Un barra en el alambrado, una de las escenas del bochornoso Boca-River de la Libertadores
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El Boca-River de anoche (14/5) volvió a plantear el problema de la violencia en el fútbol argentino, un problema que según la ONG Salvemos al Fútbol, desde que el kirchnerismo está en el poder ya consumió la vida de 85 personas.
Es urgente una reforma, evidentemente ha fracasado la política de impedir el ingreso de hinchas visitantes a los estadios o de aplicarle derecho de admisión a los jefes de las barras.
El partido desnudó también problemas en cuanto al accionar de las fuerzas de seguridad y otras cuestiones culturales que no se resolverán en las canchas si no tienen solución afuera de los estadios.
Antes de su muerte, Julio Grondona había organizado una jornada sobre violencia con expertos de Inglaterra que lograron frenar a los hooligans, pero dejaron en claro que aquí no se podía replicar lo hecho en ese país porque el factor político y dirigencial no estaba tan articulado con los violentos como acá.
En la gestión K la única reforma sustancial al fútbol fue la creación de los torneos de 30 equipos y prohibir a los hinchas visitantes en los partidos. Muy poco, porque las internas de las hinchadas de los clubes no se desalentaban, como tampoco los choques de barras fuera de los estadios.
En el Congreso de la Nación se creó años atrás una comisión sobre violencia en el fútbol. Sus conclusiones nunca fueron tomadas y la situación siguió agravándose.
En 2006, el por entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, anunció que el Gobierno enviaría al Congreso un proyecto para modificar la legislación deportiva y el Código de Procedimiento Penal a fin de que los jueces puedan evitar que los protagonistas de hechos violentos ingresen a los estadios de fútbol. La idea era que los clubes no tuvieran que ejercer el derecho de admisión.
Así fue como el tema de los 'hooligans' se resolvió pero en el Boca-River de ayer los líderes de la ‘12’ no estaban y los resultados estuvieron a la vista. 9 años después, el Ministerio de Seguridad de la Nación plantea la misma idea con algunos agregados como hacerse cargo del derecho de admisión a cambio de que los clubes resignen el 1% de ingresos y la creación de una base nacional de datos con las identidades de las personas que cuenten con antecedentes violentos o delictivos vinculados al fútbol.
Hasta ahora, el derecho de admisión es aplicado por cada club. La intención del Ministerio de Seguridad es imitar lo que se hizo en el último Mundial, tras un convenio con Brasil, aunque puertas adentro. Es decir, restringir el acceso de los barras e intentar neutralizar su poder de influencia. En el Congreso, hay varias iniciativas similares.
Una propone la creación de un organismo nacional y de una fiscalía especializada en temas de fútbol y barras. Antes, se anunció la tarjeta AFA Plus que serviría como registro de hinchas. Nunca se aplicó. Recientemente el Gobernador Daniel Scioli apoyó un proyecto de Martín Insaurralde pero vio cómo quedó trunco en Diputados y sin debate cuando la diputada Diana Conti consideró que era “una estigmatización".
La iniciativa descartada por el ultrakirchenrismo proponía la “penalización del delito de barras bravas, reventa de entradas” y la creación de fiscalías especiales para los eventos deportivos. El proyecto de ley contemplaba penas en cuanto al “delito de barras bravas” para el que se prevé, en su figura simple, una pena de prisión o reclusión de dos a ocho años.
El proyecto prevé que para “los fundadores, cabecillas, jefes u organizadores de estos grupos y todo aquel que obtuviere provechos, utilidades personales o económicas, el mínimo de la pena será de cuatro años de prisión o reclusión”.
Los expertos en la materia reclaman que la figura de la asociación ilícita se ponga en primera plana y que empiece a ser utilizada por jueces que muchas veces se muestran reticentes a tratar temas vinculados con los desmanes en el fútbol.
“La Justicia está en deuda en lo que refiere a penas vinculadas con violencia en el fútbol. Siendo que en los últimos diez años se incrementó casi en un 17% la cantidad de muertes en el fútbol y las condenas casi no existen, a excepción de dos o tres, como puede ser en el caso ‘Acro’, donde se condenó a los hermanos Schenkler”, explicó a Diario BAE el abogado titular del Movimiento Paz en el Fútbol, Juan Manuel Lugones.
En este contexto, Lugones dejó a la vista un problema que atraviesa a la Justicia en este plano: no existen condenas que se apoyen en la ley nacional específica de violencia en el fútbol, más conocida como “Ley De la Rúa”, 23.187, evidenciándose una falla grave en orden al juzgamiento de contravenciones y delitos.
Según coinciden los abogados consultados, este accionar demuestra a todas luces un fracaso en la persecución del delito, dado que más allá del escaso número de condenas y de procesados, si llegara a existir una condena judicial no se logra que el club aplique el derecho de admisión a los barras y mucho menos se llega a investigar a los dirigentes, mientras que la ley de violencia en el deporte establece sanciones para los dirigentes, jugadores y barras.
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