(TN) - El Ejecutivo no solo avanza en las auditorías a los sindicalistas, con una batería de medidas en pleno avance de causas contra la corrupción en los gremios. Ahora prepara un plan para controlar la entrega de los planes de trabajo a organizaciones sociales, con el objetivo de reducir el manejo de los dirigentes en estos programas, que reciben más de 260 mil beneficiarios.
Esta medida surge después de un año de conflicto con el sector, a pesar de la fuerte inversión del Gobierno en materia social, y por el malestar que generó en la Casa Rosada la sucesión de piquetes y protestas contra el Gobierno en las calles.
El plan del Ejecutivo es el crecimiento de centros de capacitación y formación profesional a los que asisten los beneficiarios de diversos planes sociales, como "Argentina Trabaja", "Ellas Hacen" y "Desde el Barrio".
Las personas incluidas en estos programas deben participar de los cursos para cobrar $ 4.430 mensuales. En la práctica esto se traduce en un recorte del poder que los jefes de las asociaciones sociales tienen en el manejo de las planillas de asistencia.
En el Gobierno sospechan que estas planillas se usan para obligar a los beneficiarios a participar de las protestas y que, caso contrario, los hacen figurar como "ausentes", consigna Clarín.
Las claves de la medida pasarán por ampliar la oferta de las formaciones a una mayor cantidad de institutos primarios, secundarios y terciarios, y que además puedan elegir a qué lugar asistir para capacitarse.
EL VÍNCULO DEL GOBIERNO CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
En el primer tramo del Gobierno, la estrategia pasó por un aceitado diálogo con las organizaciones, tanto de parte de la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley como de sus funcionarios. Aunque con el tiempo se tensó el vínculo, a pesar de que la Casa Rosada accedió a reclamos de los dirigentes como la Ley de Emergencia Social, a la que el Ejecutivo se había resistido en un principio por su alto costo ($ 30 mil millones adicionales en materia social).
Esta medida había sido reclamada por los dirigentes más combativos, de mayor presencia en las calles, como el jefe de la CTEP Juan Grabois (de estrecha relación con el Papa Francisco), el líder de Barrios de Pie Daniel Menéndez y el de la CCC Juan Carlos Alderete. Desde el Gobierno indicaron que hay unanimidad para avanzar en esta línea.
El propio Mauricio Macri, en la primera reunión de Gabinete del año, se pronunció en este sentido. "Como pide el Papa, hay que insistir con la cultura del trabajo", le dijo el Presidente a sus ministros, y ratificó: "Solo generando empleo de calidad se va a poder reducir la pobreza y garantizar la igualdad a todos los argentinos".
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