El oficialismo se encamina a sancionar la nueva Ley de Riesgos de Trabajo, después de que este lunes 13/02 el proyecto tuvo dictamen favorable en Diputados. La iniciativa se tratará el miércoles 15/02 en sesiones extraordinarias.
La mayoría de los legisladores del Frente Renovador y el bloque Justicialista de Diego Bossio y Oscar Romero avalaron el proyecto en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda.
Por su parte el Frente para la Victoria-PJ liderado por Héctor Recalde; la izquierda, representada por Néstor Pitrola; y el progresismo, liderado por Margarita Stolbizer, rechazaron la iniciativa oficial porque consideraron que limitará el derecho de los trabajadores de recurrir a la Justicia en caso de accidentes laborales.
Quien se diferenció de su espacio político fue Facundo Moyano, que cuestionó “el orden de prioridades del Gobierno para proteger al sector empresario”.
Durante el debate, el economista Eduardo Amadeo dijo que entre 2004 y 2016, la cobertura de los seguros aumentó un 40% y que en el mismo período la siniestralidad en la industria bajó un 26%.
“Esto implica que las empresas hicieron más esfuerzo por reducir accidentes y se redujeron más los accidentes graves y que causaban muertes”, agregó. Sin embargo, advirtió que la litigiosidad aumentó un 2.600% y sostuvo que esto ayudó a que no se cree trabajo en blanco, sobre todo en pequeñas y medianas empresas que entre julio y agosto del año pasado “pidieron por favor que se aprobara esta ley”.
Al fundamentar su rechazo, Stolbizer advirtió que con el proyecto “se limita el ejercicio del derecho de un trabajador” y opinó: “La decisión de bajar la litigiosidad pone al desnudo que nunca se planteó que esto se puede hacer por una vía más sencilla, que es disminuir los accidentes”.
Además, subrayó que la ley está teñida de inconstitucionalidad porque viola un principio elemental, que es que si una persona es dañada, debe ser compensada.
Por su parte Recalde, abogado laboralista, denunció que la iniciativa viola la institucionalidad y la seguridad jurídica. “Esta ley va a ser declarada inconstitucional, ¡¿pero cuándo?! ¡¿Después de cuántas muertes?!”, manifestó.
El proyecto dispone que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales “será la instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo”.
Además, establece que una vez agotada esta instancia, las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central. Así, el trabajador podrá interponer re curso contra lo que disponga la comisión médica jurisdiccional ante la Justicia.
“El recurso interpuesto por el trabajador atraerá al que eventualmente interponga la Aseguradora de Riesgos del Trabajo ante la Comisión Médica Central y la sentencia que se dicte en instancia laboral resultará vinculante para todas las partes”, dice el texto.
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