Manifestantes que reclaman la liberación de la dirigente kirchnerista Milagro Sala realizan cortes en el acceso sur a San Salvador de Jujuy, en la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro, en la ruta 9 a la altura de Humahuaca y en la ruta 66 a la altura de la finca El Pongo.
El bloqueo en el acceso sur, donde se encuentra una casilla de información turística, impide completamente el paso hacia y desde Alto Comedero y provoca un gran embotellamiento de tránsito.
En el lugar se encontraron unos doscientos manifestantes, indicó la Policía. En prevención de incidentes, la Policía montó vallas en las calles que rodean la Casa de Gobierno y en la zona solo se permite el tránsito peatonal.
La detención lleva más de un mes y, si bien se llevó adelante por "incitación a la violencia", nuevos datos sobre la militante han aportado elementos para otras causas.
Mariano Miranda, fiscal de Estado de Jujuy dijo esta mañana a Pablo Duggan en Duggan Bien Temprano por AM 950 Belgrano que "Milagro Sala se encuentra imputada por los delitos de asociación ilícita, defraudación al Estado y extorsión".
"Es muy grave", sostuvo y agregó que le acercará información sobre la causa al Papa Francisco "para explicarle por qué Milagro Sala está presa".
El letrado aclaró que "todavía no se ha dictado ningún acto de procesamiento". "Sala fue detenida en una causa iniciada por ocho cooperativistas donde fue acusada de apropiarse de fondos públicos. Ella retiró más de 30 millones de pesos para su grupo Tupac Amaru que tenían como destino el programa de construcción de viviendas Mejor Vivir", detalló el fiscal.
"El delito por el cual se la está imputando a Milagro Sala se está investigando", concluyó. Por su parte, Fernando Sánchez, diputado nacional de Coalición Cívica señaló que "los motivos para investigarla son muchos, está acusada de muchos delitos y si bien estoy convencido de su responsabilidad no sé por qué sigue detenida."
"Milagro Sala ejerce la militancia política a través de la violencia", agregó. Sucede que un gravísimo hecho se sumó a las actuaciones que tramita la Justicia con relación a las investigaciones sobre la actuación de la dirigente social líder de la agrupación Tupac Amaru.
Ayer se conoció que de los allanamientos, secuestros de documentación y detención de dos personas en una vivienda del Dique La Ciénaga de propiedad de la dirigente, se encontraron documentos fotográficos de funcionarios públicos, de inmuebles e informes relacionados. Lo que permitiría deducir que la Tupac desde la denunciada actividad como "estado paralelo" habría realizado tareas de inteligencia sobre el gobierno jujeño.
Mientras se sustancian las causas acumuladas en contra de la dirigente de la agrupación Barrial Tupac Amaru, Milagro Sala, ayer se conoció que un grupo de parlamentarios del Mercosur, denunciaron por prevaricato y privación ilegítima de la libertad, a los jueces jujeños Raúl Gutiérrez, Gastón Mercau y a la fiscal Liliana Fernández.
Y paralelamente, tomó estado público, un informe del Ministerio Público Fiscal, donde además de plantearse la posible "peligrosidad procesal" de la libertad de la dirigente tupaquera, se pone énfasis en actitudes que de obtener su libertad podría entorpecer u obstaculizar las investigaciones en su contra. El informe que trascendió ayer, contiene en uno de sus párrafos finales, el informe que habla de las presuntas"tareas de inteligencia" de la Tupac, y refuerza así la sospecha de "peligrosidad procesal" que recae sobre la posible libertad de la dirigente.
Ese párrafo señala que tras los allanamientos dispuestos por el juez en El Carmen donde se detuvo a dos personas que intentaban esconder documentación y objetos relevantes para la investigación... "resulta particularmente ilustrativa la referencia de algunos hallazgos en el domicilio sito en calle Picaflor mza.13 lote 11 y 12, barrio parque La Cienaga departamento El Carmen, perteneciente a la imputada Sala, relativos a una carpeta A-4 conteniendo imágenes fotográficas de funcionarios públicos, e imágenes de lugares inmuebles de diferentes puntos de la ciudad, y una carpeta A-4 con imágenes fotográficas e informes".
Los parlamentarios del Parlasur Julia Perié, Mario Metaza, Teresa Sellares, Ana María Corradi, Claudia Fernanda Gil Lozano y Eduardo Valdés, ingresaron la citada denuncia ante el fiscal federal Federico Zurueta, argumentando que los nombrados jueces violaron la Constitución Nacional y los tratados internacionales, en materia de derechos humanos, y los Códigos procesal Penal y Penal. Asimismo, solicitaron que se intervención a la Procuraduría de Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal.
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