(U24) - Tras la polémica que generaron los dichos de Nicolás Massot (foto), jefe del bloque de diputados PRO, a raíz de su propuesta de "cerrar capítulos" de la del 70 como se hizo en Sudáfrica y "llamar a la reconciliación", la provincia de 'Río Negro' anunció que comienza con la reparación histórica de la primera tanda de cesanteados por la dictadura.
La polémica se disparó ante las declaraciones del jefe de bloque de diputados PRO en una entrevista con el diario 'Clarín' donde dijo que "lo que no puede pasarnos, y no les pasa a sociedades que han vivido situaciones como la nuestra, es que generaciones que ni siquiera vivimos esa época tengamos que seguir dedicándole el tiempo que tendríamos que dedicar a los combates de la actualidad, que son la inflación, la pobreza y la informalidad laboral".
"La idea de Massot de plantear una reconciliación con lo sucedido en los 70 es un intento más de este Gobierno de mandar al olvido lo que nos pasó como sociedad", aseguró la diputada nacional Cecilia Moreau, del Frente Renovador, en declaraciones periodísticas.
"Lo que plantea es que nos olvidemos que muchos de los nombres que hoy están en el Gobierno se repiten si miramos los actores de aquella época”, agregó y concluyó la hija del histórico dirigente radical ahora reconvertido en ultra K: "Es cierto que las generaciones nuevas por suerte no vivimos lo que fueron esos años, pero el deber social del Estado es mantener viva la memoria para que no se vuelvan a repetir los errores del pasado.”
Agustín Rossi, jefe del bloque de Diputados del FpV, le dijo a Página/12 que "reconciliarse con los que violaron, torturaron, robaron bebes, olvidarse de que en el mundo hay una cantidad de adultos apropiados ilegalmente por la dictadura que no conocen su identidad me trae a los peores momentos en la lucha por la vigencia por los derechos humanos".
Además, planteó que los dichos de Massot son el corolario que completan un círculo de reacciones que tienen que ver con "el retroceso de Derechos Humanos" y habló de "las prisiones domiciliarias para represores" y agregó que "no hay que olvidarse que ellos (por el presidente Mauricio Macri) hablaron del 'curro de los derechos humanos' y banalizaron la cantidad de desaparecidos".
Cristina Britez, diputada del FpV por Misiones, y dirigente ligada a La Cámpora, también reaccionó vía Twitter por los dichos de Massot. "Mientras Néstor bajaba los cuadros de Videla, Bignone y encarcelaba genocidas, este Gobierno los homenajea y los libera".
Humberto Tumini, dirigente de Libres del Sur, apuntó contra Massot al decir que "de lo que se debería preocupar es de que se sepa qué pasó con los desaparecidos y con los bebés robados por los dictadores".
"El 'joven' Massot, sobrino de Vicente Massot, acusado por delitos de lesa humanidad, es el vocero de los victimarios: los genocidas y los partícipes civiles", indican vía 'Twitter, desde HIJOS Capital.
Massot, en la entrevista con 'Clarín', había citado "un ejemplo muy importante. Como el que se vivió en un contexto diferente con el apartheid. Pero creo que con los años 70 hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a la reconciliación".
A la par de estos dichos, el diario 'Río Negro' informó que comienza con la reparación económica 2018 de la primera tanda de cesanteados durante el último gobierno militar. Se trata de unos 70 exestatales rionegrinos que "completaron los requisitos exigidos por la ley de Reparación N° 5.042, según el registro elaborado en la Secretaría de Derechos Humanos", informa el matutino.
Los resarcimientos fueron fijados en un equivalente de 30 salarios mínimos, garantizándose unos $250.000, en forma individual para este año. En Economía prevé cancelarlos con bonos, aún no disponibles, y ese ministerio estimó el impacto de esos pagos en $700 millones.
Sin embargo, Derechos Humanos, que depende de Educación, proyectó un desembolso total de unos 70 millones. Una diferencia importante de estimación aunque en Economía ratificaron la cifra, mientras que en Derechos Humanos afirman que hasta el momento se recibieron un total de 236 consultas de potenciales perjudicados por los despidos aunque las planillas confeccionadas con requerimiento del beneficio alcanzan a 120. Y concluyó que 70 peticiones ya están listas para el cobro del resarcimiento.
Las 50 que faltan, quienes se presentaron, deben completar documentación que le falta, legalización de originales o bien se deben rastrear decretos que los involucre, y puedan ser comprendidos dentro de la norma. Como aún no hay fechas precisas de pago, afirman que no quieren generar expectativas entre quienes deben recibir la indemnización, y que la norma no estipula la forma de pago aun cuando en otras jurisdicciones provinciales se abona en cuotas.
En Economía afirman que la cancelación se cumplirá con bonos, pero sin precisar sus características. La norma reconoce el derecho a un resarcimiento económico a los agentes de la administración publica provincial prescindibles, cesanteados, exonerados o forzados a renunciar, durante el periodo entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
Comprende a agentes municipales, de empresas públicas, asociaciones y organismos intervenidos durante la última dictadura militar. En su aplicación ya cobra notoriedad ciertas dilaciones en virtud de que el articulado aprobado por la Legislatura es de mayo de 2015, y recién fue reglamentada el 14 de julio del año pasado.
Además, su cancelación anticipa reclamos porque el texto establece que la indemnización se debe abonar "en un plazo que no podrá exceder los 60 días contados a partir de la incorporación al Registro Provincial de Reparación Histórica".
Cabe remarcar que hay agrupaciones de cesanteados en más de la mitad de las provincias de la Argentina.
No hay comentarios:
Publicar un comentario