Al menos en la política provincial, Ángel José Allende, secretario general de la filial entrerriana del sindicato Unión Personal Civil de la Nación, tiene los días contados.
En tanto, después de la publicación en la revista Análisis, a fines 2016, de detalles de la tasación oficial de los bienes del legislador, que supera los US$ 2,5 millones (casi $ 40 millones) y las imputaciones judiciales que también alcanzan a su esposa Adriana Satler, a sus hijos; y su anterior mujer, Diana María Traverso, habría ocurrido lo habitual en estos casos: mucha polémica familiar.
Según el periodista Daniel Enz, que realizó la investigación, Allende, con el patrocinio del abogado Marcos Rodríguez Allende, estaría presentando una propuesta de borrador a la fiscal Laura Cattáneo y al juez de Transición N°3 de Paraná, Gustavo Maldonado, para alcanzar un acuerdo de juicio abreviado.
Los de la Justicia querrían citar a indagatoria al legislador y secretario general de UPCN-Entre Ríos, imputado por enriquecimiento ilícito y negocios incompatibles con la función pública, tras las primeras denuncias del semanario Análisis, a principios de 2012.
Lo que Allende quiere evitar es que cada uno de sus familiares se vean perjudicados en la causa judicial. “Yo me considero responsable de todo, me hago cargo de las denuncias, pero a cambio me dejan fuera de la causa a mis familiares”, habría ofrecido Allende a las autoridades judiciales.
Además de la fiscal Cattáneo, también trabajan los fiscales Juan Malvasio y Ignacio Arramberry, con el control del procurador general Jorge Amílcar García.
Allende se va a presentar con su abogado a la declaración indagatoria, sin pedir desafuero alguno. O sea que él utilizará el mismo mecanismo que usó su aún compañero de bancada, Pedro Ángel Báez (FpV-Paraná), al declarar en una de las causas que lo comprometen por irregularidades en el Estado entrerriano.
La idea del legislador millonario es asumir los cargos que se le imputan en las causas. Hay una versión de que parte de la negociación política sería su renuncia inmediata a la banca de legislación y recibir una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, aceptaría una condena condicional que puede ir de 2 años y 6 meses hasta 3 años.
También la cesión como resarcimiento de algunos bienes: se habla de la vivienda ostentosa que hizo su mujer arquitecta en la zona del Parque Urquiza, y también un departamento en el porteño Puerto Madero. Por ahora todo es rumor porque será motivo de negociaciones en sede judicial.
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