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| El ex juez fue condenado por corrupción de menores. |
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El ex juez de Viedma Juan Bernardi fue condenado este lunes a 5 años de prisión efectiva por el delito de corrupción de menores y su empleado, Julio Antueque, recibió la pena de 12 años de cárcel el delito de facilitador de actos de corrupción y de prostitución de una menor de edad.
El ex camarista fue involucrado en la causa en 2015 y estuvo 50 días detenido. Luego esperó en libertad el juicio y fue destituido por el Consejo de la Magistratura en septiembre del año pasado.
El tribunal no ordenó la inmediata detención del exjuez condenado pero anoche el fiscal de la causa solicitó su detención y cerca de las 23 Bernardi se presentó en una comisaría junto a su abogado. Allí pasó la noche. Antueque se encuentra preso desde 2015 y seguirá cumpliendo la pena.
La Sala B de la Cámara Criminal de Viedma, con una conformación especial con los jueces Ariel Gallinger, Ignacio Gandolfi y Carlos Mussi, encabezó el juicio oral durante seis días en los que prestaron declaración 33 testigos.
El caso se inició a fines de 2014 por la denuncia de la madre de una adolescente alojada en el Centro de Atención Integral de la Niñez y la Adolescencia (Caina) de Viedma bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social por el vínculo de la menor con el juez y su casero, Antueque, con quien presuntamente mantenía relaciones sexuales a cambio de dinero y otros elementos de valor.
El juicio se centró en un hecho puntual, en un asado que compartieron adolescentes de este hogar de menores en una chacra de propiedad del ex juez ubicada en las afueras de Viedma, la capital provincial, donde habría estado Bernardi.
Testigos indicaron en el juicio que menores alojadas en el hogar estatal relataron el vínculo con adultos, entre ellos Bernardi, pero las víctimas no lo afirmaron en el juicio.
Para el tribunal esta situación de negar haber mantenido relaciones sexuales con el ex juez "resulta razonable a tenor de la culpa y vergüenza que siente la víctima y su imposibilidad de asumirse en dicho lugar".
Para los jueces el caso "configura un cuadro de violencia de género y de violencia para con las niñas, que determina un marco jurídico aplicable, que claramente obliga a integrar las normas penales que establecen los tipos penales endilgados, con tratados y convenciones aplicables al caso en cumplimiento del mandato que surge de los precedentes de la CIDH y la CSJN".
La perspectiva de género implica "valorar los distintos elementos de convicción, testimonios y declaraciones, partiendo de asumir las desigualdades sociales, culturales y de sumisión en que se encuentra la víctima de hechos de violencia de género y que condicionan su relato, su mirada y percepción de la realidad y, en especial, de su posición de víctima", señaló la Cámara del Crimen en su fallo.
Agregó que "es natural que quienes se han visto sometidas a semejante desproporcionado ejercicio del poder, a la naturalización de la humillación, tengan temores indescriptibles, sufran alteraciones en la percepción de lo que ha sucedido, del tiempo en que ocurriera, de quiénes hayan sido partícipes, de lo que resulta reprochable e inclusive que sientan hasta simpatía o gratitud por quiénes en definitiva han sido sus agresores".
La Cámara consideró acreditado que un grupo de niñas de adolescentes de entre 13 y 20 años, todas de sectores vulnerables, con graves problemas de adicción, "eran sometidas sexualmente por personas que las duplicaban y triplicaban en edad, de acomodada situación económica y social, a cambio de dinero, zapatillas, bienes en general, y drogas, entre las cuales se encontraba la joven individualizada como víctima" en este caso.
Por eso se ordenó al Ministerio Público Fiscal continuar con la investigación en esta línea para avanzar en cuestiones señaladas en el juicio oral. (www.lanacion.com.ar)
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