CIUDAD DE BUENOS AIRES (INC). Es comprensible que los planteos de los diferentes candidatos sean vagos e imprecisos y ello no se debe solamente a conveniencias electoralistas.
• La falta de datos confiables sobre la real situación de variables económicas claves, sumada a la maraña de desequilibrios que seguirán acumulándose hasta diciembre, impide precisar el alcance y magnitud de la corrección que deberá llevarse a cabo.
• Lo que sí resulta cada vez más claro es que el panorama luce en extremo desafiante. • El déficit fiscal va camino a terminar el año arañando 8% del PBI.
• El ahorro que significaron los menores precios de la energía importada fue más que compensado por mayores egresos en otros rubros.
• Ése ha sido especialmente el caso de la nueva moratoria previsional y el aumento de los subsidios corrientes y de capital.
• El déficit estructural del sector público nacional ronda los US$ 25.000 millones.
• Hoy el desequilibrio ha trepado a US$ 35.000 millones.
• Casi la mitad de los depósitos del sistema financiero estará prestada al sector público a fines de año.
• La asfixiante presión tributaria —la más elevada de la región— no permite una mejora fiscal por vía de los ingresos.
• La mayoría de los candidatos hablan de reducir algunos tributos.
• Pero sus propuestas implican más egresos a la vez que omiten referir a recortes de gasto, salvo el caso de los subsidios a energía y transporte.
• La misma rigidez del gasto corriente —de naturaleza más estructural que las erogaciones de capital— sólo deja espacio a un recorte de subsidios o de la inversión pública.
• Los subsidios son candidatos cantados al bisturí: la también necesaria recomposición de la estructura de precios relativos requiere el recorte de los correspondientes al gas, a la luz y al transporte urbano.
• Las tarifas residenciales de energía cayeron 70% entre 2003 y 2014 y se ubican en los niveles más bajos desde la década del '70.
• En el GBA, el costo del boleto de transporte cayó casi 30% promedio desde 2003.
• Pero toda eliminación o disminución de subsidios supone costos políticos, que parecen soslayarse.
• El área metropolitana de Buenos Aires recibe cerca de la mitad de los subsidios totales, y de ese monto los usuarios residenciales reciben más de 60%.
• La eliminación implicaría saltos promedio de 300% en las tarifas de los hogares afectados, con los consiguientes efectos sobre el consumo y la inflación.
• El antecedente de la suba tarifaria del gas en 2009 echa sombras sobre la viabilidad de efectuar aumentos porcentuales tan significativos.
• Los servicios públicos representan 10% del consumo de los sectores de menores ingresos en el área.
• Por otra parte, no es mucho el ahorro fiscal que se puede obtener de un ajuste tarifario si no se quiere afectar a los sectores poblacionales más relegados.
• Si se buscase discriminar y beneficiar a estos segmentos, la tarea no sería nada fácil, pues la correlación entre consumo e ingreso es muy débil y se debe hilar muy fino.
• Una política de ajuste gradual de los subsidios moderaría el impacto social de la suba de tarifas pero resultaría en ahorros fiscales modestos.
• Esto significa que necesariamente habrá que encarar recortes en otros renglones de gasto, dada la inviabilidad de seguir sosteniendo los actuales niveles de desequilibrio fiscal.
• A esto se añade un complejo panorama de las cuentas externas, amenazadas por el elevado costo argentino que supone la combinación de una presión fiscal sin precedentes y un atraso cambiario que va camino a ser récord histórico.
• Factores exógenos como la apreciación del dólar o la recesión en Brasil también complican la maniobra.
• El deterioro de nuestros términos de intercambio ha vuelto e impone un cambio apresurado en las reglas de juego para desahogar la producción y la inversión.
• Luce prácticamente imposible llevar a cabo el necesario reacomodamiento cambiario sin que ello impacte severamente en los precios internos.
• Eso significa que la necesidad de recomposición tarifaria se verá aumentada por el ajuste cambiario que la anteceda.
• Pero, a su vez, todo aumento de tarifas de magnitud limará parte de la mejora cambiaria inicial, requiriendo nuevos ajustes en el tipo de cambio.
• Esto significa que 2016 se perfila como un año con niveles de inflación drásticamente más elevados, mucho mayores incluso a los registrados en 2014. El salto de la inflación parece inevitable si se considera que el BCRA carecerá de poder de fuego para moderar los sacudones cambiarios.
• Intentar controlar el proceso por vía de la política monetaria requeriría tasas de interés extremadamente elevadas para compensar los riesgos de salto cambiario.
• Ello acarrearía obvias consecuencias depresoras para la actividad y el empleo.
• Las necesidades de financiamiento del fisco y el impacto sobre el empleo no dan espacio a una estrategia que deprima aun más una economía que ya viene castigada por el estancamiento, con sectores críticos en clara recesión.
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