miércoles, 15 de agosto de 2018

EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL BONAERENSE EN LA MIRA POR LA GRAVE SITUACIÓN QUE ATRAVIESA LA NIÑEZ

SOCIEDAD / NECESIDADES INSATISFECHAS 



(INFOCIELO) - En el marco de las medidas económicas que adopta el gobierno de Mauricio Macri, el impacto en los sectores más vulnerados se ve reflejado con mayor fuerza y se constata con el aumento en los índices de pobreza e indigencia. En ese marco, la niñez es una de las capas más castigadas que debe refugiarse en comedores comunitarios para poder conseguir alimentos e incluso, educación. 


En la provincia de Buenos Aires la situación se torna cada vez más grave y las miradas se posan sobre la responsabilidad que posee el cuestionado ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano.

Todavía resuenen los números lanzados por informe de Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la UCA donde afirmó que en 2017 hubo un 48,1% de niños, niñas y adolescentes pobres. En tanto, en el conurbano bonaerense fue mayor: alcanza al 54,2% de los más chicos.

A su vez, se observó un déficit alimentario de un 17,6% que no comió correctamente y 8,5% que directamente pasó hambre. De ese universo, un 33,8% asiste a comedores escolares, pero en el Gran Buenos Aires es de 37,7%. Asimismo, la asistencia a estos espacios creció más de cuatro puntos y se fue a 32,7% en el último año.

Ante esta grave problemática, desde la Provincia implementan un histórico programa social denominado Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) destinado a chicos de 0 a 18 años de edad. El objetivo del mismo es brindar “atención alimentaria y colaboración en el proceso enseñanza-aprendizaje”.
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Según la información que se desprende del organismo, se aplica en 130 municipios y alcanza a 1600 unidades a través de convenios de cooperación con asociaciones civiles y organizaciones sociales. Sin embargo, a través de un relevamiento realizado por INFOCIELO, donde se tomó como ejemplo a movimientos sociales que acceden a las UDI, la realidad marcó que es insuficiente para poder paliar la gran demanda que existe en los barrios más pobres del conurbano.

Es que consisten en becas de 1000 pesos mensuales por niño y con solo ese monto deben alimentarlos y garantizarles el acompañamiento con educadoras junto a sus respectivos salarios por las horas trabajadas.

Desde el Frente de Organizaciones en Lucha junto al Frente Arde Rojo y MTR por la Democracia Directa, detallaron que construyeron 21 espacios en diferentes municipios al que asisten más de 400 niños, un número que aumenta semanalmente.

El acceso al programa se lleva a cabo en precarios centros comunitarios donde además funcionan comedores populares y los pequeños deben habitar el espacio 4 horas de lunes a viernes.

Emplazados en los municipios de Quilmes, Florencio Varela, La Plata, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Tigre, San Isidro y Escobar, poseen nada más que 8 becas y 6 educadoras para cada espacio.

Quienes son responsables de los menores cumplen tareas de cuidado-pedagógicas y alimentarias. “La beca de 1000 pesos por cada niño implica acompañamiento pedagógico-educativo y alimentario”, contaron preocupadas y manifestaron que “se deben sostener múltiples talleres, vianda reforzada, que implica desayuno y almuerzo o almuerzo y merienda. Además, se garantiza salario para docente-talleristas, materiales pedagógicos, alimentarios y manteniendo de los espacios”.

Luego especificaron que “la mayoría son niños de 0 a 3 años y habitan nuestros espacios porque sus madres y padres deben salir a buscar trabajo, generalmente hacen changas o perciben un programa de empleo nacional”.

Sobre la función que cumplen estos espacios, destacaron que “la importancia es que se acompaña en la crianza a la familia en tanto estimulación acorde a las características del niño y se cumple un rol alimentario central”.

Más adelante, cargaron contra el ministro López Medrano y la Directora de Niñez y Adolescencia, Pilar Molina, por entenderlos responsables del “abandono total” en el que se encuentran los más pequeños. Cabe recordar que ambos funcionarios ya habían sido seriamente cuestionados por trabajadores que desempeñan sus tareas en centros cerrados juveniles debido a las falencias que existen.

“Nuestras organizaciones luchan a diario por sostener los jardines populares en tanto se convierten en garantizadores de derechos que el Estado vulnera”, afirmaron.

También relataron que, a pesar de innumerables intentos y algunas reuniones, desde el Ministerio “hicieron oídos sordos a nuestro pedido de mejores condiciones en el programa que recibimos”.

Finalmente adelantaron que preparan una medida de fuerza en Desarrollo Social para profundizar el reclamo que llevan a cabo.

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