martes, 27 de octubre de 2015

LA CORTE CREÓ UNA COMISIÓN JUDICIAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO

SOCIEDAD / JUSTICIA 



La Corte Suprema de Justicia creó una comisión judicial destinada a la lucha contra el avance del narcotráfico en el país. 


 El máximo tribunal dispuso la creación de la comisión a través de una acordada firmada por Ricardo Lorenzetti , Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda , según informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

Los jueces destacaron que "está en juego la seguridad de la población" y que se debe promover de manera "urgente" una política de Estado "efectiva y coordinada".

 La Corte estableció que la comisión estará integrada por jueces federales de distintas regiones y representantes de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus).

 Entre otras funciones, la comisión "mejorar" la coordinación entre los tribunales y las dependencias estatales que intervienen en la materia; capacitar a operadores judiciales; conformar un protocolo de actuación; y crear un observatorio para monitorear la evolución del delito.

 La acordada 28/15 dispuso que la comisión judicial tendrá la misión de generar una política de Estado para luchar contra el narcotráfico . "El cumplimiento de este objetivo demanda la instrumentación de políticas de estado coordinadas, con objetivos claros, permanentes en el tiempo y con medidas efectivas", señalaron.

 Los integrantes del tribunal recordaron que desde 2009 vienen alertando sobre la problemática y que ya habían pedido a los demás poderes del Estado medidas urgentes para enfrentar el avance del tráfico de drogas en el norte del país.

 "Que el reclamo efectuado se fundamenta en la necesidad de actuar de manera concreta e inmediata en todos estos temas, ya que está en juego la seguridad de la población", agregaron. En ese marco, la Corte pidió que se extremen los esfuerzos de todas las autoridades para mejorar los resultados en la lucha contra el narcotráfico.

"Que el esfuerzo individual de jueces y juezas de todo el país necesita ser complementado con la colaboración concreta de las fuerzas de seguridad, autoridades migratorias, y otras dependencias del Poder Ejecutivo Nacional y Provinciales en una actuación conjunta", remarcaron.

 "Que con relación a las demás autoridades públicas resulta imprescindible y urgente promover una política de estado consistente, efectiva, coordinada y con claros objetivos regionales y nacionales para ayudar a los distintos operadores a solucionar un problema que excede las soluciones locales", indicaron.

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