por GUILLERMO LOCANE
CIUDAD DE BUENOS AIRES. Que la Argentina es un país pendular es un hecho ampliamente reconocido. La política y la economía dan cuenta de ello y, por supuesto, los impuestos no podían ser la excepción.
El péndulo en esta materia se movió de la siguiente manera: en poco más de una década pasamos de ser un país con una presión fiscal baja, casi inadvertida para la sensación y el bolsillo de los contribuyentes, con administraciones fiscales inofensivas, relativamente ineficientes y permisivas, a ser un país saturado de impuestos, con presión fiscal alta y puntera en los rankings mundiales, notoriamente sentida (sufrida) por los contribuyentes, con administraciones tributarias opresivas, relativamente eficientes en su cometido, pero con tendencia a prácticas cargosas y en ocasiones abusivas, con excesos que invaden inalienables derechos de los contribuyentes.
Esta situación de saturación por alta presión fiscal y abusiva de la administración tributaria puede provocar en el futuro nuevas situaciones de rebelión y protestas, como las vividas en ocasión de la Resolución 125 o por el impuesto a las ganancias sobre sueldos.
Con repercusiones inconmensurables para todo el sistema en su conjunto.
Nuevos impuestos (algunos de carácter municipal, como la sobretasa aplicada a la venta de combustibles) y nuevos abusos (como la quita o suspensión del CUIT, que efectúa la AFIP, aun con pronunciamientos adversos por parte de la Corte Suprema de Justicia) no son buenas noticias al respecto.
La gran incógnita, entonces, es saber si lo que vendrá será un nuevo tiempo donde el poder político sea capaz de poner freno a la presión fiscal, y además ofrecer el camino hacia una nueva matriz tributaria y también nuevas maneras de atender los derechos de los contribuyentes (como las que aplican en otras partes del mundo) bajo la forma de estatutos, cartas de derechos, ombudsman y defensorías, que promueven una relación respetuosa y limitan los abusos administrativos sobre el ciudadano común, sin limitar los recursos de fiscalización y control necesarios para enfrentar la evasión.
No se trata, ni es posible ni se plantea aquí, que el péndulo tributario vuelva a situaciones de bajas recaudaciones o débiles administraciones, sino que los impuestos y su administración se ubiquen en un justo término, alejado de los extremos.
Para lo cual habría que tener como premisa lo siguiente:
◆ Que los impuestos no afecten la eficiencia en el uso de los recursos. Es decir, no deben hacer que una persona trabaje menos o desinvierta su capital por influencia negativa de los tributos. En general, se debe buscar que los impuestos incentiven la actividad productiva.
◆ Que los impuestos favorezcan la redistribución social del fruto del esfuerzo colectivo.
◆ Que los impuestos sean flexibles. Esto significa que los impuestos se deben acomodar a las circunstancias económicas del lugar y los contribuyentes, y no al revés.
◆ Que los impuestos tengan la necesaria cuota de simplicidad. Es decir que, aunque detrás de los impuestos haya teorías que en muchos casos resultan complejas, es necesario que éstos sean sencillos de imponer y recaudar para evitar que se produzcan incumplimientos basados en su complejidad.
◆ Que las agencias tributarias desempeñen su gestión en virtud de una sólida base legal y cumplan su tarea en forma implacable y molesta contra la evasión, pero considerada y respetuosa con aquéllos que cumplen sus obligaciones fiscales. Vale la pena intentarlo para que lo que venga tienda a ser mejor que lo que se va.
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