48 horas después de haberles acreditado el 1er. cheque de 3 previstos para el área de Seguridad de los municipios bonaerenses, el ministro del área en la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, convocó a intendentes y funcionarios a cargo de policías locales en el hotel Ostende, de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, uno de los centros urbanos más vulnerables, casi líder en inseguridad ciudadana.
Si bien estaba anunciada la presencia de la gobernadora María Eugenia Vidal, ella no asistió al evento del jueves 28/04 y viernes 29/04, enviando a la apertura al vicegobernador Daniel Salvador, personaje de ortodoxa cultura radical: su oratoria fue un esclarecedor blablablá seguido por otro sonoro blablablá.
Ritondo anunció que convocaba al Consejo Interprovincial de Seguridad, que nunca se había constituído, ponderó que participaran del evento las fuertas de otros partidos políticos (el senador provincial Sergio Berni -del Frente para la Victoria- saludaba como un superstar), y aconsejó a los presentes que el dinero recibido y por recibir lo apliquen a equipamientos y no a gasto corriente: por ejemplo, videocámaras que permitan la captura automática de chapas patentes de los vehículos, para su consulta online a centros informáticos regionales (de eso trata el Consejo Interprovincial).
También prometió 1.000 móviles, 1.000 motos y el 1er. laboratorio para Policía Científica en la Provincia. Mientras Ritondo hablaba, parte de la estructura policial bonaerense mantenía su actividad contra el ministro, o sea contra la gobernadora.
Sucede que el gobierno bonaerense publicó en el Boletín Oficial de la provincia el 04/03 el decreto que obliga a funcionarios del Ejecutivo, y jefes de organismos autárquicos y descentralizados; como así también subsecretarios y todo otro funcionario con jerarquía equivalente, a presentar su declaración jurada patrimonial. Incluye a los directores provinciales, directores, personal de gabinete y secretario privado, escribano general de Gobierno, asesor general de Gobierno, contador General de la provincia y Subcontador, y el tesorero General y el Subtesorero bonaerense.
Además, deberán hacerlo el Fiscal de Estado, fiscales de Estado adjuntos, miembros del Consejo de la Magistratura representantes del Ejecutivo, personal superior de la administración centralizada y descentralizada, inclusive de las empresas del Estado. Asimismo el personal de la policía y del servicio penitenciario, con categoría igual o superior a la de Subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una Comisaría, o personal que intervenga en el manejo de fondos públicos o administre patrimonio público, entre otros.
La medida, que había sido anticipado por María Eugenia Vidal durante su discurso de apertura de la asamblea legislativa bonaerense, fue justificada en la necesidad de "transparentar el accionar de las personas que ejercen una función pública como fuente de autoridad y ejemplaridad social". El artículo 4 del decreto N°116/2016, firmado por Vidal, dispone que los funcionarios comprendidos "deberán presentar una Declaración Jurada Patrimonial dentro de los 30 días hábiles de notificado el acto administrativo de su designación y de su cese en el cargo, respectivamente".
Es decir que el plazo está acabando: la información contenida en la Declaración Jurada Patrimonial deberá ser actualizada con carácter anual al 31/12 de cada año anterior. Desde aquel día de la publicación en el Boletín Oficial, todo indica que se agitó el malestar en los jefes de las fuerzas de seguridad bonaerenses y a diario hay versiones sobre o una renuncia de Ritondo o un apartamiento de su cargo, ambos escenarios improbables más allá de que la radiopasillo hasta mencione nombres de sustitutos eventuales, para mantener entretenida a alguna gente.
Sin embargo, el problema es mucho más profundo que el de las declaraciones juradas porque se acumula al otro tema pesado, el del sistema de recaudación de dinero clandestino en la Jefatura policial. El asunto, aparentemente validado en los ciclos anteriores, al menos del duhaldismo y el sciolismo, provocó quela doctrina operacional de la Bonaerense no sea el combate del delito sino su regulación, que es bien diferente.
En base a la ideología de la caja, la Bonaerense estableció 'corredores', estandarizó 'zonas liberadas'y validó mecanismos de horas extras y otros ítems de ingresos no salariales. Dicen que se encuentra tarifado cuánto debe ascender cada comisaría, departamento y regional, en un desplazamiento monetario ascendente por la cadena de mandos que es la puerta de acceso a toda corrupción imaginable.
Es imposible, en ese escenario, tan siquiera especular con una política de ordenamiento y recato. Dicen también que el sistema de recaudación persiste hoy día entre los uniformados y hay una intensa especulación acerca de la participación o no del poder político, conociéndose la oposición tenaz de la gobernadora Vidal a aceptar ese dinero pero existiendo controversias si la negativa comprende a todo el Ejecutivo.
Hay que recordar que existe una investigación judicial en marcha luego de encontrarse 36 sobres con dinero 'negro' en una dependencia policial, listo para entregarse a una instancia superior. A la tensión por el dinero 'clandestino' se le sumó lo de las declaraciones juradas, que apunta a identificar a los comisarios millonarios que dicen que hay en la Bonaerense, y los que se encuentran en actividad parece que no desean empobrecerse respecto de los opulentos que se marcharon.
La prioridad de la caja por sobre las políticas anticriminales ha provocado varios cambios en el organigrama que Vidal gobernadora prometió corregir aunque la realidad es que el problema requiere más que modificaciones administrativas o funcionales, decisiones políticas profundas, que Vidal afirma que impulsa aunque todavía no se verifique en los hechos cotidianos.
La seguridad no es una cuestión de chalecos vistosos ni armamento de última generación ni videocámarastracer sino del nivel de repudio del delito que hay en la organización que tiene, por delegación de la sociedad, el uso monopólico de la capacidad legal de represión del crimen. Luego, la Justicia es el siguiente capítulo ya que tiene un enorme impacto, en especial cuando se desempeñaa contramano de las expectativas de los ciudadanos.
Un fiscal que llama por teléfono para increpar a un secretario de Seguridad de un municipio porque envió a declarar a 2 detenidos sin darles de desayunar, define un determinado enfoque de la problemática. Ese fiscal no preguntó si los policías que hicieron el traslado sí habían desayunado. Y si el Ejecutivo demora la publicación de las designaciones de ascensos para no efectivizar ciertas mejores salariales por cambio de escalafón, también transmite señales acerca de cuál es su política de seguridad/inseguridad.
El probema se profundiza cuando la seguridad que ofrece el Estado discrepa con las expectativas de los contribuyentes que pagan el circo. Vidal insiste en que lo tiene muy asumido. Ritondo es el que provoca dudas desde que ocurrió aquel acuerdo político inexplicable con Alejandro Granados, jefe político de Ezeiza y ex ministro de Seguridad provincial, para lograr una transición ordenada que devino en continuidad... hasta que estalló la Triple Fuga del verano.
Ese es el origen de los problemas de Ritondo quien, luego de modificar el enfoque cercano a Granados, porquela realidad fracturó todo lo negociado, tiene que remontar. Pero acerca de los rumores de las últimas horas, y si se necesitara reiterarlo: Vidal mantendrá a su ministro y quiere las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma.
No hay marcha atrás como inicio de cambios importantes porque si el objetivo es liquidar organizaciones mafiosas, se sospecha que así como hay gente honesta y esforzada, hay gente uniformada y con jinetas que sabe más de lo que dice o que es cómplice.
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