Reverdecer judicial. Esta semana sigue el desfile de funcionarios del kirchnerismo por tribunales. El jueves 21/4 será el turno de Julio de Vido de declarar ante el juez Claudio Bonadio en la causa por la tragedia ferroviaria de Once.
Pero el mismo día comparecerá el ex-titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, una indagatoria que preocupa más a Cristina Fernández porque se trata del financiamiento de su campaña electoral de 2007.
Según la causa que investiga el juez Ariel Lijo, Capaccioli es responsable por la irregular financiación de la campaña electoral que llevó a Cristina Fernández a la presidencia de la Nación en 2007 y a Julio Cobos a la vicepresidencia.
El expediente había estado ‘cajoneado’ hasta ahora tras varias idas y vueltas donde también pasó por manos de Norberto Oyarbide.
El 1/03, Lijo llamó a indagatoria a cuatro empresarios y tres ex funcionarios de Cristina: Capaccioli, Sebastián Gramajo y Hernán Díaz, los dos últimos tesoreros de la campaña 2007. Sebastián Gramajo y Hernán Díaz, ambos tesoreros de la campaña.
Los empresarios citados fueron: Carlos Torres y Néstor Lorenzo (por Multipharma); Gabriel Brito (Global Pharmacy) y Sollange Bellone, la esposa de Sebastián Forza, quien fuera asesinado en el triple crimen de General Rodríguez.
Capaccioli, según recuerda hoy (18/4) el diario Ámbito Financiero, tenía que haber declarado como imputado el 31 de marzo, pero una postergación solicitada al juez Lijo fue aceptada, y todos los acusados tendrán que comparecer durante esta semana.
"La modalidad empleada por esta maniobra era la siguiente: las firmas en cuestión les entregaban a los responsables de la campaña electoral un cheque con el aporte correspondiente, recibiendo a cambio la factura por parte de éstos. Previo a la presentación del cheque en el banco interviniente se cubría el monto necesario con depósitos de dinero en efectivo por caja para así encubrir el origen del mismo. Ello, en virtud de que al tratarse de depósitos de este tipo se desconoce su correspondiente origen y que, además, las firmas no han podido justificar", sostiene en su hipótesis Lijo.
"Se puso en circulación en el mercado, dinero no declarado de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener la apariencia de licitud de ésta", agregó.
En declaraciones a Radio Nacional en marzo pasado, Lijo explicó que “el dinero era ilegal, porque no estaba declarado". El juez añadió que el origen del dinero puede ser la ruta de la efedrina, aunque no lo confirmó.
“Los funcionarios debían chequear el origen de fondos, porque es la obligación que imponen las normas antilavado de dinero”, agregó Lijo. "Es una investigación muy complicada. Estamos investigando a empresas que no pudieron justificar los fondos que aportaron para la campaña electoral de 2007 y no tenían capacidad para afrontar los pagos", amplió el magistrado.
“Entregaban un aporte por el que recibían una factura y en el banco se cubría el depósito con dinero en efectivo, por caja. Así es imposible establecer los orígenes y las firmas no pueden establecer el origen de los depósitos", detalló el juez sobre la operatoria.
"No existía similitud con los parámetros de dinero que manejaban las empresas aportantes a la campaña de Cristina y Cobos. No existió ningún registro contable de los aportes de campaña", argumentó Lijo.
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