Rodolfo Pedro González Martínez junto a su esposa, Josefa de González.
En su última carta (26/02/2015) le escribió: "Quiero confesarte que tengo dos grandes amores en mi vida, la primera es una bella morena que hoy permanece secuestrada y se llama Venezuela. Mi otro amor eres tú, mi gran cómplice y compañera de vida durante estos 44 años. Mi amor, quiero decirte que mi compromiso es luchar hasta vencer, porque estoy seguro que nos quedan muchas horas de vuelo juntos."
por XABIER COSCOJUELA
CARACAS (Tal Cual). La responsabilidad por la muerte de Rodolfo González es exclusiva del gobierno de Nicolás Maduro. No solo porque la Constitución lo establece en su artículo 43 y los convenios internacionales suscritos por Venezuela lo ratifican, sino porque como lo dice la hija del fallecido, Lissette González.
Todo indica que fue inducido al suicido por las informaciones que le suministraron algunos funcionarios policiales y judiciales, en el sentido de que sería trasladado a alguno de los infiernos que son las cárceles venezolanas, donde los presos han muerto por cientos bajo la “revolución”.
Hasta el momento de escribir este editorial se han pronunciado el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Gustavo González López, mientras que la Fiscalía envió un comunicado donde anuncia el inicio de las investigaciones.
Pero el Ministerio Público es responsable también de lo ocurrido, pues González iba a cumplir un año en prisión y todavía el juicio en su contra no se había iniciado. Lo mismo se puede decir de la Defensoría del Pueblo, cuyo titular a pesar de tener poco tiempo en su cargo, pudiera haber ya realizado alguna gestión para que el proceso judicial se iniciara.
Por cierto que Tarek William Saab estuvo presto a señalar que los sancionados por Estados Unidos no tenían bienes en ese país, pero sobre el suicidio de González ha guardado, hasta este momento, un estruendoso silencio.
El ministro de Relaciones Interiores aseguró que no se tenía pensado trasladar a los presos del Helicoide a ninguna prisión, pero esa no es la información que manejan los familiares y personas defensoras de los derechos humanos.
Provea recordó a través de Twitter que una amenaza de ese tipo se le hizo a los estudiantes detenidos en el estado Lara.
Por lo que se ve, la práctica no es nueva y para la tortura sicológica también sirven las cárceles nacionales.
Si el gobierno de Maduro se tomara en serio el tema de los derechos humanos, debería hacer una profunda investigación al Servicio Bolivariano de Inteligencia, su policía política, pues lo que ocurre en sus calabozos está dejándolo muy mal parado.
La Tumba, esa cárcel que funciona en la Plaza Venezuela de Caracas, emana cada vez un mayor hedor.
El suicidio de González, es otra señal de lo mal que andan las cosas en esos predios.
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