La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó en San Carlos de Bariloche (Río Negro), a los gobiernos provinciales, el protocolo para regular la protesta social, que apunta a que las manifestaciones se realicen en orden y sin afectar "la libre circulación".
La ministra afirma que alcanzó su objetivo de "encontrar un consenso con las provincias que nos permita homologar una propuesta conveniente para todos". También se aprobaron prioridades como "el combate de los delitos complejos", la formación y la "evaluación psicológica" de los postulantes a policías.
El Consejo de Seguridad Interior se reunió por 1ra. vez en Río Negro, con una curiosidad: la ciudad anfitriona acumula una cantidad apreciable de protestas sociales, desde la reacción por el asesinato de Diego Bonnefoi, que terminó con el crimen de otros 2 jóvenes, Sergio Cárdenas y Nino Carrasco, hasta los saqueos de 2012, cuya causa judicial aún no está resuelta.
Otro de los temas abordados fue el programa de Emergencia de Seguridad Pública, presentado por la ministra de Seguridad de la Nación, quien manifestó que el propósito será la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.
El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, pidió dejar de ver a la Argentina como un país de tránsito en cuanto al tráfico de drogas, y advirtió que se debe ver actualmente como "un lugar de consumo y de elaboración".
A partir de esta definición se anunció que el gobierno nacional invertirá en la instalación de radares móviles para los "puntos ciegos" de la frontera, además de detectores de pasaportes y explosivos.
El ministro rionegrino, Gastón Pérez Estevan, destacó la adhesión a un protocolo que cada provincia deberá debatir y diseñar uno propio con los legisladores y con el Poder Judicial. La web Infobae publicó un compacto de lo que articula Patricia Bullrich para detener la ocupación de espacios públicos:
1. Obliga a todas las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires a cumplir el protocolo.
2. Se ratifica que las protestas que impiden la circulación son delitos penales, tipificados en el artículo 194 del Código Penal, que establece: "El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, provisión de agua o sustancias energéticas, será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años."
3. Divide las protestas en "espontáneas" y "programadas".
- Programadas: son aquellas informadas por los líderes de la manifestación con anticipación a las autoridades.
- Espontáneas: todas las no programadas.
4. En todos los casos, se ratifica que se debe garantizar la libre circulación de personas y bienes.
5. Ante una protesta se establecerá "un espacio de negociación para que cese el corte y se dará aviso a la Justicia".
6. Luego, el jefe del operativo de seguridad impartirá la orden por megáfonos o a viva voz para que se permita la libre circulación.
7. Si no se cumple la orden, y bajo apercibimiento de ser acusados de violar el artículo 194 del Código Penal, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia.
8. Se pondrá en conocimiento del magistrado competente y se procederá a intervenir y disolver la manifestación. Para ello, las instrucciones de la autoridad policial se harán por medio de frases cortas y claras.
9. No se podrá estar con palos ni elementos contundentes o inflamables, tipo molotov, o pirotecnia. En caso de haber manifestantes con esos elementos se procederá a aislar e identificar a las personas.
10. El uso de la fuerza debe respetar los principios de Legalidad, Oportunidad, Último recurso frente a una resistencia o amenaza y gradualidad.
11. Liberadas las vías de circulación, se procederá a establecer una instancia de negociación con el líder o representante del grupo de manifestantes, a los fines de canalizar sus reclamos.
12. Si llegase a haber daños, se promoverá "acción civil" para que se repongan los bienes dañados.
13. Si hay detenciones, se informará el motivo del arresto, se dará lectura de sus derechos y se procederá a su inmediato traslado.
14. Para los medios de comunicación se establecerá "una zona determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento." Se impide confiscar o destruir material o herramientas de trabajo de los periodistas.
15. Habrá un jefe de operativo y un oficial superior y un responsable político que dependa de las autoridades nacionales o provinciales, según corresponda.
16. Las fuerzas de seguridad deberán acompañar la desconcentración de la manifestación.
17. Se procederá a la filmación (video y audio) y fotografía de los operativos, para el caso de ser requeridas posteriormente por la Justicia, o permitan evaluar el desempeño del personal interviniente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario