CLAVES / AUDIOS POLÉMICOS
La nueva supuesta conversación telefónica entre la expresidenta Cristina Fernández y el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli en la que hablan de "apretar a jueces y fiscales", que se filtró este domingo, desató la furia de los ex funcionarios contra las filtraciones.
"Hay que terminar con este psicópata, llamalo a Martín y que se mueva para apretar a jueces y fiscales para que citen a (Antonio) Stiuso", le habría pedido la exmandataria a Parrilli.
En el diálogo, la expresidenta apunta también contra el líder del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, a quien habría calificado de "traidor hijo de puta".
En otra parte de la conversación, Parrilli le pregunta a Cristina si va a ir al Congreso del PJ, comentando que "lo eligieron a Gioja presidente" del partido, y ella le responde: "Ni en pedo, que se suturen el orto".
Todas estas charlas fueron grabas a mediados del 2015, tras una orden del juez federal Ariel Lijo, quien investigaba al entonces jefe de los espías por presunto encubrimiento de Pérez Corradi, quien a su vez estaba involucrado en la investigación por el triple crimen de General Rodríguez.
Las llamadas fueron registradas y grabadas en un total de 88 CD's que fueron sumados al expediente del fiscal Guillermo Marijuan, quien también decidió imputar a la expresidenta por "abuso de autoridad".
Esa nueva acusación surgió de otro de los audios de esa causa, que también trascendió y generó polémica, en la que Cristina trataba a Parrilli de "pelotudo" y le pedía que buscara "todas las causas que le armamos" al exespía Antonio Stiuso.
La exmandataria habló de persecución feroz y ánimo de proscripc ión y Parrilli, que busca perseguir a los que filtran sus escuchas. Claro que no fueron los únicos afectados.
Hace horas se conocieron las escuchas de Daniel Angelici tratando de beneficiar a Boca en la Libertadores, las cuales rozan de cerca el círculo del actual presidente Mauricio Macri. El audio entre el presidente de Boca Juniors y el titular AFA, Luis Segura, pone en evidencia la intención de influir en la previa al partido de Boca y Vélez por la Copa Libertadores, hace un año.
Cabe recordar que el área de escuchas judiciales depende directamente de la Corte Suprema de Justicia nacional. En ese marco, Parrilli reclamó a la Corte que se sancione al responsable administrativo de la difusión de las escuchas telefónicas de sus conversaciones con la ex presidenta luego de haber recusado al juez federal Ariel Lijo en la causa que lo investiga por supuesto encubrimiento del ex prófugo Ibar Pérez Corradi.
En el escrito ante la Corte, Parrillli recordó que el máximo tribunal "es responsable del Departamento de Interceptación de Comunicaciones, y, en este caso, está en riesgo la credibilidad del Poder Judicial de la Nación, y con ella, el último eslabón de protección de los derechos de las personas".
"Queremos decir con esto, si a la propia extrañeza y heterodoxia de una medida invasiva y de modalidad directa para un caso que francamente no lo ameritaba, ahora se suma la utilización espuria y delictiva de una herramienta cuya justificación es excepcionalísima, justamente, en resguardo de la intimidad celosamente custodiada por nuestra Constitución Nacional", se argumentó en la recusación.
El derecho a la intimidad es un derecho que está expresamente previsto en numerosos documentos de derecho internacional público, y reconocido expresamente con jerarquía constitucional en la Constitución Nacional.
Sin embargo, las escuchas telefónicas fueron ordenadas por el juez, por tanto, son legales y valen como pruebas. Ahora, ¿su difusión es legal o no?
Teniendo en cuenta que se trata de funcionarios públicos que hablan de temas de interés público vinculados posiblemente a delito de acción pública, y que no hablan de cuestiones de su vida privada, ni de la vida íntima, no pareciera en principio ser violatoria de ninguna ley.
¿Qué ocurre sin embargo con la filtración? Lo que se le pide a la Justicia es justamente que determine si alguien cometió un delito al filtrar esas escuchas.
Cabe recordar que para interceptar el servicio telefónico se requiere autorización judicial; de lo contrario, las mismas conforman un proceder violatorio del derecho a la intimidad reconocido constitucionalmente, por lo que el medio probatorio producto de esta acción ilegal, no puede ser admitido en juicio.
Ello genera mucha incertidumbre e inseguridad amenazando la privacidad y la seguridad. De todas maneras, los audios en cuestión son legales. Ariel Lijo fue quien dictaminó el monitoreo de las conversaciones de Parrilli.
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