CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La Corte Suprema de Justicia dictaminó este martes que el Estado Nacional debe financiar la impresión de boletas de todos los precandidatos para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatoria (PASO).
La decisión del máximo tribunal fue a raíz de una presentación que hizo en 2013 el frente UNEN.
Con el voto de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, la Corte resolvió que en las PASO el Estado Nacional debe financiar el costo de una boleta por elector para cada uno de los precandidatos que compitan dentro de un mismo partido político.
En cambio, el juez Carlos Fayt votó en disidencia. El frente UNEN, hoy desaparecido, había denunciado al ministerio de Interior y Transporte porque la Dirección Nacional Electoral, dependiente de esa cartera, había asignado el monto que únicamente cubre el costo de las boletas equivalente a una de las listas de precandidatos.
La Corte interpretó la norma electoral en cuestión (art. 32, párrafo 2° de la ley 26.571) favoreciendo su finalidad de garantizar la efectiva vigencia del principio democrático de la representatividad popular y de fortalecer y profundizar la participación ciudadana en la selección de los candidatos de cada partido para las elecciones generales.
Así, el Tribunal recordó que la Constitución Nacional garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos y consagra el voto “universal, igual, secreto y obligatorio” (art. 37), y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el artículo 23 de la Convención Americana obliga a los Estados a garantizar “con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos”.
A su vez, la Corte Suprema entendió que el hecho de que los partidos políticos tengan por ley un financiamiento mixto (público y privado), no significa relevar al Estado de su obligación de garantizar la posibilidad material de ejercer el derecho al voto el día de los comicios.
La Corte subrayó que si esos costos tuvieran que ser asumidos por los partidos sería un desincentivo para que elijan sus candidatos a través del voto popular y fomentaría la designación en su seno interno; además, pondría en una situación de desventaja a los partidos que contaran con menores recursos.
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