Así lo compartió el portal Letra P. Artículo que justifica tomarse 5 minutos para entender lo que pasa en sectores sociales que el gobierno olvidó a la hora de ordenar la economía: “No hay posibilidad de asistencia financiera extra: el Gobierno nos dice que achiquemos”.
Las frases son parte de un relato desesperado que se dispara con el mínimo estímulo de una pregunta de forma.
“¿Todo bien?”, sondea el cronista, sin más intenciones que iniciar una conversación trivial en un encuentro fortuito. El decano, que gobierna una facultad importante de la Universidad Nacional de La Plata, arranca y no para: describe la severa crisis financiera que asfixia a las universidades nacionales, que pasaron, en el término de cuatro meses, de un ciclo histórico de expansión y crecimiento a administrar el impacto de un ajuste que amenaza el funcionamiento básico de la actividad académica y, además, reintroduce la conflictividad social en la agenda universitaria.
La Plata es apenas un caso de un problema que alcanza al conjunto del sistema público de educación superior. La Federación Universitaria de Buenos Aires (la organización gremial de los estudiantes de la UBA) denunció que la casa de estudios porteña tiene el presupuesto “congelado” y que no puede pagar las facturas de luz y gas. Por eso, marchará este miércoles al Rectorado.
Y brotan en todo el país testimonios que dan cuenta de una crisis generalizada. Aunque negó que esté en riesgo el ciclo académico, la secretaria de Asuntos Económicos de la UNLP, Mercedes Molteni, dijo que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de todos las universidades nacionales, le pidió al Gobierno “un refuerzo presupuestario o una tarifa diferencial” en los servicios básicos para estos establecimientos.
El decano que habló con Letra P no es optimista: a los funcionarios nacionales “no les importa”, resume. Según las precisiones aportadas por el decano platense, las facultades de la UNLP recibieron este año un aumento presupuestario del 35% respecto de 2015. Pero, en virtud de la devaluación de la moneda y de los tarifazos en los servicios, ese ajuste, fijado en noviembre del año pasado, quedó viejísimo.
Además, la disponibilidad de recursos también se achicó. La Ley de Educación Superior establece que las universidades no deben gastar más del 85% de sus recursos en sueldos. La pauta apunta a que las casas de estudios puedan destinar, al menos, 15% de sus presupuestos a los gastos de mantenimiento y a inversiones en programas de investigación y extensión universitaria. Rara vez las universidades pudieron cumplir con esa ecuación (85/15). Sólo dos años.
Pero en la última década siempre anduvieron cerca: 87/13, 86/14, cuanto mucho, en el peor de los años, 89/11. El decano advierte que en 2016, en cambio, la relación será 93/7. “En estos cuatro meses, nuestros gastos fijos de funcionamiento e insumos básicos aumentaron más de 100%”, dice, y agrega el dato clave: anualizado, el servicio de luz se comerá el 83% de los recursos que tendrá para gastar en todo concepto por fuera de los sueldos.
Aclara, de todos modos, que la de su unidad académica no es la situación más crítica en el contexto general de la universidad platense. La Facultad de Ingeniería, por ejemplo, por el uso intensivo de energía eléctrica en sus institutos de investigación, pasó de pagar 60 mil pesos de luz en abril de 2015 a 250 mil pesos en el mismo mes de este año, según precisiones aportadas por la secretaria Molteni en una entrevista con 221Radio.
En la misma línea, el decano advierte que él hace malabares para generar ahorros y estirar el presupuesto para hacerlo durar lo más posible, pero que no está tan mal como otras facultades que, por haber comprometido recursos a cuenta y haber previsto desembolsos por parte de la Nación que nunca llegarán, a esta altura del año ya se gastaron todo el presupuesto de 2016.
“Hay obras iniciadas el año pasado que están paralizadas y no van a seguir porque se comprometieron recursos que no van a llegar”, advierte el funcionario, que se declara preocupado, además, por el creciente clima de tensión que se vive en la facultad por las fricciones que genera el hecho de que las autoridades tengan que decir a todo que no, que tengan que cancelar actividades, rechazar compras, cortar gastos. “Va todo para atrás”, dice.
El decano describe una situación de deterioro social que se aceleró en los últimos dos meses. Cuenta que son cada vez más los estudiantes que asisten a clases “sin comer” porque han suprimido alguna de las comidas diarias.
Y se detiene en el caso de los empleados no docentes. Explica que están afrontando el abrupto aumento del costo de vida con los sueldos acordados en las paritarias de 2015, que llevaron el salario básico inicial del sector a 9.634 pesos.
“Nos dicen que no les alcanza para el colectivo”, cuenta el decano, y confía que, ante ese panorama, decidió organizar un sistema de francos rotativos para que trabajen un día menos por semana.
“Achiquen”. Ésa es la respuesta que reciben los funcionarios universitarios cuando les plantean a las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación que, en este escenario, no llegan ni a mitad de año sin un auxilio financiero.
Y culpan al gobierno anterior: afirman que antes de irse comprometió, en gastos a cuenta, todo el presupuesto 2016 y la mitad de 2017. Y que, entonces, no hay de dónde sacar plata. “Yo no sé si será así. Lo que sé que es que la respuesta es ésa: que achiquemos. Y no nos dicen hasta cuándo. Si hasta agosto, hasta septiembre. No, que achiquemos. Nos plantean que las plantas de docentes están sobredimensionadas, que muchos profesores no trabajan. Y al mismo tiempo nos reclaman que elevemos la calidad de la enseñanza, que profesionalicemos a los docentes, que mejoremos la oferta de posgrado.
¿Cómo le exijo a un profesor con dedicación simple, que cobra 3.600 pesos por mes, que, además de dar clases y corregir trabajos y exámenes, además dedique tiempo y dinero a hacer cursos, a viajar a congresos, a cursar posgrados? Ellos (por los nuevos funcionarios nacionales) vienen con lógica de universidad privada: pagaron 25.000 o 30.000 dólares por sus doctorados en la Austral, Palermo, Belgrano… pero yo, si quiero permitir que nuestros graduados se perfeccionen, no puedo cobrarles una cuota de más 800 pesos por mes, que es lo que cobramos. Por eso la universidad pública es siempre la que garantiza el acceso a la enseñanza superior”.
Un dato importante: el decano no es un kirchnerista despechado. Es radical.
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