CRISIS ENERGÉTICA, AL TOPE
20.000 suspendidos, amenazas de cortes contra el Gobierno y 100% de aumento a los hogares
Mientras los empresarios se lamentas las pérdidas, 20.000 empleados sufren suspensiones y amenazan con cortes de rutas tras las restricciones al gas para garantizar elsuministro a los hogares que, por cierto, ya están recibiendo facturas con aumentos de hasta el 100%.CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Mientras los empresarios se lamentan la pérdida de competitividad por los mayores costos para reemplazar el gas, restringido actualmente a casi todas las industrias nacionales, los empleados que sufren importantes suspensiones amenazan con cortar rutas.
La restricción responde a una medida del Gobierno de Cristina Fernández para garantizar el suministro a los hogares, los cuales deberán ahora afrontar otro problema, pues comenzaron a recibir boletas de gas con fuertes aumentos que alcanzan hasta un 100%, emitidas antes de junio cuando aún no rigen los subsidios a la importación.
A causa de esta crisis, sólo en la provincia de Tucumán, que atraviesa un momento crítico de su actividad productiva, debido a la imposibilidad de realizar la zafra, hay 20.000 trabajadores suspendidos.
El número fue por el titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Gerónimo Venegas. "Va a haber medidas de fuerza no contra las empresas, sino contra el Gobierno. Si no hay gas no hay trabajo para todos, y esto no es un tema de las empresas", disparó, según el diario 'El Cronista'.
Venegas recibirá hoy por la mañana un informe detallado sobre el estado de situación en la provincia, y es probable que a partir de allí se defina el curso de la acción gremial.
Si bien las restricciones de gas afectan al sector productivo en todo el país -las plantas funcionan al llamado mínimo técnico, que sólo permite utilizar los volúmenes necesarios para evitar la rotura de instalaciones-, la situación de Tucumán es particular. Sucede que en esta época comienzan las zafras azucarera y citrícola, los dos puntales económicos de la provincia, que sólo dura 180 días al año.
Según el diario tucumano 'La Gaceta', el titular de la UATRE en la provincia, Jesús Pellasio, sostuvo que "si la situación se agrava, hemos arreglado con Palina (Roberto, secretario general de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar) para llevar a cabo una protesta conjunta, con concentraciones y presencia en las rutas".
El Gobierno ya accedió a liberar volúmenes mínimos de gas a Tucumán para evitar sumar tensiones, y una de las pocas firmas beneficiadas es la Citrícola San Miguel, la más importante del país y una de las principales exportadoras de limones y derivados. A través de la ANSeS, el Estado tiene una participación de casi un 27% en su capital accionario. La medida le valió el agradecimiento del gobernador kirchnerista José Alperovich al coordinador del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.
Pero el resto de las empresas, en tanto, debió acudir a combustibles sustitutos, más caros y menos eficientes. Ese fue el lamento que recorrió los despachos de los popes del sector productivo. El presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Ercole Felippa, lamentó que "a la creciente pérdida de competitividad por la inflación, que afecta los costos, se le suma el gasto adicional de pagar la energía 400% más cara para reemplazar al gas".
Claro que como se dijo no serán los únicos que deban pagar un 400% más caro por las restricciones, pues los hogares, supuestos beneficiarios de los cortes a las industrias, también deberán desembolsar mucho más dinero por el sólo hecho de prender una estufa.
Sucede que la Argentina no ha modificado sustancialmente desde 2001 sus tarifas domiciliarias, pero importa el gas 5 veces más caro que el precio local y eso impacta en las facturas. Algunas de ellas, que corresponden al bimestre abril-mayo, llegan con aumentos de hasta el 100%.
Según el diario 'La Nación', las compañías distribuidoras admitieron la situación. Como el subsidio aplicado por el Gobierno para atenuar estos efectos rige entre junio y septiembre, hay que mirar a Bolivia, o a los buques regasificadores que llegan desde todo el mundo a Bahía Blanca y a Escobar, para encontrar las razones del encarecimiento.
Ese gas importado se paga a un costo de entre US$7 y US$10 el millón de BTU (unidad de medida de la industria) según el caso, y contrasta con los no más de US$2 que cobran empresas como Metrogas o Gas Natural Fenosa por venderlo en el área metropolitana. Es el camino que ha elegido el país para evitar tarifazos: este año, si se proyectan todos los subsidios energéticos que se aportaron en el primer trimestre, según la consultora ASAP, el Estado destinará más de US$ 10.000 millones.
Varios son los que están siendo alcanzados por el decreto 2067, que fijó en 2008 una tabla de aumentos progresivos para sostener la importación de gas. Hay, con todo, diferencias de fondo entre estos incrementos y los que se aplican en otras partes del mundo o se aplicaban tradicionalmente en la Argentina: esta vez no existe siquiera el consuelo de que se está incentivando entre las petroleras la exploración de hidrocarburos en el país. No por nada la producción de gas cae ininterrumpidamente desde 2003.
Las distribuidoras de gas emiten facturas todos los días. Es complicado, por lo tanto, precisar a cuántos usuarios afectan los nuevos aumentos. Se sabe que el subsidio rige en un 100% entre junio y julio y en un 70% entre agosto y septiembre. Pero como la facturación no cierra los primeros días de cada mes para todos, es normal que el lapso medido para un usuario incluya los consumos de una porción de un mes subsidiado y un segmento de otro mes sin aportes del Estado. Es la razón por la que los más expuestos sean quienes reciben las facturas que abarcan del 1° de abril al 31 de mayo: son dos meses con pleno precio libre. En la cuenta total, a fin de año, todo estará equiparado: todos los clientes tendrán dos meses completos subsidiados con el 100% y dos con el 70%.
El decreto 2067 excluye del pago de la importación a todos aquellos cuyos consumos estén por debajo de los 1000 m3 por año. En el primer lugar de la escala de perjudicados, un hogar de entre 1001 y 1250 m3 anuales debería estar conformado, según las distribuidoras, por hasta seis personas. Puede tener cocina, comedor, sala de estar, tres dormitorios, un calefón y tres estufas de 3000 kcal/h. Pero el problema se complica en los consorcios, donde el consumo general excede largamente los 1000 m3. Se divide, en ese caso, la demanda por la cantidad de departamentos: si cada uno excede los 1000 m3, todos pagan la importación. Más vale, si uno ahorra, no tener vecinos que gasten demasiado.
La escala ideada por el Gobierno prevé que cuanto más se consuma más se pague. Así, el valor del metro cúbico varía de acuerdo con la demanda: entre $0,05 (para el sector de 1001 a 1250 m3 anuales) y $ 0,24 (para más de 1800 m3).
Apenas aplicado este esquema, el Gobierno se topó con innumerables presentaciones de usuarios y asociaciones de consumidores en la Justicia contra los ajustes, muchas de las cuales derivaron en recursos de amparo que dejaron la medida en suspenso.
Así, quien quiera evitar los cargos de importación puede pagar personalmente en la sede de la distribuidora, donde se le facturará sólo la tarifa clásica. Sin embargo, ante la ausencia de sentencia firme al respecto, la situación podría empeorar si en el futuro, tras otra medida judicial, el cliente recibe, todos juntos, los pagos postergados durante todo este tiempo.
La restricción responde a una medida del Gobierno de Cristina Fernández para garantizar el suministro a los hogares, los cuales deberán ahora afrontar otro problema, pues comenzaron a recibir boletas de gas con fuertes aumentos que alcanzan hasta un 100%, emitidas antes de junio cuando aún no rigen los subsidios a la importación.
A causa de esta crisis, sólo en la provincia de Tucumán, que atraviesa un momento crítico de su actividad productiva, debido a la imposibilidad de realizar la zafra, hay 20.000 trabajadores suspendidos.
El número fue por el titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Gerónimo Venegas. "Va a haber medidas de fuerza no contra las empresas, sino contra el Gobierno. Si no hay gas no hay trabajo para todos, y esto no es un tema de las empresas", disparó, según el diario 'El Cronista'.
Venegas recibirá hoy por la mañana un informe detallado sobre el estado de situación en la provincia, y es probable que a partir de allí se defina el curso de la acción gremial.
Si bien las restricciones de gas afectan al sector productivo en todo el país -las plantas funcionan al llamado mínimo técnico, que sólo permite utilizar los volúmenes necesarios para evitar la rotura de instalaciones-, la situación de Tucumán es particular. Sucede que en esta época comienzan las zafras azucarera y citrícola, los dos puntales económicos de la provincia, que sólo dura 180 días al año.
Según el diario tucumano 'La Gaceta', el titular de la UATRE en la provincia, Jesús Pellasio, sostuvo que "si la situación se agrava, hemos arreglado con Palina (Roberto, secretario general de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar) para llevar a cabo una protesta conjunta, con concentraciones y presencia en las rutas".
El Gobierno ya accedió a liberar volúmenes mínimos de gas a Tucumán para evitar sumar tensiones, y una de las pocas firmas beneficiadas es la Citrícola San Miguel, la más importante del país y una de las principales exportadoras de limones y derivados. A través de la ANSeS, el Estado tiene una participación de casi un 27% en su capital accionario. La medida le valió el agradecimiento del gobernador kirchnerista José Alperovich al coordinador del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.
Pero el resto de las empresas, en tanto, debió acudir a combustibles sustitutos, más caros y menos eficientes. Ese fue el lamento que recorrió los despachos de los popes del sector productivo. El presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Ercole Felippa, lamentó que "a la creciente pérdida de competitividad por la inflación, que afecta los costos, se le suma el gasto adicional de pagar la energía 400% más cara para reemplazar al gas".
Claro que como se dijo no serán los únicos que deban pagar un 400% más caro por las restricciones, pues los hogares, supuestos beneficiarios de los cortes a las industrias, también deberán desembolsar mucho más dinero por el sólo hecho de prender una estufa.
Sucede que la Argentina no ha modificado sustancialmente desde 2001 sus tarifas domiciliarias, pero importa el gas 5 veces más caro que el precio local y eso impacta en las facturas. Algunas de ellas, que corresponden al bimestre abril-mayo, llegan con aumentos de hasta el 100%.
Según el diario 'La Nación', las compañías distribuidoras admitieron la situación. Como el subsidio aplicado por el Gobierno para atenuar estos efectos rige entre junio y septiembre, hay que mirar a Bolivia, o a los buques regasificadores que llegan desde todo el mundo a Bahía Blanca y a Escobar, para encontrar las razones del encarecimiento.
Ese gas importado se paga a un costo de entre US$7 y US$10 el millón de BTU (unidad de medida de la industria) según el caso, y contrasta con los no más de US$2 que cobran empresas como Metrogas o Gas Natural Fenosa por venderlo en el área metropolitana. Es el camino que ha elegido el país para evitar tarifazos: este año, si se proyectan todos los subsidios energéticos que se aportaron en el primer trimestre, según la consultora ASAP, el Estado destinará más de US$ 10.000 millones.
Varios son los que están siendo alcanzados por el decreto 2067, que fijó en 2008 una tabla de aumentos progresivos para sostener la importación de gas. Hay, con todo, diferencias de fondo entre estos incrementos y los que se aplican en otras partes del mundo o se aplicaban tradicionalmente en la Argentina: esta vez no existe siquiera el consuelo de que se está incentivando entre las petroleras la exploración de hidrocarburos en el país. No por nada la producción de gas cae ininterrumpidamente desde 2003.
Las distribuidoras de gas emiten facturas todos los días. Es complicado, por lo tanto, precisar a cuántos usuarios afectan los nuevos aumentos. Se sabe que el subsidio rige en un 100% entre junio y julio y en un 70% entre agosto y septiembre. Pero como la facturación no cierra los primeros días de cada mes para todos, es normal que el lapso medido para un usuario incluya los consumos de una porción de un mes subsidiado y un segmento de otro mes sin aportes del Estado. Es la razón por la que los más expuestos sean quienes reciben las facturas que abarcan del 1° de abril al 31 de mayo: son dos meses con pleno precio libre. En la cuenta total, a fin de año, todo estará equiparado: todos los clientes tendrán dos meses completos subsidiados con el 100% y dos con el 70%.
El decreto 2067 excluye del pago de la importación a todos aquellos cuyos consumos estén por debajo de los 1000 m3 por año. En el primer lugar de la escala de perjudicados, un hogar de entre 1001 y 1250 m3 anuales debería estar conformado, según las distribuidoras, por hasta seis personas. Puede tener cocina, comedor, sala de estar, tres dormitorios, un calefón y tres estufas de 3000 kcal/h. Pero el problema se complica en los consorcios, donde el consumo general excede largamente los 1000 m3. Se divide, en ese caso, la demanda por la cantidad de departamentos: si cada uno excede los 1000 m3, todos pagan la importación. Más vale, si uno ahorra, no tener vecinos que gasten demasiado.
La escala ideada por el Gobierno prevé que cuanto más se consuma más se pague. Así, el valor del metro cúbico varía de acuerdo con la demanda: entre $0,05 (para el sector de 1001 a 1250 m3 anuales) y $ 0,24 (para más de 1800 m3).
Apenas aplicado este esquema, el Gobierno se topó con innumerables presentaciones de usuarios y asociaciones de consumidores en la Justicia contra los ajustes, muchas de las cuales derivaron en recursos de amparo que dejaron la medida en suspenso.
Así, quien quiera evitar los cargos de importación puede pagar personalmente en la sede de la distribuidora, donde se le facturará sólo la tarifa clásica. Sin embargo, ante la ausencia de sentencia firme al respecto, la situación podría empeorar si en el futuro, tras otra medida judicial, el cliente recibe, todos juntos, los pagos postergados durante todo este tiempo.
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