viernes, 8 de septiembre de 2017

GILS CARBÓ REAGRUPA A JUSTICIA LEGÍTIMA Y ENVÍA ‘COMISARIO POLÍTICO’ A ESQUEL

JUSTICIA / MALDONADO 



(U24) - Confiada en que Cambiemos no logra en el Congreso los votos para destituirla de la Procuración, Alejandra Gils Carbó reagrupa a su fuerza este viernes (8/9) en la sede del sindicato de Luz y Fuerza de la provincia de Córdoba. Mientras tanto envía a Esquel a su ladero Félix Crous, actualmente a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). 


La función de Crous será supervisar a otra funcionaria de Justicia Legítima, la fiscal del caso Santiago Maldonado, Silvina Ávila, cuya actuación no estaría siendo del agrado de la Procuradora.

Sobre la cumbre en Córdoba, el portal El Alfil indica que aunque los temas propuestos para la cumbre se centran en la independencia del Poder Judicial y los DDHH, organizar la resistencia a las innovaciones que el Gobierno nacional quiere implementar en la Justicia -como la modificación de la feria, entre otros- es el eje de la agenda de la agrupación.

Seguramente no falte en la agenda la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) para que presente sus balances y estados contables. En la previa del encuentro, El Alfil recuerda que el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) difundió un lapidario informe sobre la actuación de la Justicia en el país, plasmando que el suceso que se investiga en el sur “vuelve a poner en evidencia su incapacidad”, la cual no se debe a insuficiencia de recursos, sino a la falta de gestión, transparencia y responsabilidad.

Así, precisó que el gasto público en la Justicia creció al triple de lo que aumentó la producción, enfatizando que el sector fue beneficiado con una enorme redistribución de recursos desde el resto de lla ciudadanía en su favor.

“La enorme expansión del gasto con tan malos resultados hace presuponer que lo que falta en la Justicia no son recursos sino capacidad para innovar en la gestión”, disparó. Para Idesa, un factor clave que explica el mal funcionamiento del sistema es “el apego a estilos de trabajo obsoletos que facilita su captura por parte de intereses espurios”, ya que “se usan mecanismos presenciales y manuales, a papel, sin control de gestión y sin sanción por las demoras”.

Paralelamente, consignó que esa situación está asociada a que “uno de los principales y recurrentes temas de agenda sea sumar beneficios a sus empleados, a pesar de que cuentan con sueldos superiores al resto de los trabajadores, no pagan el impuesto a las ganancias y tienen un régimen de vacaciones y licencias mucho más generoso”.

Finalmente, sostuvo que “la degradación del sistema judicial es otro caso en el que aplicar gradualismo en la modernización es una decisión arriesgada”. En ese sentido, detalló que según datos del Ministerio de Hacienda de la Nación, en el 2004 la Justicia nacional y la de todas las provincias contó con un presupuesto consolidado equivalente al 0,68% del PBI por año, y que en el 2015 llegó al 1,2% del PBI.

En tanto, Gils Carbó envía a Crous a Esquel para que colabore con la fiscal Silvina Ávila en el caso por la “desaparición forzada” de Santiago Maldonado. El Alfil recuerda que Crous es un militante con alto perfil y sus apariciones en el programa ultra K 678 eran frecuentes. Cuando a principios del 2015 comenzaron a cuestionarse los nombramientos y traslados de agentes, defendió a su jefa con ferocidad, manifestando que se trataba de un supuesto de “insurrección judicial” y que el necesitaba “una democratización radical”.

Pero antes, Crous se hizo conocido por participar como humorista en las cámaras ocultas de Marcelo Tinelli, un recuerdo que no le gusta que le recuerden. Este hombre de absoluta confianza de Gils Carbó supervisará la tarea de Ávila, una subrogante que también integra Justicia Legítima pero que no estaría desempeñándose al gusto de la Procuradora.

Ávila fue la primera fiscal en intervenir en la pesquisa por Maldonado y aún continúa a cargo. Pese a que insistió -y logró- que el juez Guido Otranto caratulara las actuaciones como “desaparición forzada”, la semana pasada le remitió un informe al Ministerio de Justicia señalando que no hay motivos para afirmar que el joven tatuador esté sin paradero conocido en contra de su voluntad.

Para horror del kirchnerismo, hasta describió un cuadro de poca colaboración por parte de los principales interesados en su localización y admitió que “no fue fácil” recolectar elementos probatorios.

“Todos los relatos de los presentantes de los diferentes hábeas corpus no arrojaron un hilo conductor para determinar lo que había acontecido y en qué circunstancia”, planteó. También sustentó la posición del juez sobre el procedimiento desplegado para averiguar si Maldonado cruzó el Río Chubut el 1 de agosto y que se frustró por “razones ajenas a la autoridad”, ante la “férrea resistencia” de la comunidad mapuche a permitir que los perros lo revisaran, por tratarse de “territorio sagrado”.

Para peor, según recuerda Clarín, Avila fue clara la semana pasada al informar al Gobierno para responder a los organismos internacionales que se llevaron a cabo "innumerables medidas de prueba" para determinar el paradero de Maldonado y que "los múltiples testimonios que se realizaron mediáticamente bajo el anonimato nunca pudieron ser judicializados fundados en un supuesto temor a ser incriminados u hostigados por las autoridades judiciales".

Avila aludió así a los testigos que declararon encapuchados ante Félix Crous, y que dijeron haber visto a Maldonado ser arrestado por la Gendarmería.

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