La utilización de organismos del Estado por parte del kirchnerismo se confirma, esta vez con un organismo que hoy tiene a su ex titular en el centro de la tormenta: Ricardo Echegaray.
Mientras se desarrollaba la campaña electoral de 2015, entre agosto y octubre, Ricardo Echegaray, entonces titular de la AFIP, espió a Mauricio Macri y a otras personas vinculadas a la política y al entorno cercano al actual presidente.
Una auditoría interna de la AFIP, que llegará en las próximas horas a manos del juez federal Claudio Bonadio, según publicó el diario Clarín. En el informe se detalló que se produjeron ocho accesos a datos sensibles referidos a Macri y que las órdenes de realizarlos salieron de los colaboradores directos del ahora Auditor General de la Nación (AGN).
Las maniobras de espionaje fueron analizadas desde el área Sistemas y Telecomunicaciones de la AFIP, desde donde revelaron que la lista de personalidades investigadas incluye además al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y a varias personas cercanas del entorno de Macri como su esposa Juliana Awada; su amigo, el constructor Nicolás Caputo; y el presidente de Boca, Daniel Angelici.
Bonadio también aparece en la lista entre los enlistados por aquel escrito. Por otro lado, tal como indica la publicación, la AFIP de Echegaray, asimismo ingreso a carpetas fiscales de sus rivales políticos como el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su esposa Alessandra Minicelli; y del ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli.
El “control” de Echegaray: ¿De dónde venían estos pedidos? La mayoría surgieron de “Control de Gestión”, que dependía de la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas y que había sido creada por orden de Echegaray en marzo de 2015 con el objetivo de “confeccionar informes de situación fiscal (patrimonial, participantes, relaciones, etc.) de determinados ciudadanos y empresas”.
En cambio no se pudo constatar filtraciones de información sobre otras figuras involucradas en la causa que maneja el juez Bonadío, que acaba de dictar el primer procesamiento de Echegaray en otro expediente judicial, vinculado con una falsa denuncia del funcionario kirchnerista contra el actual ministro de Finanzas, Alfonso Prat Gay.
Fue ese procesamiento el que convenció al macrismo de avanzar con los trámites para pedir la revocatorio del mandato de Echegaray en la AGN. También por dicho proceso dentro de la AFIP se deberá iniciar un sumario interno que indague sobre el comportamiento de Echegaray, quien todavía es empleado estable de la Aduana, en la que comenzó a trabajar en 1996 en Río Gallegos.
A raíz de esta auditoría sobre el sistema informático, que abarca un plazo que va desde principios de 2015 a marzo de este año, ahora se sabe que “no hubo consultas al sistema” sobre el actual titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, ni sobre los jueces federales Ariel Lijo, Rodolfo Canicoba Corral, Julián Ercolini, Norberto Oyarbide, Eduardo Farah y Jorge Ballesteros.
También se auditó qué sucedió con las carpetas de las empresas vinculadas a los empresarios kirchneristas Cristóbal López y Lázaro Báez, y a IECSA, la constructora de Angelo Calcaterra, primo de Macri.
En estos tres casos se detectaron decenas de consultas al sistema, pero por ahora es prematuro determinar si se trató de filtraciones, debido a la gran cantidad de causas judiciales en las que aparecen.
Dentro del actual gobierno de Cambiemos también existen procesamientos por la utilización de información “sensible” de la AFIP.
El pasado 9/05 El fiscal Eduardo Taiano, solicitó la imputación del titular de la AFIP Eduardo Abad y de la diputada Elisa Carrió, por presunta “violación de secreto” al difundir información patrimonial de personalidades públicos.
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