El jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Gastón Fernando Erice, puso en funciones en el cargo al capitán de fragata auditor Jorge Eugenio Cabrera Torelli (Foto Gaceta Marinera).
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Sorprendió la publicación en la oficial Gaceta Marinera del anuncio de la Armada Argentina: hay un nuevo "procurador fiscal" para el Tribunal Administrativo de la Navegación, institución basada en una ley de facto de 1970 (Revolución Argentina), una decisión fuera de tiempo, retrograda y obsoleta considerando lo que ha sido moneda corriente en los últimos años en materia judicial.
¿O es que la Armada se pone a tono con el eventual 'final de ciclo'? Llamen al ministro Agustín Rossi... Con la derogación del Fuero Militar y de su Código de Justicia había quedado más que sobreentendido años atrás que en la República Argentina (al menos en el Estado K), ya no habría más otra justicia ni tribunales que los ordinarios y federales.
Bueno, el concepto acaba de quedar desestimado por la Armada Argentina, en una acción que aún se ignora si fue desafío o incompetencia pero que llevó la autorización de Cristina Fernández de Kirchner.
Este "Tribunal" pretende entender en el juzgamiento y aplicación eventual de sanciones administrativas y/o profesionales a marinos civiles juzgados por este cuerpo en virtud de acciones cometidas tanto en aguas argentinas como en el exterior. Esto quiere decir que carece de facultades penales pero puede aplicar penas graves que llegan hasta la inhabilitación del ejercicio profesional a miles de argentinos civiles que serían "condenados o absueltos" por un Tribunal Militar con fiscales militares.
Todo muy curioso porque, hay que recordar, el personal de la Marina Mercante local, por ejemplo, es el que más controles interministeriales sufre desde el momento que el aspirante inicia sus estudios hasta el fin de su vida laboral; sus carreras dependen de los ministerios de Defensa, Seguridad, Interior y Transporte, Educación; Relaciones exteriores y - en virtud del reciente desdoblamiento de la Secretaria de Transportes- también Economía.
Para el seguimiento y eventual sanción de faltas profesionales, los marinos se someten al control de la Prefectura Naval Argentina; institución que es la autoridad marítima de la Nación, y no se erige en tribunal de justicia; sino simplemente en autoridad policial y de contralor la que al detectar alguna violación a las disposiciones legales en materia de navegación por agua, instruye un sumario que siempre puede ser recurrido por el imputado ante la justicia.
La reaparición en escena de un Fuero Militar es una muestra más del radical giro en materia de relaciones cívico-militares que ha tejido la actual gestión K. En épocas de Néstor Kirchner, este tribunal fue desactivado de facto al no procederse a la renovación de los mandatos de sus miembros (la que se hace por decreto del Poder Ejecutivo Nacional).
De hecho, en los más recientes 12 años no ha pasado por su juzgamiento ningún accidente naval. Ni tan siquiera el hundimiento del barco arenero Río Turbio, que costara la vida de 5 tripulantes argentinos.
Pero en los últimos meses, la Presidenta de la Nación (y comandante suprema de las Fuerzas Armadas) ha promulgado 2 decretos poniendo en funciones a un miembro del tribunal, y ahora al Fiscal Militar.
El dato no ha pasado desapercibido en la comunidad marítima argentina, ya que si bien la Armada es una institución que carece de poder operacional para sus fines específicos al igual que el Ejército; se nota una creciente entrega de atribuciones sobre la civilidad: desde el Ejército con el espionaje interno (asume funciones propias de la hoy Agencia Federal de Inteligencia) hasta el caso de la Armada Argentina con la reactivación de diversas funciones netamente policiales en franca competencia con la Prefectura Naval Argentina, la que, curiosamente, está siendo desplazada de su ámbito natural (el mar, los ríos y los puertos) hacia el control de las rutas, y los barrios y villas de emergencia
Tiempos difíciles se avecinaran seguramente para que, con el consentimiento evidente de Cristina Fernández de Kirchner, las fuerzas armadas vuelvan a entrometerse en cosas que son ajenas a su única y verdadera función que consiste, vale la pena recordarlo, en defender a la patria de un peligro exterior.
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