicio político contra el juez Rafecas, el oficialismo necesitaría nueve de los trece votos de los integrantes del Consejo de la Magistratura.
Rafecas fue esta mañana tapa del diario 'Página/12', que afirma que "envalentonado después de la destitución del camarista Eduardo Freiler, el oficialismo en el Consejo de la Magistratura planea activar mañana una denuncia contra el juez federal Daniel Rafecas, acusado en un dictamen del radical Angel Rozas que (...)se inspiró, a su vez, en una denuncia de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió que fue unificada con otra del diputado también oficialista Waldo Wolff.
En esencia, no les agradó la decisión del juez que, a la vez fue confirmada dos veces por la Cámara Federal, avalada por el fiscal de la Cámara de Casación Penal y por prestigiosos juristas. Partía de la base de que el acuerdo Irán no podía ser un delito en sí mismo, que en Argentina lo votó el Congreso, que el parlamento iraní no lo refrendó, por ende nunca se aplicó, ni se creó la Comisión de la Verdad que intervendría para que declaren los acusados, ni quedaron en duda las alertas rojas para lograr su captura.
Rozas puso a circular esta semana el dictamen contra Rafecas y el presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, lo agregó en el temario de la reunión de mañana (...)".
El diario agrega que "la denuncia contra el juez cumplirá tres años en marzo, que es el tiempo en el que caducan los expedientes en el consejo si no son tratados".
Remarca también que "Tonelli, quien decidió poner el pie en el acelerador, es el mismo consejero que se ocupó de llevar adelante la acusación contra Freiler". "Si el Consejo decidiera avanzar e impulsar el juicio político a Rafecas en función del dictamen de Rozas, será la primera vez que el organismo se lance a acusar a un juez por el contenido de una sentencia", afirma 'Página/12´, que líneas más adelante también recuerda el viejo resquemor radical hacia el juez y hace una fuerte defensa del mandatario: "Uno de los temas históricos por los que el radicalismo -y un sector del peronismo- le tienen particular inquina a Rafecas se remonta a la causa de los sobornos en el Senado, del año 2000, que él consideró probados y por los que dispuso enjuiciar al ex presidente Fernando de la Rúa, parte de su gobierno y a ex senadores.
El Tribunal Oral Federal 3 absolvió a todos y denunció al juez, pero el Consejo desestimó la denuncia precisamente porque avanzaba sobre el contenido de la decisión judicial del juez. Rafecas también fue denunciado por mantener conversaciones informales por WhatsApp con uno de los abogados del caso Ciccone.
El plenario del organismo nunca consiguió los dos tercios para mandarlo a juicio. El texto que presentó Rozas a sus colegas consejeros alude a un pedido de auditoria que presentaron el año pasado dos entidades vinculadas al Gobierno: el Colegio de Abogados de la calle Montevideo -conocido por su apoyo a golpes de Estado y por estar integrado por defensores de las grandes empresas- y la organización Será Justicia, que integran incluso funcionarios del macrismo.
Ambas, además, fueron las que armaron la ingeniería para forzar la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó. El Colegio de Montevideo es el escenario que elige Macri para hablar de “la Justicia” y prometer buscar otros jueces si los que hay no satisfacen sus cánones de búsqueda de la verdad.
La impronta de esas instituciones quizá explique también el ensañamiento con jueces como Rafecas que han tenido una actuación crucial en las causas sobre crímenes de la última dictadura. En su caso, además, también fue el primero en decir en una resolución que la denuncia sobre la apropiación de Papel Prensa (finalmente cerrada por su colega Julián Ercolini) debía ser analizada bajo el esquema de los delitos de lesa humanidad, que no prescriben.
Una postura similar tuvo como camarista el destituido Freiler, quien fue uno de los que firmó -además- la confirmación de la desestimación de la denuncia de Nisman por encubrimiento. Dos semanas atrás, el Colegio de Montevideo y Será Justicia alertaron al Consejo que a la luz de los primeros resultados de la auditoria de causas de corrupción, Rafecas tenía retrasos.
Lo mismo dijo respecto de Ariel Lijo, quien retrucó de inmediato con la detención del ex vicepresidente Amado Boudou. Al Consejo le presentó una explicación causa por causa con todos los movimientos de investigación y medidas procesales.
A Rafecas le achacaban demoras en seis expedientes, decían que no había siquiera indagado, y para refutarlo hizo un informe público que precisa que en tres de las causas tomó indagatorias, dos fueron archivadas por falta de delito y una está en pleno trámite.
Rozas insiste en que el 30,8 por ciento de las causas del juzgado de Rafecas tienen más de 5 años de trámite, pero en la de Nisman objetó que se tramitara con celeridad. Lijo también integra la “lista” de jueces en la mira del Gobierno, junto con Rodolfo Canicoba Corral y la camarista de Casación Ana María Figueroa.
En la comisión de Disciplina, todo indica que habrá mayoría para citar a Rafecas ya que apoyarían el dictamen acusatorio Tonelli, el delegado del Poder Ejecutivo Juan Mahiques, el abogado Miguel Piedecasas, Rozas y el radical Gustavo Valdés.
No votarían o lo harían en contra el académico Jorge Candis, los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes y el senador del FpV Mario Pais. En la comisión con mayoría se puede resolver una citación. En el plenario de 13 consejeros, mientras rija la ley actual, se requieren dos tercios de los votos, lo que hace el escenario más complicado para el oficialismo. Pero la ofensiva está en marcha. Si avanza esta acusación, además, abrirá la puerta a echar jueces cuando a la dirigencia política u otros sectores de poder no les gusta un fallo".
No hay comentarios:
Publicar un comentario