miércoles, 15 de marzo de 2017

EL FISCAL DELGADO Y LOS TESTAFERROS K: "EL ESTADO FUE VÍCTIMA DE UN SAQUEO"

JUSTICIA / COMPRA DE TRENES A ESPAÑA Y PORTUGAL 

Ricardo Jaime, uno de los responsables de la Tragedia de Once.


El fiscal federal Federico Delgado formalizó este miércoles 15 de marzo la elevación a juicio oral de la causa en la que se investiga al ex secretario K de Transporte Ricardo Jaime y su testaferro Manuel Vázquez por la compra de trenes inutilizables a Portugal y España, supuestamente para renovar las formaciones del Belgrano. 


Sin medias tintas, el magistrado justificó su pedido al considerar que "el Estado fue víctima de un saqueo".

En este sentido, Delgado apuntó directamente a lo ocurrido en Once, definiendo que "la corrupción mata", como una derivación de las políticas tomadas por esta banda de delincuentes.

Es importante aclarar que Jaime está preso en el penal de Ezeiza y Vázquez tiene prisión domiciliaria por cuestiones de salud.

"La historia que vamos a narrar, es la historia de un grupo de personas que a caballo de la necesidad de refundar el servicio de trenes tomó por asalto el presupuesto estatal. Esa decisión de tomar por asalto tuvo múltiples consecuencias. Una de ellas fue la sustracción del patrimonio público. Otra, la subsistencia de un servicio de trenes en pésimo estado. Una más y muy cruel: la tragedia de Once. El 22 de febrero de 2012, a las 8.33 de la mañana, en la estación “Once de Septiembre”, 51 personas perdieron la vida. Las causas sociales de ese hecho se vinculan con estos. Quizá no hay relación de causa a efecto para los que son expertos en esas fórmulas a veces esotéricas que llaman derecho penal. De todas maneras, es inevitable no ligar los hechos.

También es inevitable no proponer leerlos como un puente que une una gestión a cargo del servicio de ferrocarriles y concluir, con una base empírica indiscutible, que la corrupción mata", comenzó el fiscal.

"Grosso modo, en lo que aquí importa, Raúl Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, Ricardo Domingo Testuri e Ignacio Julián Soba Rojo pensaron una estafa y la ejecutaron. Armaron un escenario que permitió generar pagos ilegales desde el Estado Nacional. En este caso, a través de la adquisición de material rodante en mal estado. Primero se aprovecharon de la necesidad de recomponer los trenes. Luego de la necesidad de crear trabajo mediante la reactivación de los talleres ferroviarios. Con esa excusa compraron materiales en desuso y mal estado. Más tarde buscaron un mercado en el exterior y firmaron los convenios que luego viabilizaron decretos que terminaron con la liberación del dinero. Entre medio de ello, metieron a los “consultores” para justificar el desvío del dinero.

Finalmente, para que todo parezca legal hicieron opinar favorablemente a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Como conclusión de la historia, se demostró que todo era mentira: no se reactivaron los talleres, los trenes no mejoraron, pero el Estado fue víctima de un saqueo", continúa el documento. "

(...) Los hechos se llevaron a cabo también con la participación de los funcionarios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo designado para verificar el material ferroviario detallado en los contratos, para lo cual tomaron intervención en los respectivos expedientes administrativos, y confeccionaron los informes que avalaron las compras, pese a las irregularidades que presentaban los convenios –y que ya mencionamos-. Tanto en los convenios firmados con Portugal como con España, se estipulaba que “…el material rodante será vendido al comprador en el estado en que se encuentra, para lo cual ha tomado conocimiento la CNRT por intermedio de la visita in situ de profesionales técnicos.

En particular, Ricardo Domingo Testuri, inspector de la Subgerencia de Concesiones Ferroviarias de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, tuvo como función inspeccionar el material rodante que se iba a adquirir en España y Portugal. Su acción intencionalmente omitida permitió que se realizara la operación delictiva.

En particular, como representante de la Secretaría de Transporte, inspeccionó y firmó las actas de entrega y conformidad del material rodante adquirido a España y Portugal (en septiembre de 2005, enero de 2006, julio de 2007 y febrero de 2008), pese al estado paupérrimo en el que se encontraba", recordó.

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