El juez federal Ariel Lijo aceptó sumar a la Oficina Anticorrupción como parte querellante en el marco del denominado caso Ciccone, en la que el ex vicepresidente Amado Boudou se encuentra procesado.
De este modo, hizo lugar a un planteo realizado días pasados por la titular de ese organismo, Laura Alonso, quien pidió la incorporación del organismo con la intención de proponer medidas de prueba, aportar elementos, y recurrir o apelar las decisiones del proceso.
"Dada la relevancia política e institucional del caso y que la causa podría elevarse a juicio oral pronto, decidimos solicitar la incorporación de la Oficina Anticorrupción como querellante para participar de esa instancia y colaborar con la Justicia en la búsqueda de la verdad", había planteado la titular de la OA en su presentación ante Lijo.
De acuerdo a la agencia Télam, la resolución del juez federal en lo Criminal y Correccional número 4 –con fecha del miércoles último pero difundida este viernes- se sumó a otras dos en el mismo sentido, que también aceptan la incorporación de la Oficina Anticorrupción como querellante en otros dos expedientes.
Uno de ellos es el que investiga la intervención de la sociedad The Old Fund –dirigida por Alejandro Vandenbroele- en la reestructuración de la deuda de la provincia de Formosa cuando era gobernada por Gildo Insfrán y Boudou era ministro de Economía de la Nación.
En tanto, la otra causa en la que, a partir de ahora, la Oficina Anticorrupción pasará a ser querellante es la que investiga por presunto enriquecimiento ilícito a la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura y a su esposo,Manuel Somoza.
En el marco del expediente en el que se investigan irregularidades en la compra del 70% de las acciones de la imprenta Ciccone Calcográfica, se encuentran procesados Boudou, José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner, y Guido Forcieri.
Actualmente, esa causa se encuentra a las puertas de ser elevada a juicio oral y público. De todos modos, a fines de diciembre pasado, el fiscal federal Jorge Di Lello había pedido la profundización de medidas de prueba y la citación a más indagatorias antes de dictaminar el envío del expediente a juicio oral.
A esas medidas, se sumarán ahora las que solicite la Oficina Anticorrupción.
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