Una leyenda catamarqueña afirmaba que los Saadi entregaban una zapatilla antes del comicio, y si ganaban entregaban la otra que faltaba para el par.
Una leyenda bonaerense afirmaba que Carlos Ruckauf distribuía zapatillas con un dibujo de su rostro como candidato.
Una leyenda correntina afirmaba que uno de los Romero Feris tenía una triquiñuela parecida a la atribuida a los Saadi con las chapas para el techo de las viviendas precarias.
Difícil aventurar qué es cierto y qué es falso de las leyendas pero sí fueron ejemplos escandalosos de la 'vieja política' que el PRO prometió modificar.
Mauricio Macri tiene una obsesión con esa idea. Cuando comenzó en la política su 1er. partido político se llamó Compromiso para el Cambio (el PRO nació después, en el falso acuerdo con Recrear que terminó en estafa a Ricardo López Murphy).
Pero el cambio no se declama sino que se ejecuta. Ahora bien, ¿qué tienen de cambio -que es el verbo aplicado al concepto de 'nueva política' prometido- situaciones como la que provoca la precandidata a senadora nacional por Buenos Aires, Gladys González?
Interventora en el Sindicato Obreros Marítimos Unidos, desde que el 18/02 el juez federal Rodolfo Canicoba Corral decidió cumplir el sueño de Macri de tener un gremialista preso como 'mensaje' al resto (ambición ridícula porque tras cartón les terminó obsequiando a los sindicalistas $29.000 millones), González ingresó junto al hoy abogado defensor de la familia Báez, Ignacio Viola; y el veedor del Ministerio de Trabajo, José Alonso, a quienes logró luego que Canicoba despidiera en medio de reyertas por el manejo de recursos.
Debe recordarse que el juez federal puso como condición que quien asumía como interventor del sindical aceptara cederle la obra social a un familiar del magistrado, quien velozmente buscó 2 nuevos gerenciadores del servicio, uno de los cuales agradece tanto 'obsequio', que le permitió multiplicar por 3 su facturación.
La precandidata a senadora nacional por Cambiemos rechazó las impugnaciones sobre su supuesto “doble empleo” ya que ella se desempeña en el Poder Legislativo pero cumple funciones a órdenes del Poder Judicial.
Y declaró no percibir sueldo por su tarea, aunque alguien -quizá algunos de sus ex compañeros de intervención- se ocuparon de difundir los recibos de sueldo: $ 59.000 al mes, en forma adicional a su dieta legislativa.
A fines de agosto, presionado por la Cámara Federal, el productor sojero Canicoba -una 'chicana' en Comodoro Py por cierto campo incluido en una causa judicial y que fue alquilado al hijo de un empresario hotelero menemista-, acotó el mandato de González a 180 días ordenando normalizar el gremio, algo que debería ocurrir en febrero pero hasta ahora no hay novedades, según los dirigentes de 2 de las 3 principales agrupaciones internas que aspirar a competir por la conducción del SOMU:
** la 'Juan Ocampo', de ex subordinados de Omar Suarez que detentan a la vez la condición de denunciantes e investigados por los mismos delitos de los que se acusa al ex secretario general,
* * la '2 de Abril', de leales a Suarez, y
** la '18 de Febrero', a quienes acusan de haber acordado con González, a cambio de un decidido apoyo con la estructura sindical a la precandidata al Senado.
Según datos que aportan dirigentes gremiales de la provincia de Corrientes y otras localidades ribereñas con el río Paraná, el apoyo de la interventora a la 18 de Febrero es contundente y así comenzó el escándalo por el “proselitismo” autorizado con dinero del gremio, aparentemente en forma irregular y sin mandato judicial.
Acusan a la intervención la compra de 10.000 cajas navideñas a un costo de $ 300 cada una ($ 3 millones), distribuidas entre los afiliados por miembros de la 18 de Febrero, de Juan Barbato (quien fue aliado de Suárez en sus años de esplendor), quienes incluyen en el obsequio papelería proselitista.
Y ya se distribuyen fotos de cómo ejerce la 'nueva política' la precandidata a senadora nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario