La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó este martes (26/04) el procesamiento del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y del ex ministro de Salud Daniel Gollán por las irregularidades en la licitación del plan Qunita, el plan de provisión de kits para recién nacidos que había lanzado Cristina Fernández durante su presidencia y que Mauricio Macri canceló por "peligrosidad".
Asimismo, la Cámara revocó la acusación contra el ex ministro de Salud y actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur. Cabe recordar que el pasado 16 de febrero, el juez federal Claudio Bonadio procesó a Aníbal Fernández, Juan Manzur y Daniel Gollán y a otros 20 imputados por las irregularidades en la licitación del plan Qunita.
Es por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El magistrado también mandó trabar embargo hasta cubrir la suma de 440 millones de pesos.
Bonadio investiga si hubo sobreprecios en las compras que hizo el Estado de los kits para recién nacidos fabricados con fibrofácil. Pero además, la forma en que estuvo planteada la licitación fue considerada ilegal por el juez, porque se incluyeron todas las adquisiciones del kit juntas, sin haber separado por un lado las cunas, por otro la ropa y por otro los productos de farmacia.
Las licitaciones para el plan Qunita comenzaron cuando Manzur era ministro de Salud y terminaron en la gestión de quien fue su sucesor, Daniel Gollán. La conclusión de los trámites llevó la firma de Aníbal Fernández.
La diputada porteña Graciela Ocaña inició la causa del Plan Qunita con una denuncia a partir de lo publicado por el sitio Eliminando Variables y así comenzó la investigación judicial.
La firma Fasano (sin actividad en el rubro de las cunas y artículos para bebés) fue favorecida con un contrato de 903 millones de pesos para proveer de 115.000 de los 140.000 kits que contempla el programa Qunita.
La empresa Fasano, que se quedó con la mayor parte del negocio, fue la que más caro cobró cada kit al Estado: 7850 pesos. Los integrantes de las otras firmas que se favorecieron con el contrato –Delta Obras y Proyectos, Compañía Comercial Narciso, Grupo Diela SRL, Dromotech, y Fibromad también están entre los acusados.
Además de las irregularidades en las licitaciones, el Ministerio de Salud de la Nación suspendió la entrega de los kits a raíz de un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre la seguridad de las cunas y bolsas de dormir.
Según se pudo determinar, esos elementos presentaban bordes afilados peligrosos para los bebés, la distancia entre los barrotes de la cuna no eran adecuadas, tampoco la flexibilidad del material, las cintas que sujetan los extremos de la estructura eran deficientes y podrían romperse, además no se aprobaron las normas de embalaje con instrucciones para advertir los peligros de asfixia.
En definitiva, para el ministerio de Salud, se ponía “en riesgo la vida de los recién nacidos”.
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