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| Luis SCERVINO |
Reveló, como al pasar, el superintendente de Servicios de Salud, Luis Scervino, en una entrevista publicada en La Nación, que sus editores no valoraron, que “la liberación del Fondo Solidario de Redistribución es una de las medidas más esperadas por el sindicalismo", y él se apuró en aclarar que no es para dirigentes gremiales, sino "'para las prestaciones'”, según se dice en la nota.
“Los pasivos que tienen las obras sociales están vinculados a lo que pasó con ese fondo. Vamos a empezar por lo de 2015, unos $ 2.700 millones, y habrá que buscar solución para lo acumulado, porque es un fondo muy importante. Hay reclamos por reintegros que quedaron pendientes por $ 3.000 millones, todo eso es anterior a 2012”, sostuvo, e informó que el tema se está trabajando con el ministro de Trabajo, Jorge Triacca, escuchando a las obras sociales.
Además de la oportunidad política de ese ofrecimiento, la restitución de ese dinero está enmarcada en una cuestión más de fondo: que por ser recursos que provienen de una parte de los aportes a la obra social(por lo general, el 15%), el superintendente planea que se retenga también sobre un concepto hoy no alcanzado, como el monto que pagan de su bolsillo algunos asalariados para acceder al plan de una prepaga que vale más que lo pagado a la obra social con la cual la entidad privada tiene un convenio para la derivación de aportes.
Según Scervino, esa ampliación de la base ayudaría a compensar el "desfase" que, a su juicio, generó el hecho de que, al ingresar las prepagas a captar recursos y afiliados del sistema de obras sociales (a través del mecanismo de triangulación de aportes que se habilitó con la desregulación de los años '90), se hayan ido del sistema "los jóvenes y por lo general las personas con menos carga de enfermedades", rompiendo "el componente solidario en la financiación del sistema".
Las obras sociales nacionales tienen unos 14,5 millones de beneficiarios, pero entre ellos hay parte de los 5 millones que están bajo la cobertura de la medicina prepaga.
MONOTRIBUTISTAS
En tal sentido, este médico, que fue director médico de la obra social del sindicato de Obras Sanitarias y desde diciembre está a cargo del organismo que debe regular y controlar a las obras sociales nacionales y a las entidades de medicina privada, dijo a La Nación que se preparan medidas que impactarían en los monotributistas y en los pagos de algunos afiliados a la medicina privada, a partir de promover un proyecto de ley para que los monotributistas tengan que adherir obligatoriamente a todo el grupo familiar primario al plan de salud (para lo cual se paga una cuota mensual que hoy es de $ 323 por persona y que en junio subirá a $ 419), e incentivar a largo plazo un rol más activo del Estado en el financiamiento de las enfermedades más costosas sin importar en qué sector (público, de la seguridad social o privado) se atienda un ciudadano.
Scervino fue uno de los funcionarios que -junto con el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el secretario de Comercio, Miguel Braun- definieron que las cuotas de las prepagas aumentarán un 15% en junio y 5% en julio, reconociendo la necesidad de ese ajuste (y sin descartar que haya otros durante el año) para hacer frente a los gastos, que este año aceleraron su ritmo de alza de la mano de la devaluación y del incremento de las tarifas de los servicios públicos.
La medida se oficializó a través de la resolución 572/2016 del Ministerio de Salud, firmada por el titular de la cartera, Jorge Lemus, y publicada en el Boletín Oficial.
PRESTACIÓN MÉDICA OBLIGATORIA
El titular del Servicio de Salud admitió que se encuentra en pleno proceso de evaluación la prestación médica obligatoria (PMO) que por ley deben cumplir obras sociales y prepagas: tiene que haber prestaciones de las que haya evidencia de que su utilización sea costo-efectiva para el paciente: "Se hicieron evaluaciones de costos pero tenemos dudas de si el PMO va a quedar como está o si habrá que adecuarlo, agregar prestaciones y sacar otras".
Ese trabajo debería estar para diciembre y la nueva norma tendrá que incluir las coberturas obligatorias que fue aprobando en los últimos años el Congreso; en el PMO no está contemplada, por ejemplo, la cobertura de la hepatitis C, y hoy hay un tratamiento altamente efectivo.
Sobre el contenido, se llamó a licitación de precios y se presentaron dos instituciones de muy buen nivel académico y trayectoria, que harán el trabajo, cada una en un área diferente: Isalud (del ex ministro K Ginés González García, luego embajador K en Chile)y el Grupo IECS (Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria).
EL RESULTADO SERÁ DIALOGADO CON LOS SECTORES
Las quejas son pocas en relación con la cantidad de beneficiarios, y el 50% de las que se concretan corresponden a gente que aún no forma parte del sistema y quiere ingresar.
Sobre los amparos judiciales, afirmó que "podrán terminarse de zanjar cuando prospere el proyecto que trabajamos con el ministro de Salud, Jorge Lemus, para desarrollar una agencia nacional de evaluación de tecnologías, que colabore con la Justicia para ayudarla a decir si corresponde brindar una prestación."
Las obras sociales siempre plantearon que deben dar la prestación a los monotributistas por un ingreso que consideran bajo. Si bien en principio el sector fue solidario, se generó una distorsión financiera: la ley plantea que el titular puede voluntariamente incorporar a un familiar cuando quiera y hay monotributistas que los incorporan sólo cuando necesitan las prestaciones y luego dejan de pagar.
“Esa es una irregularidad que hay que corregir por ley -enfatizó Scervino-. Pretendemos que el monotributista incorpore a toda su familia desde que ingresa, sin opción, porque si no hay una selección adversa que rompe el componente solidario.
Por otro lado, el monto que paga está por debajo de la media del sistema de obras sociales y tenemos que generar un equilibrio, con actualizaciones de ese aporte; es algo que últimamente ya está ocurriendo”.
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