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| SILVIO MOREYRA |
PARANÁ. Cuando se comienza a investigar sobre las historias que se conocen del Instituto de la Obra Social de los empleados de la administración pública de Entre Ríos (IOSPER), empiezan a entrelazarse con cuestiones impensadas de que puedan suceder.
Indagar sobre lo que ocurre con las prestaciones, o los vericuetos de las licitaciones para la adquisición de medicamentos, material ortopédico, etc., resulta una tarea complicada ante la maraña burocrática que existe y que sin dudas es la que permite que al mismo tiempo coexistan innumerables maniobras de corrupción.
El IOSPER, cuenta con un presupuesto de más de $1.200 millones, producto del giro que mes a mes le hace el gobierno por los aportes patronales y de los trabajadores administrativos. Según las estadísticas, la institución expende 100.000 órdenes mensuales; 120.000 prácticas por mes.
También en el mismo lapso de tiempo, autoriza casi 2800 internaciones; 250 cirugías de cataratas; 35 cambios de prótesis de rodillas; 30 caderas. Se reintegran $14 millones mensuales y se otorgan coberturas por más de 1.100 cuidadores domiciliarios, entre los datos más significativos.
El gasto en medicamentos es de cerca de $50 millones mensuales. Sin embargo al deshilvanar, aunque sea mínimamente esa enredada madeja burocrática, comienzan a aparecer datos que hacen dudar sobre las razones de ese déficit.
Por empezar hay que señalar que el presidente, el directorio del instituto y las principales gerencias -14 personas en total- cobran entre todos cerca de $800.000 mensuales en sueldos. Haberes que están muy por encima de lo que cobra un ministro provincial o un legislador y más cercanos a los que percibe un juez del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
Ni hablar si la investigación se centra sobre algunas de las prestaciones del instituto o sobre las compras que se realizan de medicamentos, materiales ortopédicos, o de elementos para las oficinas del mismo.
El IOSPER está presidido por representantes de los distintos gremios que componen la administración pública. Allí tienen representación los propios empleados del instituto, los judiciales, trabajadores del área del poder ejecutivo, de los municipales, del poder legislativo, policía, docentes y jubilados.
En la actualidad, la presidencia se encuentra en manos de Isaías Cañete, un representante de los trabajadores judiciales y del Legislativo, nucleados en la Asociación del Personal Legislativo (APLER) y la Asociación Judicial de Entre Ríos(AJER).
Cañete es una continuidad de la anterior gestión salvo que, por entonces, la presidencia estuvo a cargo de un representante de los trabajadores del Legislativo. El mandato de las actuales autoridades finalizará en el año 2018.
Es importante destacar la relación del IOSPER con estas dos agrupaciones gremiales para entender un poco el porqué de la falta de interés tanto de la Justicia, como del Legislativo, en controlar efectivamente lo que ocurre en el mismo.
APLER, por ejemplo tiene como secretario general al actual diputado provincial y presidente de la UCR entrerriana, Fuad Sosa. Los gremialistas de AJER a su vez no han mostrado el mismo interés que tenían años anteriores sobre el deficiente accionar de la justicia.
El anterior presidente del IOSPER, Silvio Moreyra, es quizás el mejor ejemplo para mostrar lo que ocurre en el instituto y las desprolijidades que se dan. Moreyra es, hasta ahora, el único denunciado cabalmente ante la justicia por su accionar al frente del IOSPER.
Pero la causa contra Moreyra duerme en los Tribunales de Paraná desde el año 2014, cuando el abogado Carlos Reggiardo lo denunció aportando pruebas más que suficientes que acreditaban el impresionante e injustificado crecimiento patrimonial de Moreyra durante su paso al frente de la obra social.
Es una forma de “cuidarlo” por el conocimiento que tiene acerca de todas las maniobras que se realizan. Como muestra de la necesidad de “cuidar” a Moreyra y fundamentalmente “la caja”, también se lo premió designándoselo director del flamante Centro de Medicina Nuclear, que también depende del IOSPER, para que se ocupe del manejo de los fondos destinados al equipamiento del mismo.
Además, el ex gobernador Sergio Urribarri puso todo su empeño para lograr que quedara como intendente de la localidad Santa Elena, donde Moreyra reside. Según un informe interno del IOSPER, Moreyra habría logrado que unas 600 personas figuren como contratados en la obra social en Paraná, pero viven en Santa Elena.
Difícilmente puedan recorrer todos los días los 150 kilómetros que los separan de su lugar de “trabajo”. En fin, lo de Moreyra es un ejemplo de los negociados que ocurren en el IOSPER, una caja de Pandora administrada en desmedro de los trabajadores que son el sostén de la estructura y que, a cambio, reciben un pésimo servicio de salud.
El IOSPER es a la vez una prueba de fuego para el gobernador Gustavo Bordet, si es verdad lo que dijo en su discurso al inaugurar el 160° período legislativo respecto a que en su gobierno no se tolerarán “ñoquis” y la salud de los entrerrianos será una de sus mayores preocupaciones.
El actual ministro de Salud de la provincia, Javier de la Rosa, fue director del IOSPER hasta 2015, y sin duda debe conocer muy bien esos “vericuetos” por donde se filtrarían, según cálculos estimativos, unos $10 millones mensuales que, de acuerdo a fuentes muy confiables y que dicen conocer la “operatoria”, tienen como destino distintos “beneficiarios” relacionados con el poder de turno.
A lo mejor ha llegado la hora de hacer que lleguen donde verdaderamente se los necesita y dejen de favorecer a personajes como Moreyra y quien sabe cuántos más.
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