Se viene otro año en el que lejos de discutirse la crisis estructural que atraviesa la educación argentina, todo gira en torno al porcentaje que recibirán los docentes para dar un servicio cada vez de menor calidad.
Y en esta contienda, Roberto Baradel lleva todas las de perder, en términos de opinión pública. Es que, como es de público conocimiento, el sciolista líder de SUTEBA reclama una paritaria del 35%, algo simplemente imposible de encarar en un país donde toda la sociedad está haciendo un gran esfuerzo para que lo niveles de inflación lleguen a menos del 10% en 2019, pero su propósito no es más que el de reposicionarse frente a la izquierda en una interna sindical feroz.
Es por ello que Marcos Peña (jefe de Gabinete) puso todo el aparto troll a disposición de la discusión político para, en esta oportunidad, sumar apoyo de los maestros que se ofrezcan a dar clases los días que Baradel pretende hacer paro (en principio, el lunes y martes 6 y 7, respectivamente).
La contraofensiva se titula #VoluntarioDocenteNoAlParo (en Twitter).
Pero junto con la crisis educacional, aparece la sindical. Esa que promete frenar a varios sindicalistas acusados de corrupción. Como consecuencia de toda la maraña, el vidalismo reaviva la causa IOMA, los lazos entre el gremialista Daniel Scioli, Aníbal Fernández y la propia interna sindical que tiene Baradel frente a la izquierda.
Tal como informó Urgente24 hace poco más de un año (17/02/2016), el directorio de la obra social que cuenta con representantes del gremio estatal UPCN y del docente Suteba que designó Scioli, concluyó su gestión con más de 15 causas penales abiertas en los tribunales de La Plata por estafa, sobreprecios y diversas irregularidades que habrían ocasionado un daño patrimonial superior a los $2.800 millones sólo en 2014 y el 1er. semestre de 2015.
El escándalo roza a quien fue su titular sciolista Antonio La Scaleia, y a sindicalistas funcionales a Scioli (aunque no lo pareciera en público) Carlos Quintana (por el gremio estatal UPCN, Unión Personal Civil de la Nación filial Buenos Aires) y Roberto Baradel (por Suteba, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires).
El jefe político de Baradel es el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos kirchnerista, Hugo Yasky.
Por ejemplo, desde diciembre de 2011 se sabe (fue una denuncia del diario platense Hoy) que en el IOMA funcionaba una red clandestina de venta de medicamentos oncológicos de alto costo, que se recetaban a afiliados fallecidos o inexistentes.
En 2013, y tras una denuncia penal presentada por la Asociación de Profesionales de la obra social, 2 altos funcionarios del área de Farmacia del Instituto, Marcelo Piergiácomi y Sergio Massaccesi (vinculados estrechamente a Carlos Quintana) fueron procesados.
Ahora, desde esta misma redacción, se vuelve a insistir en dos preguntas nuevamente oportunas: ¿Cuál es el vínculo entre él y los numerosos 'ñoquis' en cargos jerárquicos en el área de la Educación provincial (la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE))? ¿Desde dónde reclama Baradel esto o aquello a las autoridades estatales?
Es cierto lo que denuncia Baradel:
Mañana en los medios se publicaría un informe en el que @mariuvidal me hace responsable a mí del supuesto fracaso de la Educación Pública.
— Roberto Baradel (@RobiBaradel) 23 de febrero de 2017
Pero no hace falta que se publique ese informe, su pasado ya lo condena.
En septiembre de 2015, Baradel confesó: "Tenemos que ser capaces de defender lo que conquistamos, no para conformarnos, sino para seguir por más avances”, respecto de la campaña presidencial, en claro apoyo a Daniel Scioli y Carlos Zannini.
Sobre este contexto, el ministro de Educación bonaerense Alejandro Finocchiaro, disparó en declaraciones radiales: “Ayer en la provincia de Buenos Aires se estaba negociando –y todavía quedan 10 días de negociación- cuando ellos ya estaban lanzando un paro”, se quejó, y agregó: “Eso demuestra no sólo que no les importa la educación y el futuro de los chicos, sino que tampoco les importa discutir el salario docente”.
Y avanzó: “Baradel no es sciolista –retrucó-, ese era un Scioli que el gobierno de Cristina Kirchner estaba intentando ahogar económicamente”.
“En la provincia de Buenos Aires, el ‘baradelismo’ produjo en los últimos 10 años 110 días de paro, es decir, el 60% de un ciclo lectivo”, detalló.
En tanto, su par de Economía, Hernán Lacunza, arremetió: "Si subimos el salario docente más del 18% después me van a llamar para preguntar por que subimos los impuestos. El salario docente siempre le gano de mano a la inflación, no perdieron poder adquisitivo. No descartamos sacar la paritaria por decreto, pero no es nuestra primera opción. Fue difícil negociar con los docentes, había un condimento político que dificultaba todo. La decisión de los docentes de ir a paro nos tomó por sorpresa, nos enteramos por televisión".
Y cerró: "No podemos tomar deuda para pagar sueldos", en diálogo por Blue 100.7 Pero de esto, el candidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Felipe Solá (Frente Renovador), ya había advertido en septiembre de 2015: “Nosotros cada dos años estamos expuestos al voto. Baradel sale porque tiene una posición absolutamente pro gobierno y debe querer que Aníbal Fernández dirija la educación en la Provincia. Pero que lo diga directamente en lugar de criticar”.
Por este motivo, Vidal volvió a la carga sobre la corrupción K y S en la provincia con el Instituto de Obra Médico Asistencial: comenzó a rescindir los convenios con sus prestadores que rigen desde hace más de 10 años.
Un comunicado difundido hoy desde ese organismo asegura que se comenzó a rescindir los convenios con sus prestadores, aplicando un preaviso de 90 días, lo que garantiza que mientras dure la negociación no se interrumpa el acceso a las prácticas, consultas y prestaciones que requieran los afiliados.
En definitiva, se pretende dar de baja aquellas coberturas que resultan obsoletas, incorporar nuevas prestaciones y renegociar valores. Pero, al mismo tiempo, desde Ioma se advirtió que “esta medida también busca eliminar cualquier irregularidad que se detecte, para transparentar la relación con los prestadores y permitir claros procesos de auditoría”.
Por si eso fuera poco, la gobernadora recibió el apoyo de la Justicia para descontar los días de quienes no asistan a sus puestos de trabajo los días 6 y 7 de marzo. Desde la provincia sostienen que "si no trabajan, no hay sueldo", porque les parece injusto un 35%, siendo que el salario docente del país promedia los $19.000.
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