"Los grandes remarcadores de precios marcan tendencia en la canasta básica que impacta directamente en la inflación y en esto hay dos perjudicados: los productores y el consumidor.
En el medio están los vivos, con ganancias a veces escandalosas, con remarcaciones que en algunos casos superan el 600%. Por eso hemos convocado a este boicot que esperamos que tenga el éxito del que se realizó el 7 de abril último, con 80% de adhesión", señaló el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino.
En una conferencia de prensa que se realizó esta mañana frente a la Facultad de Medicina de la Ciudad de Buenos Aires, Polino pidió "una actitud solidaria y pacífica pero uniforme, en el sentido de dejar de lamentarnos por lo caros que están los productos y mañana no entrar a ningún local de las grandes cadenas, en señal de protesta".
Además, pidió "que el Gobierno nacional deje de apelar a la buena voluntad de los empresarios y haga respetar las leyes vigentes", dado que "los empresarios siempre contestan con el bolsillo", sostuvo.
De la convocatoria, participan también la Defensoría de la Tercera Edad, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la CTA Autónoma, la Federación Agraria Argentina (FAA), la Cátedra de Soberanía Alimentaria, Libres del Sur y el partido GEN, entre un centenar de entidades.
Por su parte, Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, dijo que se suman al boicot "para amplificar la voz de 5 millones de jubilados y pensionados que no pueden subsistir". "Nadie logró hasta ahora demostrar que con 4.950 pesos se puede comer, mantener una casa y comprar medicamentos.
Los jubilados están en una situación de pobreza generalizada", subrayó. Aseguró que "en la misma proporción que aumentaron los alimentos también aumentaron los medicamentos" y agregó que "los alimentos hiposódicos e hipocalóricos son los que más han aumentado".
"En esto hay responsables, las cinco grandes cadenas de supermercados y la falta de políticas activas, que someten a nuestro pueblo y viejos al hambre y a la miseria", afirmó Semino.
En las escalinatas del ingreso a la facultad, donde se ubicaron los representantes de la convocatoria, se emplazaron cajones de frutas y verduras que reflejaban la variación de los precios entre lo que se paga al consumidor y el precio de venta al público en los supermercados.
Entre algunos ejemplos, el kilo de pera se paga al productor $3 y se vende a $30; la cebolla de verdeo se paga $20 al productor y se vende a $70 en los supermercados; el perejil pasa de $10 a $30; en el caso del kilo de limón la variación es de $5 a $17; la cebolla $3,90 a $30; la manzana se paga $3 el kilo al productor y se comercializa a $37; la remolacha triplica su valor de $5 a $15; y la zanahoria se decuplica, pasando de $4,80 a $50.
A su turno, el secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, Hugo Blasco, reiteró el concepto de que "hay dos extremos que son los más débiles de esta ecuación, especialmente pequeños productores, que las grandes cadenas les imponen precios, y los consumidores que se encuentran con precios verdaderamente abusivos, lejos de su alcance, en productos esenciales".
"Estos señores no tienen ningún escrúpulo. Un 80% menos de presencia un día, es 80% menos de ganancia ese día. Estamos proponiendo castigarlos donde más les duele, que es el bolsillo. Hay que enfrentar a estos señores que lo único que pretenden es llevarse lo más que pueden", destacó Blasco.
Por su parte, el secretario general de CTA Capital, Eduardo López, afirmó que "no hay paritaria que alcance", por lo cual "nos tenemos que ocupar de que haya buenas paritarias pero que la ganancia o no de esas paritarias no sea llevada por los cinco grandes supermercados, impuestos o transporte". Advirtió que en el contexto de los aumentos "ya empezaremos a ponerle límite a los servicios, con apagones, y reclamaremos por el boleto educativo".
Agustín Pizzichini, el vicepresidente segundo de la Federación Agraria Argentina (FAA), agregó que "hace tiempo que venimos anunciando la gran transferencia que hay hacia las grandes cadenas". "Este Gobierno no tiene la sensibilidad suficiente para intervenir las grandes cadenas. Todas economías regionales prácticamente están trabajando pérdida y muchos productores han dejado de producir. Los productores no son formadores de precios, son las grandes cadenas las que se quedan con la rentabilidad", señaló.
"Lamentamos que el Gobierno insensible no intervenga en la cadena comercial. Queremos que se cambie la forma de comercialización porque estos mercados centralizadores se quedan con gran parte de la rentabilidad y los productores y consumidores somos los perjudicados", agregó Pizzichini. Por último, invitada por la Unión de Trabajadores de la Tierra, una quintera contó que alquilar la tierra cuesta entre 1500 y 2000 pesos, comprar nylon unos 3000 pesos y cada plantín 41 pesos, y que luego se vende "la jaula de lechuga a 10 pesos y en los supermercados cuesta 50 pesos el kilo".
"Pedimos que nos escuche el Gobierno", resumió. El pasado 7 de abril se realizó la primera jornada de boicot al consumo en los supermercados, que según las entidades logró una disminución de 80% en la concurrencia de compradores habituales en esa fecha. (Télam)
No hay comentarios:
Publicar un comentario