jueves, 6 de noviembre de 2014

ARSÉNICO + CICLAMATO + PLAGUICIDAS = BUEN PROVECHO (?)

NOTA DE OPINIÓN - EN EL GRANERO DEL MUNDO, GENTE MAL ALIMENTADA

por CÉSAR AUGUSTO LERENA

El alimento es una sustancia que ingerida por el hombre y la mujer, aporta a su organismo la energía necesaria para el desarrollo de sus procesos biológicos y el placer de alimentarse. Incluye el agua y otras sustancias que se ingieren por hábito, tengan o no valor nutritivo.



La salud es un Derecho Constitucional y las normas nacionales e internacionales nos indican, que la alimentación debe ser suficiente, inocua y sana.

Sin embargo poco de ello ocurre en la Argentina, donde consumimos alimentos con agroquímicos; anabólicos; hormonas; antibióticos; metales pesados; plaguicidas; tranquilizantes, etc. todos contaminantes que rechazan los consumidores europeos.

Además de ello, nos alimentamos con productos transgénicos y con aditivos artificiales. Hay más de 300 enfermedades que se transmiten a través de los alimentos que son según la OMS la mayor causa de carga económica, sufrimiento humano y muerte.

El acceso al agua, es un derecho fundamental, vinculado a la vida digna y a la salud. Según UNICEF, “a nivel mundial cerca del 88% de las defunciones por diarrea se atribuyen a la mala calidad del agua, al saneamiento inadecuado y a la higiene deficiente; y en la Argentina, este vital elemento está gravemente restringido.

En los hogares pobres, el 25% no tiene agua potable de red dentro de la casa, proporción que aumenta al 33% entre los indigentes." De acuerdo a ello, habría unos 350.000 hogares (unas 2 millones de personas) sin agua potable.

Esta realidad se da más intensamente en el Norte del país y en el Conurbano Bonaerense; precisamente, donde la mortalidad infantil presenta una incidencia mayor. En esta última área el agua contiene valores de arsénico superiores a los establecidos en el Código Alimentario Argentino.

Este gobierno lo sabe ya que en el año 2012 prorrogó por 5 años la aplicación de esta norma, como si por Decreto se pudiese evitar la contaminación. Si se desea una primera equidad alimentaria, deberían ser provistos en forma gratuita un mínimo de 60 litros de agua potable por día a cada persona que se encuentre desempleada, jubilada o pensionada, y a los trabajadores que perciban una remuneración que no supere el salario mensual mínimo.

Al Plan del Estado debería acompañarlo la solidaridad de los argentinos que consumen unos 300 litros diarios. Se transmite como un mito, pero es una cruel realidad.

La Argentina no puede exportar carnes a Estados Unidos y las que no puede exportar a Europa porque exceden el contenido de residuos químicos, no se decomisa, sino que la consumen los argentinos.

A su vez, la hacienda producida en establecimientos agropecuarios a los que se les retiró la habilitación por detectarse residuos químicos en las carnes faenadas, se envía a los frigoríficos consumeros, cuyas carnes se consumen en el mercado interno.

Por su parte el control microbiológico de las hortalizas que realiza sobre la producción nacional el SENASA se limita a unas pocas especies, es incompleto y absolutamente insuficiente en relación a los más de 5 millones de toneladas consumidas anualmente por los argentinos.

En el año 2013, el Plan CREHA Vegetal realizó sólo 260 muestras; y a los hogares, fábricas y restaurantes las hortalizas llegan con una carga microbiana muy superior a la autorizada por el Código Alimentario Argentino.

En función de los litros per cápita consumidos, se venderían anualmente en la Argentina unos 4.100 millones de litros por año de gaseosas, cifra que contrasta con las dificultades alimentarias que sufren un importante número de argentinos.

Por ejemplo, mientras el consumo de gaseosas ascendió a 102,5 litros per cápita/año, el consumo de lácteos líquidos en 2012 fue de alrededor de 44 litros per cápita/año, dato que debieran ser tenidos en cuenta por el desproporcional consumo de gaseosas carentes de todo nutriente, en relación al importante factor nutricional de la leche.

A todo ello, debemos prestar atención que los elaboradores agregan cientos de aditivos a los alimentos para facilitar su comercialización: acidulantes; aglutinantes; antioxidantes; aromatizantes; saborizantes; colorantes; conservantes; edulcorantes; emulsionantes; espesantes; estabilizantes; preservantes; secuestradores, etc. y lo que es más grave: la gran mayoría de los consumidores ignoran que están incluidos dentro de su alimentación diaria.

La presencia de azúcar, sal, cafeína, extractos y educorantes artificiales en las gaseosas no está suficientemente resaltada en los rótulos, con el riesgo que ello implica para 2 millones de diabéticos y otras tantas personas que no saben que padecen esta enfermedad; para un 42% de adultos con hipertensión crónica; para 400.000 celíacos; para los que padecen enfermedades alérgicas y los asmáticos, es decir más de 4 millones de personas; para el 58% de los que sufren de obesidad y para las millones de personas que sufren intolerancias relacionadas con la alimentación y la nutrición.

Una bebida Cola clásica de 350ml contiene unos 35g de azúcar, poco menos que los 50g recomendados por la OMS de consumo total por día, y unos 45 mg de cafeína, sobre el máximo de 200mg admitido diario, al que debe agregarse otros consumos.

Los aditivos han permitido una mayor conservación y mejorar presentación, etc. sin embargo, no todos los edulcorantes son inocuos: ni pueden ingerirse sin límite y tienen contraindicaciones.

En Argentina, se estima que del consumo real de edulcorantes artificiales un 71% corresponde al ciclamato, el 18% a la sacarina y un 11% al aspartamo.

El uso de ciclamato sin embargo está prohibido en Estados Unidos desde hace 40 años, prohibición a la que se sumó Japón, Suecia, Bélgica, Holanda, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, etc. ¿Por qué se admite en la Argentina?

En medio de esto, la inflación lleva a más argentinos por debajo de la pobreza y millones de personas no pueden acceder a la canasta básica de alimentos.

Proveer alimentos en cantidad y calidad debe ser una política alimentaria del Estado, destinada a asegurar la salud y proveer de bienestar a las nuevas generaciones; acompañada, de una mayor responsabilidad social empresaria del cuidado del medio ambiente, el agua y la tierra; condición indispensable para asegurar la producción de alimentos suficientes y naturales libres de contaminantes.

El ser humano no puede estar expuesto a prueba y error, y sufrir hambre en un país al que le sobran alimentos.
Fuente: http://www.juntosbien.org/

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