El juez Gastón Mercau aceptó el pedido del fiscal de Investigación Penal Diego Cussel y dictó la prisión preventiva a Milagro Sala por un caso en el que está acusada de cometer fraude al Estado, asociación ilícita y extorsión.
La decisión de Mercau ocurre apenas horas después de que la Cámara de Apelaciones de Jujuy considerara que la dirigente de la Tupac Amaru no goza de fueros parlamentarios por su cargo en el Parlasur y avaló la detención que dictó el juez el 29 de enero pasado en su contra.
Hasta entonces, había estado detenida acusada por "tumulto" e "instigación a cometer delitos" por el campamento que montó frente a la Casa de Gobierno.
Cussel, quien reemplaza a la fiscal Liliana Fernández de Montiel, consideró en un dictamen emitido ayer que cuenta con semiplena prueba de que Sala –y también la ex contadora del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) Marta Gutiérrez– habría cometido los delitos que se le imputan.
La denuncia la había presentado el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien acusó a Sala del desvío de $29 millones que salieron de las arcas públicas y que debían ser destinados a la construcción de viviendas para sectores sociales necesitados.
En filmaciones publicadas por distintos medios se veía a militantes de la Tupac Amaru retirar dinero de la sucursal del Banco Nación de la capital provincial pocos días antes de la finalización del mandato de Cristina Fernández.
Una auditoría de la Oficina Anticorrupción jujeña determinó que a lo largo de 11 años la organización de Sala recibió $1.282.654.656 del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, entonces a cargo de Julio De Vido, para levantar casas en casi toda la provincia.
De ese total, $726.724.717 pesos (el 56,6%) fueron erogados, pero no ejecutados. Es decir, esos recursos salieron de las arcas nacionales pero no se usaron para construir viviendas.
La OA relevó los municipios de la provincia en los que las cooperativas controladas por Sala recibieron recursos con los que debían construir 8532 casas. Los municipios son San Salvador de Jujuy (3788 viviendas asignadas), Humahuaca (740), Palpalá (680), San Pedro (616), Calilegua (588), San Martín y Monterrico (los dos con 480), El Carmen (400), la Esperanza y Perico (ambas con 380).
De todas las viviendas proyectadas sólo se levantaron 6191. El resto, 2341, ni siquiera empezó a construirse (en 1856 casos) o quedó a medio hacer (485).
La OA calculó que terminar esas casas y hacer las que nunca existieron tendría hoy un costo aproximado de $ 1269 millones.
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