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| Urribarri y su gente: POLÍTICA & NEGOCIOS |
PARANÁ (U24 Entre Ríos). 2 fuentes altamente confiables le aseguraron a U24 Entre Ríos que uno de los estudios jurídicos más importantes de Paraná que trabajaba en la preparación de una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el gobernador Sergio Urribarri, le agregaría ahora una nueva denuncia que estaría relacionada con contrataciones directas realizadas durante la Cumbre del Mercosur que se llevó a cabo en diciembre de 2014 en la capital entrerriana.
Según las fuentes, esta última alcanzaría también al ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez. De acuerdo a los informantes, la primera denuncia lleva varios meses de preparación debido a que la acumulación de pruebas ha sido muy dificultosa habida cuenta de la complicada ingeniería con la que se ha intentado disimular la cuantiosa fortuna que habría atesorado el actual mandatario entrerriano, que se compondría de innumerables propiedades y participaciones en diversas empresas de distintos rubros, tanto en el país como en el exterior.
Si bien habría una larga lista de testaferros, sociedades fantasmas y otras argucias, quienes trabajaron en la investigación habrían conseguido recolectar pruebas fehacientes acerca de la relación de todo ello con el gobernador y su entorno familiar más cercano.
Según nuestras fuentes la investigación llevaría más de dos años y de acuerdo a los datos conseguidos hasta el momento habilitaría el inicio de de la causa para que a partir de allí se empiece una investigación más amplia.
El mismo estudio también podría agregar otra denuncia penal contra el mandatario y contra el actual ministro de Cultura y Comunicación de la provincia, Pedro Báez, que estaría relacionada con una serie de contrataciones directas realizadas durante la Cumbre del Mercosur y que han quedado al descubierto luego de algunas investigaciones periodísticas que han tomado estado público.
De acuerdo a esas informaciones, el gobierno por medio de una autorización expresa aprobada por la Legislatura provincial a través de una Ley específica, fue autorizado a contratar sin licitación y en forma directa para la organización de la Cumbre del Mercosur.
En ese marco es que se habría contratado entre otras, a la empresa Nelly Entertainment SA, de Jorge “Corcho” Rodríguez y Facundo De Vido, por una suma cercana a los 30 millones de pesos, para realizar cuatro cortos publicitarios para la promoción del evento y para ser difundidos en las redes sociales. Sin embargo investigaciones periodísticas habrían podido determinar que en realidad eso fue un ardid para ocultar el verdadero propósito de esas contrataciones, ya que de esos cuatro spots, solo uno hace referencia a la mencionada cumbre de presidentes del Mercosur.
Los otros tres están referidos a la promoción de la frustrada candidatura presidencial del gobernador Sergio Urribarri. Ahora, como si fueran pocas las sospechas que recaen sobre la millonaria y aceleradísima contratación directa por $31 millones, concretada en diciembre de 2014 entre el ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y la empresa de Jorge “Corcho” Rodríguez y Facundo De Vido, Nelly Entertainment SA, un informe al que tuvo acceso la web Entre Ríos Ahora devela, además, que la oferta de la agencia porteña presentaría deficiencias que, de constatarse, podrían constituir un delito.
Por ejemplo, que los documentos societarios que Rodríguez y De Vido debieron acompañar para ganar el cotejo de precios, fueron certificados por un escribano público de Buenos Aires el mismo día en que se presentaron en Paraná, e incluso en algún caso, un día después.
En base a esas informaciones, es que ahora, a la denuncia por enriquecimiento ilícito que ese estudio jurídico ya tendría casi lista para presentar en la justicia, se sumaría también otra relacionada con esas sospechosas contrataciones y se incluiría al ministro Báez. Siempre según el relato de nuestras fuentes, el hecho de que Urribarri sea electo diputado provincial y adquiera fueros, no impediría que la causa avance sobre quienes figuran como supuestos dueños de propiedades, automotores, o como socios de diversas empresas.
El estudio jurídico sería uno que ya ha realizado denuncias sobre temas de corrupción relacionados con el actual gobierno.
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