Semanas después de que la Corte Suprema lo ordenara, comienza a destrabarse el trámite para la designación del Defensor del Pueblo, cargo constitucional que está vacante desde 2009.
Fueron oficializados este viernes 4 postulantes cuyos antecedentes serán sometidos a la mirada de la Comisión Bicameral encargada de definir al postulante de la defensoría.
Su último titular fue el peronista Eduardo Mondino, quien estuvo 10 años en el cargo pero renunció en 2009 para competir en las elecciones legislativas de ese año. Tras la renuncia de Mondino quedó al frente el defensor adjunto Anselmo Sella, quien cesó en el cargo en 2013, quedando la defensoría acéfala desde entonces.
Actualmente, el mayor responsable del Defensor del Pueblo es su subsecretario, Juan José Bockel. En un fallo del 01/11 último, la Corte Suprema instó al Congreso a designar al Defensor del Pueblo a propósito de una causa sobre la cuenca Matanza-Riachuelo en la que debe intervenir esta figura.
A partir de esto, el oficialismo hizo 2 propuestas: por un lado, la de la exministra de Educación del menemismo Susana Decibe. Por el otro, la exministra de Salud Graciela Ocaña.
En tanto, el justicialismo propuso al exdiputado Humberto Roggero, y el socialismo, a Héctor Polino, también exlegislador.
Cada fuerza puede proponer hasta 3 candidatos y se espera que en los próximos días se sumen nuevas postulaciones, entre ellas la del massismo. De todos modos, como ninguna de ellas está cerca de reunir la mayoría requerida en el Congreso, se espera una larga negociación que podría extenderse hasta entrado el 2017, pleno año electoral.
Los pliegos serán evaluados por la Comisión bicameral que preside la senadora macrista Marta Varela y que deberá acordar entre sus 14 miembros cuáles llegaran al recinto. Quien consiga los 2/3 de los votos de ambas Cámaras será el próximo defensor del pueblo.
"Que tengamos sobre la mesa a 4 candidatos es un paso importante hacia la definición. Ya tenemos los nombres y ahora hay que buscar consenso", resumió Marta Varela, titular de la Comisión Bicameral de la defensoría del Pueblo.
"Se trata de una deuda de la política con los argentinos y este Gobierno ha demostrado un gran compromiso para ponerse al día con la institucionalidad", destacó. De acuerdo a la ley 24.284 que lo creó en 1993, el Defensor del Pueblo u "Ombudsman" tiene como función "proteger los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la administración pública nacional, que se mencionan en el artículo 14" de la Constitución Nacional.
Tras la reforma de 1994 la figura del "ombudsman" adquirió rango constitucional a través del artículo 86 de la Carta Magna. Según este artículo, el Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal, es decir que está facultado para presentarse en sede judicial, y es designado y removido por el Congreso de la Nación con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras.
El mismo durará en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez. En tanto, el artículo 12 de la ley 24.284 le otorga al Defensor "las inmunidades establecidas por la Constitución Nacional para los miembros del Congreso" y no podrá "ser arrestado desde el día de su designación hasta el de su cese o suspensión, excepto en el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de un delito doloso".
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