CIUDAD DE BUENOS AIRES (Idesa). El Congreso Nacional aprobó una ley impulsada por el oficialismo prohibiendo el cobro por la enseñanza y los exámenes de ingreso a las universidades públicas.
En particular, la nueva ley prohíbe a las universidades públicas la imposición de cualquier tipo de arancel o tarifa, no sólo a los alumnos sino también a cualquier entidad pública o privada, por ofertar educación.
Asimismo establece que el ingreso a la universidad debe ser de manera libre e irrestricta, y que las universidades deben prever cursos de nivelación. El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados en el año 2013. Es decir que permaneció dos años en el Senado sin tratamiento.
Resulta sugerente que su sanción se produzca sin grandes debates previos en un contexto político signado por el resultado electoral adverso para el oficialismo en la primera vuelta y a pocos días del ballotage.
La meta declarada del proyecto es dar acceso a la universidad a los hijos de las familias de menores ingresos a través de la prohibición del arancelamiento y el ingreso irrestricto.
Para evaluar la eficacia de estas medidas hay que indagar en las barreras actuales que operan restringiendo el acceso a la educación superior. En este sentido, en base a datos del Ministerio de Educación de la Nación se puede estimar de manera aproximada que:
- Sólo el 38% de los adolescentes termina la secundaria en la edad programada.
- Entre los que asisten a escuelas privadas, el 59% la termina en tiempo.
- Entre los que asisten a las escuelas estatales, el 31% termina en tiempo.
Estos datos muestran que la mayoría de los adolescentes tiene problemas para terminar la educación media. Prácticamente 6 de cada 10 jóvenes no termina la secundaria a tiempo. El problema es mucho más intenso entre los alumnos de las escuelas estatales que, en general, es donde concurre la gente de menores ingresos.
En los establecimientos estatales 7 de cada 10 adolescentes se retrasan o no terminan la secundaria. Es evidente que la principal barrera que enfrentan los adolescentes argentinos para acceder a la educación superior es que no terminan en tiempo la secundaria.
La ley sancionada por el Congreso está impregnada de hipocresía, demagogia y mediocridad. Se promete gratuidad y eximición de exigencias académicas para acceder a la universidad cuando una enorme proporción de jóvenes, especialmente los más pobres, tiene el acceso vedado por la mala calidad de la educación básica.
Apenas el 12% de los egresados de la educación superior integran los hogares pobres, mientras que más de la mitad se ubican en los tres deciles de mayores niveles de ingreso que, en su mayoría, egresaron de escuelas de gestión privada.
Los aspectos más contradictorios y perversos de la ley son disponer que las universidades deban enseñar a los jóvenes lo que no aprendieron en el nivel medio, que a la gente de altos ingresos se les garantice universidad totalmente gratis y asumir que para los más pobres alcanza con prometerles el acceso sabiendo de antemano que nunca lo podrán concretar porque no terminan la secundaria.
El cambio que necesita el sistema educativo argentino es una escuela secundaria más inclusiva y con elevada calidad de los aprendizajes. Esto requiere modernizar contenidos, elevar exigencias académicas, incorporar tecnología y equipamiento para el aprendizaje, y fundamentalmente transformar las reglas laborales para estimular y premiar a los docentes que se comprometan con la formación de sus alumnos.
En paralelo, establecer un sistema de becas y préstamos promocionados de largo plazo para posibilitar que las familias de más bajos ingresos puedan mantener a sus hijos en la educación media. La promesa de gratuidad e ingreso irrestricto a la universidad sólo se puede entender como un recurso de última instancia para tratar de convencer a la población de que con su voto le permita al oficialismo permanecer en el poder.
Apelar a la demagogia y al populismo en la competencia electoral degrada el sistema democrático. Pero más grave aún es que se apele a leyes que, no sólo contienen promesas incumplibles y futuras frustraciones, sino que agregan nuevos factores de degradación de la educación argentina. En este sentido, la apuesta por la mediocridad es el legado más negativo que deja esta nueva ley.
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