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| Juan José Aranguren, el ministro de Energía de Mauricio Macri. (Foto: NA). |
(U24) - En la Argentina no existe un plan de largo plazo para el sector eléctrico, expresado en forma pública y transparente y faltan incentivos a la competencia en la generación y comercialización minorista, algo que perjudica a los consumidores. Esa es la conclusión a la que arribó el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), una ONG que colabora en pos de "construir mejores políticas públicas".
La entidad publicó el documento 'Repensar la política regulatoria ante el retiro de los subsidios a la electricidad", en el que sostiene que el Gobierno nacional "continuó con la política de financiamiento, instalada en la gestión anterior, a través de contratos de compra de energía (PPA, por su sigla en inglés), para garantizar la disponibilidad de generación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) sin explicar la racionalidad de esta modalidad".
"Se estima que ese tipo de contratos de inversión provocará que los consumidores asuman costos adicionales por US$2.700 millones en los próximos 12 años", añade.
El documento fue elaborado por Diego Bondorevsky, investigador principal del programa de Desarrollo Económico de CIPPEC, quien resalta que falta un estudio integral de los costos de una política de generación distribuida para identificar los cambios regulatorios necesarios, indica un comunicado.
“Dado que los usuarios afrontarán estos costos en los próximos años, independientemente de si consumen en el pico de demanda, los contratos PPA pueden ser vistos, desde su óptica, como una deuda compulsiva y encima muy cara para todos los consumidores”, sostiene Bondorevsky.
El documento parte de una descripción de cómo evolucionó la regulación del sector eléctrico desde 1992 para luego abordar la actual coyuntura y, en particular, la de la generación eléctrica, explica el documento.
"La eliminación de los subsidios a la electricidad debe hacerse pero con un plan de largo plazo expresado en forma pública y transparente", subraya Bondorevsky, quien además llama a plantear cómo las políticas regulatorias del sector afectan a los consumidores.
"La actual política de reducción del déficit energético se enfoca en cuánto de los costos actuales se trasladan a los consumidores y no tanto en qué costos se trasladan; hay que poner la conducta del consumidor en el centro de la escena regulatoria, como principal fuente de reducción de costos y de competencia en la comercialización minorista de electricidad", enfatiza el investigador principal de CIPPEC.
"El consumidor debe dejar de ser pasivo como lo fue cuando se beneficiaba de tarifas bajas", sostiene.
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