PARANÁ. A poco de asumir sus funciones, legisladores e intendentes de Cambiemos, comenzaron a recibir todo tipo de denuncias respecto a lo que estaba ocurriendo con la construcción de viviendas sociales mediante el sistema de consorcios implementado en la provincia, que se financiaba con fondos nacionales a través del Programa de Vivienda Rural y Aborigen del Ministerio de Desarrollo Social y que en Entre Ríos se ejecuta por medio de la Unidad Ejecutora de Programas Especiales (UEPE).
Con la llegada del nuevo gobierno nacional, la ejecución de obras referidas a viviendas quedó bajo la órbita del Ministerio de Interior, Obras Publicas y Vivienda a cargo del ministro Rogelio Frigerio y de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, a cargo del ex intendente de la ciudad de Tucumán, Domingo Amaya.
En una visita realizada el 07/04 pasado, el ministro Frigerio se sorprendió cuando le informaron que los fondos para esos consorcios se seguían enviando desde la Nación. Cuando se lo dijeron, en una breve reunión que dirigentes de Cambiemos mantuvieron antes que el ministro se reuniera con el gobernador Gustavo Bordet, llamó a Buenos Aires para averiguar quién era el funcionario que habilitaba esas transferencias desde el gobierno nacional.
La situación irrita a la dirigencia entrerriana de Cambiemos porque mientras algunos municipios continúan esperando aportes, el dinero sigue llegando de Nación a consorcios que funcionan en distintos puntos de la provincia administrados por dirigentes del Frente para la Victoria y en apariencia sin intervención de algún organismo de control.
Este último aspecto, que le daba a los emprendimientos condiciones propicias para que se conviertan en cajas negras de la política, y el hecho de que en la coordinación de esos consorcios habían quedado referentes políticos territoriales del Frente para la Victoria, abrieron dudas sobre la continuidad del programa.
En otras palabras, carecía de lógica que el gobierno de Mauricio Macri siguiera sosteniendo emprendimientos sospechados de financiar la actividad política de algunos referentes territoriales del kirchnerismo en Entre Ríos.
Sin embargo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, confirmó la continuidad de dicho programa, a la vez que anunció que enviaría al secretario de Vivienda y Hábitat, Domingo Amaya, para dar a conocer de qué forma se seguirá adelante.
La visita del funcionario estaba prevista para el pasado jueves 5/05, pero fue suspendida. Se espera que el mismo acompañe al ministro en la visita programada para este jueves 12/05 a Paraná, aunque hasta el momento no ha sido confirmada la presencia del secretario Amaya.
Si es que efectivamente se va a dar continuidad a la construcción de viviendas bajo ese sistema de consorcios, sería importante que se aclare bajo qué condiciones se hará y cuáles serán los mecanismos de control que se arbitrarán a efectos de evitar cualquier sospecha en el futuro.
Para la implementación de los consorcios el gobierno, mediante la Ley Nº10.197, creó el Programa de Desarrollo de la Infraestructura Social de Entre Ríos (PRODISER) y estableció que sería quien estaría a cargo del manejo de los montos girados por la Nación al Fondo para la Infraestructura Social de Entre Ríos (FISER).
El tema de los consorcios es muy delicado ya que según los informes recabados los montos que se han manejado son de miles de millones. En tal sentido el diputado provincial, José Antonio Artusi (Cambiemos), presentó en la Cámara de Diputados un pedido de informes acerca de los consorcios de viviendas en Entre Ríos.
La iniciativa, que cuenta con la firma de la totalidad de los integrantes del bloque de Cambiemos, solicita al Poder Ejecutivo “que brinde información sobre diversas cuestiones vinculadas con la ejecución de programas de viviendas financiadas por el gobierno nacional y administrados por la Unidad Ejecutora de Programas Especiales a través de consorcios integrados por municipios y otros entes públicos”.
El legislador radical señaló que es notoria "la falta de transparencia y de mecanismos de contralor que caracterizan a estas operatorias". El legislador en su pedido solicitó que se informe acerca de cuantos fueron los montos girados al FISER y cuál fue el manejo que hizo de los mismos el PRODISER, acerca de la cantidad y composición de los consorcios de gestión a cargo de las obras de viviendas sociales en el marco del PRODISER.
Acerca de los mecanismos de contralor implementados por los consorcios de gestión y/o por organismos provinciales a los efectos de asegurar la transparencia y eficiencia del gasto. Acerca del destino de las erogaciones efectuadas a partir de la inversión anual de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, que pasó de un Presupuesto Anual en 2013 de $ 64 millones a $550 millones en 2014 y $2.700 millones en 2015, tal como consigna en la página 237 del Informe de Gestión del Poder Ejecutivo Provincial correspondiente a la Apertura del 137º Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial.
Y por último acerca de la localización, características y costos de las 258 viviendas ejecutadas, las 3918 en ejecución, y las 1912 que tienen convenios firmados en el marco de los programas a cargo de la Unidad Ejecutora de Programas Especiales.
Las cifras involucradas sin duda alguna que merecen alguna explicación por parte de las autoridades locales, pero si el programa de consorcios, como señaló el ministro Frigerio, se continuará con el aporte de fondos nacionales, también.
Salvo que alguien con intenciones políticas futuras piense que mantener el sistema con controles laxos puede ser una buena herramienta para llevar adelante esos planes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario