CIUDAD DE BUENOS AIRES (Idesa). Los partidos de la oposición impulsan un proyecto de ley para prohibir los despidos. El propósito declarado es proteger a los trabajadores frente a un contexto recesivo. La idea subyacente es que, forzando a las empresas a mantener su planta de personal, se evitará expandir el desempleo.
Bajo esa lógica, aunque haya poca generación de empleo, la situación social sería alivianada por haberse evitado los despidos. El oficialismo reaccionó anunciando que si se aprueba una ley de estas características será vetada por el Poder Ejecutivo. Entre los fundamentos se señala que normas parecidas se aplicaron en el pasado y fracasaron. La más reciente fue en la crisis del 2002 cuando se duplicó la indemnización por despido.
Las evidencias posteriores demostraron que la medida fue inefectiva ya que 4 de cada 5 despedidos no cobró la doble indemnización.
¿Por qué prohibir los despidos no es efectivo para proteger el empleo tal como lo sugiere la intuición?
Para indagar sobre el tema resulta pertinente apelar a las estadísticas oficiales. Según datos del Ministerio de Trabajo sobre los puestos de trabajo registrados por las empresas privadas entre los años 2004 y 2014 se observa que:
< Se crearon 10 millones de nuevos puestos de trabajo.
< En el mismo periodo, se destruyeron 8 millones de puestos de trabajo existentes.
< Esto significa que el crecimiento neto del empleo asalariado privado formal fue de 2 millones de puestos de trabajo.
Estos datos indican que el crecimiento neto de empleos es marginal con relación a los enormes flujos de creación y destrucción de puesto de trabajo. Entre los años 2004 y 2014 el aumento neto de empleos fue importante ya que alcanzó a unos 2 millones en una década.
Pero esto se logró gracias a la creación de 10 millones de nuevos puestos de trabajo que permitieron más que compensar la destrucción de 8 millones de empleos ocurridos en la última década.
Esta alta destrucción de empleos se dio incluso con la prohibición de despedir y la doble indemnización que rigió entre el 2002 y el 2007.
En la dinámica productiva constantemente hay puestos de trabajo que desaparecen. Esto ocurre en contextos de alto crecimiento económico y en recesión. Se trata de procesos que no se pueden detener por medio de una norma legal. No se van a detener los despidos de trabajadores que los empleadores no necesiten, pero se va a aletargar el proceso de nuevas contrataciones especialmente en un contexto recesivo.
El balance es claramente negativo. Por eso, las políticas públicas se deben centrar en facilitar las contrataciones alivianando costos y dando seguridad jurídica; no intentando evitar lo inevitable que es la destrucción de los puestos de trabajo económicamente inviables.
Resulta paradójico que muchos de los que festejaron el default del año 2001, luego de 15 años de costoso aislamiento celebren la reinserción internacional. Pero más grave aún es la falta de autocrítica que demuestran al impulsar una norma laboral que ya fracasó en el pasado y cuyo principal impacto será hacer más lento el proceso de recuperación.
El proyecto desnuda mediocridad, falta de nuevas ideas y la desmesura en el uso del oportunismo político al no reparar en los daños que este tipo de iniciativas produce: solo aumentará la incertidumbre retardando la generación de empleos.
El empleo aumenta con más inversión física y en capital humano e instituciones laborales modernas. El arreglo con los fondos “buitre” no justifica festejos. Es apenas un primer paso para potenciar inversiones, siempre que se avance en lo más complejo e importante que es el equilibrio fiscal para no desviar el endeudamiento a sostener gastos improductivos del Estado.
En paralelo, el Congreso se debería abocar a reducir la incidencia de las cargas sociales priorizando los salarios más bajos, y establecer una legislación laboral que brinde protección sin generar costos espurios y litigiosidad exacerbada.
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