(U24) - La muerte de Santiago Maldonado luego del operativo de gendarmería que terminó con la represión a la comunidad mapuche en el Pu Lof de Cushamen está lejos de encontrar la verdad, aunque a partir de unas escuchas al teléfono de la madre del testigo E, se puede observar una manipulación de los mapuches a Sergio, hermano de Santiago.
El 19 de septiembre de 2017, Sergio llamó a Claudina Pilquiman, madre de uno de los testigos principales y quien tenía su teléfono intervenido judicialmente por la sospecha de que estaban obstruyendo la investigación sobre la desaparición.
Las escuchas muestran la resistencia de la madre a que su hijo se presentara a declarar, a pesar de los pedidos de Maldonado. En la conversación que Sergio tiene con Claudina se puede dilucidar el enojo del hermano del joven artesano por la reticencia de la familia de que Lucas Pilquiman -testigo E- declare lo que vio el 1 de agosto de 2017.
Según lo que Lucas le había contado a Sergio, él mismo vio cómo los gendarmes golpeaban a Santiago Maldonado el día de su desaparición. Pero la familia del joven mapuche se negaba a que este declare a cara descubierta por miedo a las represalías de los gendarmes.
En las escuchas que difundió el portal de noticias 'Infobae', Sergio le dice sin rodeos a Pilquiman: "Tenés que decirles a tus hijos que vayan a declarar mañana". Pero la mamá de Lucas le enrostra a Sergio las persecuciones que ellos sufren: "Vos no conocés la realidad", le espeta.
"Bueno, yo lo que conozco es lo que me contó Lucas a mí. ¿Qué voy a conocer? O sea, entonces, ¿que mintió Lucas cuando me contó todo?", le responde, y enfatiza: "Yo los banqué cuarenta y nueve días, y tengo a la vieja sufriendo, a mi viejo sufriendo, a todos los amigos y a mi abuela que se está muriendo. Entonces, yo te banqué cuarenta y nueve días".
Y concluye antes del saludo final: "Ustedes son una comunidad cuando les conviene. Cuando no les conviene son todos individualistas. Yo pedí turno mañana, 8.30 am, para que empiecen y vayan a declarar. Te mando un beso".
Ahora, el juez Gustavo Lleral impugnó la validez que estas escuchas pueden tener como prueba judicial. El martes la Cámara de Comodoro Rivadavia lo decidirá. Para la Justicia, esta conversación muestra cómo los mapuches manipularon a Sergio y así entre toda la comunidad de Pu Lof construyeron el relato de desaparición forzada a manos del Estado nacional.
Y mientras estos focos de tensión siguen aún latentes en la Patagonia, un fallo judicial inédito inquieta a la administración de Cambiemos; el mismo intima al Gobierno a que le entregue títulos de propiedad a una comunidad mapuche que está asentada en el perímetro turístico de Bariloche.
El lof Trypay Antú, liderado por la lonko de 85 años Clorinda Gualmes, logró, tras una extensa puja legal, una sentencia favorable en la Justicia en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal para obtener las escrituras de esas tierras fiscales atribuidas al Ejército.
La jueza María José Sarmiento le ordenó días atrás al Poder Ejecutivo que "en el término de 60 días le transfiera a título gratuito el dominio de las tierras fiscales al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a los efectos de su adjudicación inmediata en propiedad comunitaria al lof Trypay Antú".
La gestión de Mauricio Macri ya apeló el fallo, por lo que la sentencia aún no está firme.
Es el primer fallo de la Justicia Federal que ordena la instrumentación de la propiedad comunitaria con un grupo indígena, ya que los antecedentes se registraron en fueros provinciales, pero es la primera vez que el Gobierno recibe una orden de este tipo.
Sin embargo, para el Gobierno "no hay una ley de propiedad comunitaria para instrumentar una sentencia de este tipo". Con ese argumento, apelaron. Según explicaron en el INAI a 'La Nación', el Estado tiene unos 1454 grupos inscriptos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, con personería jurídica. Son comunidades "oficializadas" a diferencia de otros grupos denunciados por usurpación.
Pero todavía el Poder Ejecutivo Nacional no entregó escrituras a esas colectividades. La comunidad Trypay Antú está integrada por unas 30 personas, miembros de una numerosa familia que asegura habitar ese lugar desde fines del siglo XIX. Ocupan unas 170 hectáreas en el conocido cruce Virgen de las Nieves, ubicado en la ladera noreste del cerro Otto, sobre la ruta 82 y en el cruce que conduce al cerro Catedral o al lago Gutiérrez.
La comunidad practica la horticultura y la cría de animales. Dentro de las parcelas en pugna coinciden de forma pacífica actividades de alpinismo y de escalada deportiva en palestra, además del propio santuario de la Virgen de las Nieves.
Allí, el Ejército, que tiene el dominio de esas tierras fiscales -les fueron concedidas en 1937- siempre reclamó por vía judicial que fueran desalojados. Según fuentes oficiales, Trypay Antú tiene personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci) desde 1998.
En 2001, la comunidad hizo su reclamo ante el INAI. Ese organismo fue el encargado, tiempo después, de aplicar la ley 26.160, de 2006, que impidió los desalojos y dispuso la realización de un "relevamiento técnico" para censar a los grupos indígenas.
Según explicaron en el INAI, la comunidad de Virgen de la Nieves tiene el relevamiento territorial finalizado en 2009, con un informe antropológico y la mensura inscripta en el catastro municipal de San Carlos de Bariloche, con las parcelas "A" y "007A".
Existieron, en tanto, distintos proyectos para entregar las escrituras, pero no prosperaron. Con el patrocinio del abogado Manuel Aliaga, el grupo judicializó el reclamo en el fuero Contencioso Administrativo de la Capital Federal, que regula la actividad de la Administración pública.
"La comunidad está en su legítimo derecho de reclamar la propiedad, de acuerdo a la Constitución Nacional. Pero no hay una ley de propiedad comunitaria. Para que haya una norma de este tipo es necesario un acuerdo federal con las provincias y realizar una instancia de consulta con los pueblos originarios de nuestro país", señalaron en el INAI.
La jueza Sarmiento entendió que "la Constitución reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas" y tuvo en cuenta el peregrinar administrativo que tuvo la comunidad para conseguir reconocimiento oficial.
"Teniendo en cuenta todos los antecedentes no me quedan dudas de que el Poder Ejecutivo tiene facultades para disponer la adjudicación en propiedad comunitaria de las tierras cuya mensura ha sido aprobada por el INAI", dijo la magistrada.
Consideró que el otorgamiento de las escrituras podría ser a través de la Escribanía General de la Nación. Según el diario 'La Nación', fue una de sus últimas sentencias, ya que la magistrada se jubiló y dejó su despacho este jueves último.
El grupo Trypay Antú quiere títulos de propiedad de esas 240 hectáreas, que tienen un valor estimado de base de entre US$25 y 30 millones (se trata de una zona turística muy anhelada por emprendedores inmobiliarios), para, por ejemplo, poder acceder a servicios públicos que les permitan desarrollar sus actividades productivas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario