El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que preside Guillermo Lipera logró reunir las pruebas necesarias para enviar al Congreso el pedido de juicio político contra Alejandra Gils Carbó por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones".
En el órgano colegiado aseguran que el pedido de jury parece ser la vía más adecuada para poner fin al mandato de Gils Carbó, quien enfrenta varias denuncias penales por haber incurrido en supuestos ilícitos, de los más variados.
Las causas para promover el juicio político son numerosas: las irregularidades van desde arbitrariedades en la designación de fiscales, organizar concursos de fiscales bajo un sistema parcial, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos, hasta instigación a cometer delitos, entre otros.
Según los fundamentos del pedido, "Gils Carbó ha incurrido en una serie de irregularidades que demuestran, sobradamente, la concurrencia de las causales de mal desempeño y la posible comisión de delitos de acción pública en el ejercicio de sus funciones".
Las aludidas denuncias reconocen un denominador común preponderante: "La designación de fiscales sin observar las normas que regulan el respectivo proceso de nombramiento", sostiene el órgano colegiado.
"Es sumamente grave que la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, para nominar fiscales de su personal preferencia en Fiscalías o dependencias claves, haya violado, en reiteradas oportunidades, el mecanismo legalmente previsto para llevar a cabo la designación", acusan los abogados.
El organismo incluye "las ilegales designaciones resultantes de la creación de la cuestionable PROCELAC" y el nombramiento de su titular, Carlos Gonella, quien al momento de ser designado "no revestía el cargo de fiscal nombrado conforme a la normativa vigente".
Similar maniobra habría realizado Gils Carbó al designar a los llamados "Coordinadores de las áreas operativas" de la PROCELAC, que tenían la función de "intervenir como fiscales ad hoc en los casos que versen sobre hechos de la especialidad de sus áreas operativas, en todas las instancias".
Los abogados denuncias que así "desplazó a magistrados del Ministerio Público lícitamente designados y los reemplazó por un sujeto no habilitado legalmente para el ejercicio del cargo".
"El mecanismo de designación adoptado por Gils Carbó fue violatorio de lo dispuesto por los artículos 5 y 6 de la ley 24.946, en los cuales se establecía la obligación de realizar un concurso público de oposición y antecedentes, presentar una terna de candidatos al Poder Ejecutivo, del que se elige a uno, y el posterior acuerdo del Senado.
Nada de esto fue observado por la Procuradora General", agregan los abogados en los fundamentos de su pedido. "Se adjudicó la designación de los magistrados vocales de los tribunales examinadores a su libre arbitrio, es decir, ‘a dedo’", dicen, y citan una sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que el 10 de mayo pasado declaró la invalidez del régimen creado por Gils Carbó.
Según la denuncia, el sistema de la procuradora permitió designar "directa y arbitrariamente" los jurados de veinte concursos.
La presentación, que sostienen, es explosiva, se hará a las 11:30 ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que preside Álvaro González, legislador del PRO. Cabe recordar que el Gobierno fracasó al intentar promover un proyecto que pretendía acortar su mandato hasta agosto de 2017.
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