jueves, 2 de junio de 2016

ESCANDALOSO CASO DE NEPOTISMO POR PARTE DEL TITULAR SCIOLISTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

EL BONARENSE / EDUARDO GRINBERG 



"Es así, pero no es así", respondió el titular del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires,Eduardo Grinberg, al tratar de desmentir la situación. 


Se trata de uno de los funcionarios más antiguos de la provincia, con uno de los sueldos más altos: $122 mil por mes más viáticos y gastos de representación que percibe por integrar la Junta Electoral, que asciende a los $160 mil mensuales, según el diario La Nación.

Tanto su hijo, Ignacio, como su esposa, Sandra, cobran por mes unos $50 mil, pero lo escandaloso es que fueron nombrados por decisión del propio presidente del Tribunal y la firma del ex gobernador Daniel Scioli: se trata del decreto 1311 que designó con un cargo equivalente al de director provincial a Susana Noemí Klurfan, esposa de Grinberg, para "asistir al señor presidente".

Por el mismo decreto, Scioli designó a Sara Beatriz Liberman, amiga de la familia del presidente del tribunal, con la misma categoría que su esposa. Es decir, Liberman también recibe 50.000 pesos por mes.

Las dos mujeres son pocas veces vistas en el organismo, agrega el medio. "En cuanto a mi hijo, aseguró Grinberg durante la mañana de este jueves 2/06 al aire de TN, entró por concurso", aunque admitió que "por conexiones fue designado director general de Relaciones Internacionales e Institucionales".

Respecto del profesor de yatching de Ignacio, Diego Alejandro González Liez, designado por Scioli a través del decreto 3.020 como asesor del presidente, justificó: "Este muchacho es especializado en computación" (¿?).

Tras asegurar que está dando respuesta ante el revuelo mediático "presentando informes de la gestión", agregó que "la nota (de La Nación) está hecha con mala intención porque viene de un tema interno y alguien la movió".

Justamente, el Tribunal de Cuentas ejerce un papel clave para evitar estas cuestiones: fiscalizar la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos y referirse al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad y de buena gestión.

Le corresponde también la fiscalización de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas del sector público percibidos por personas físicas o jurídicas.

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