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| Gustavo Arribas |
"El presidente Mauricio Macri conocía desde hacía varios días los datos de la investigación periodística del diario La Nación, que alcanza a su amigo y titular de la AFI, Gustavo Arribas", recordó el matutino de la familia Saguier.
De todos modos, el Gobierno resolvió que el propio Arribas fuera el que respondiera, a través de un comunicado, sobre los casi US$ 600.000 transferidos a su cuenta por parte del operador de la empresa brasileña Odebrecht y cambista paulista Leonardo Meirelles, juzgado en su país por el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato.
Alconada Mon, investigando el 'caso Odebrecht' se integró al consorcio de periodistas IDL Reporteros, que dirige Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen, y accedió a los expedientes judiciales donde constan las 5 transferencias realizadas por un operador de la empresa Odebrecht a una cuenta del hoy jefe de la Agencia Federal de Inteligencia.
IDL-Reporteros es una unidad de investigación periodística dentro del Instituto de Defensa Legal, una organización no gubernamental vinculada a la defensa de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática.
En el marco de la causa que en Brasil investiga el juez del Lava Jato, Sergio Moro, Meirelles se acogió al régimen de “delación premiada” y aportó documentación sobre las operaciones que hizo para la constructora brasileña.
El socio y jefe de Meirelles, Alberto Youssef, también confirmó en la justicia de su país la trama de operaciones ilegales realizadas para Odebrecht. Es decir que Meirelles y Youssef son quienes se encuentran en condiciones de confirmar o desmentir la versión que ofreció, en su descargo, Gustavo Arribas.
Ambos reconocieron el uso de esa cuenta para pagar sobornos de Odebrecht por US$ 2,4 millones. En cambio Odebrecht precisó que en la Argentina pagó sobornos por US$ 35 millones. Además, los acusados precisaron que hubo pagos a un intermediario por US$ 2,9 millones y otro, adicional, por casi US$ 600.000 a un titular de cuentas privadas.
Desde el Gobierno no hubo explicaciones públicas, pero los funcionarios consultados intentaron relativizar la gravedad del hecho, aclarando que en 2013 Arribas no era funcionario, sino intermediario en compras y ventas de jugadores de fútbol.
Han intentado ignorar que Arribas era amigo de Mauricio Macri y otros integrantes de su grupo íntimo, y que Macri era jefe de Gobierno porteño, interlocutor obligado de los Kirchner como uno de los líderes de la oposición.
El problema en Cambiemos es la presentación judicial de Elisa Carrió y el reclamo de Mario Negri, titular del interbloque legislativo Cambiemos, quien exigió que Arribas se presente a la Justicia para dar explicaciones.
La denuncia judicial presentada por Carrió quedó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, con la intervención del fiscal Federico Delgado. El diputado Jorge D’Agostino (UCR/Cambiemos), aseguró que el titular de la AFI “debe separarse de sus funciones hasta aclarar en la Justicia la denuncia por supuesta coima en Odebrecht”.
“El Presidente dijo que la duda obliga a los funcionarios a ir a la Justicia y probar su inocencia. Gustavo Arribas con Odebrecht no debe demorar”, twitteó.
PERÚ
Es muy interesante el proceso judicial/político que ocurre en Perú con Odebrecht, que está impactando en la Argentina. De acuerdo a Peru Reports (que bien podría haber sido un modelo para el Buenos Aires Herald), citado por el diario Gestión, en cooperación con los fiscales peruanos, la constructora brasileña Odebrecht identificará a los funcionarios que pagaron US$ 29 millones en sobornos entre 2005 y 2014.
Odebrecht reconoció -en un acuerdo con fiscales en Brasil, USA y Suiza- que había pagado US$ 29 millones den sobornos a funcionarios en Perú en sus esfuerzos por ganar miles de millones de dólares en contratos públicos, incluyendo el Gasoducto Sur.
Esta situación expone a funcionarios de los recientes 3 gobiernos de Perú encabezados por Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Víctor A. García Belaúnde, uno de los miembros de la comisión parlamentaria que investiga a la compañía, dijo que llamar a cada Presidente para declarar era “inevitable”.
La policía de Brasil dijo en 2016 que habían obtenido evidencia de sobornos pagados por Odebrecht a Ollanta Humala. Otros documentos relacionados con los Panama Papers muestran que un asociado vinculado a Alejandro Toledo pudo haber recibido pagos de Odebrecht. Odebrecht acordó realizar un depósito voluntario de US$ 8,9 millones al Tesoro peruano como un acto de buena fe.
El pago se suma a las multas penales que los tribunales peruanos impondrán posteriormente a la empresa. El presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo que el depósito no era suficiente, y que necesitaba depositar al menos US$ 26.7 millones.
El jefe del gabinete, Fernando Zavala, dijo que se excluirá a Odebrecht de participar en futuras licitaciones por contratos del gobierno. El Congreso ha solicitado que se congelen los activos de Odebrecht en Perú en espera de la sanción civil.
Las investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht llevaron a un freno del trabajo en el Gasoducto del Sur, obra presupuestada en US$ 7.300 millones. Si el consorcio a cargo no puede sustituir 55% de participación de Odebrecht en el plazo de financiación del 17/01, será anulado el contrato.
Reuters informó que Odebrecht había cerrado un acuerdo para vender su participación al constructor canadiense Brookfield. Bloomberg informó una semana después que China National Petroleum Corporation estaba compitiendo con Brookfield para comprar la participación.
Sin embargo, ningún acuerdo se ha anunciado menos de 2 semanas desde la fecha límite de financiación. Sempra Energy se retiró de las negociaciones en noviembre cuando el gobierno se negó a absolver a la empresa si se enterase de que Odebrecht cometió actos de corrupción al ganar la licencia, lo que anularía el contrato bajo la ley peruana.
En estas circunstancias, cualquier comprador de la participación de Odebrecht correría el riesgo de perder el contrato. El ministro de Finanzas, Alfredo Thorne, reiteró el viernes 06/01 en Radio Capital que el gobierno no haría una excepción a los est atutos de corrupción y celebraría una nueva subasta pública si el plazo transcurre sin financiamiento.
Con su futuro en el Perú dudoso, Odebrecht está tratando de mantener sus proyectos actualmente en construcción. Una posibilidad muy avanzada consiste en que Odebrecht identifique a los beneficios de los sobornos en Perú, pague las multas correspondientes, y pueda continuar realizando los trabajos pendientes. Esta situación es motivo de arduas negociaciones por estas horas.
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